La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo esta semana se apropió de las instalaciones del organismo de observación electoral Ética y Transparencia (EyT), donde ahora funcionará un nuevo centro tecnológico.
Este jueves, autoridades del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) y del Consejo Nacional de Universidades (CNU), instituciones bajo el control de funcionarios sandinistas, inauguraron en este edificio, ubicado en el sector de Las Palmas, en Managua, el Centro Nacional de Innovación y Tecnología “Héroe Francisco Moreno”, confirmaron fuentes allegadas a esta organización.
La Asamblea Nacional, institución en dominio también del régimen, canceló la personería jurídica de Ética y Transparencia, el 17 de marzo pasado. Seis meses después se apropió del edificio.
Esta semana, el régimen también se tomó las instalaciones de Radio Vos, un medio de comunicación de línea feminista, y además transformó el edificio donde funcionaba el Centro de Atención Integral Grace McGregor, que brindaba atención gratuita a niños y adultos con fisura labial y/o paladar hendido, de Operación Sonrisa, en un museo.
Casi 30 confiscaciones en cuatro años
Estas no son las primeras ocupaciones ilegales que Ortega y Murillo orientan, ya que desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, que dejaron más de 300 personas fallecidas, tras la violenta represión estatal, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han registrado más de 20 confiscaciones de inmuebles, tras ser despojados de sus personerías jurídicas, pese a que en la Constitución Política del país se prohíbe la confiscación de bienes.
De acuerdo con una recopilación de datos elaborados por LA PRENSA, de 2018 a la fecha el régimen se ha apropiado de medios de comunicación, universidades, sedes diplomáticas y ONG, entre las que hay asociaciones religiosas, empresariales, educativas, políticas, feministas, ambientalistas, indígenas, artísticas y otras.
Los primeros bienes inmuebles confiscados pertenecían al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Casa Popol Nah, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y las salas de redacción de los medios de comunicación Confidencial y 100% Noticias, cancelados en diciembre de 2018 a través de la Asamblea Nacional. Fueron convertidos en centros de atención pública del Ministerio de Salud, que instaló allí casas maternas y centros médicos estatales.
El régimen también se apropió de las sedes de los organismos Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Fundación del Río, Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS) y Centro de Investigación para las Comunicaciones (Cinco), ilegalizados ese mismo año.
Tras sedes diplomáticas
El asalto y sustracción de bienes de la dictadura alcanzó a finales de 2021 a la sede diplomática de Taiwán, ubicada en Planes de Altamira, una zona de alta plusvalía, de Managua, luego de que el país asiático decidiera donar a la Iglesia católica sus bienes, incluyendo el edificio y vehículos.
Sin embargo, al caer la noche del 26 de diciembre, la dictadura emitió un comunicado donde informó que en el marco del reconocimiento el 9 de diciembre de China como nación soberana y que Taiwán es parte de ese territorio, eso implica «el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios, a favor del Estado reconocido; la República Popular China, con absoluta e irrestricta propiedad y dominio».
Y advirtió que «aquellas entidades que insistan en ilegítimos e ilegales reclamos, quedarán expuestas a los Tribunales y Acciones Judiciales correspondientes».
OEA
El reciente 22 de agosto, el régimen inauguró en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ubicada en Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua, tomadas desde el pasado 24 de abril, el centro de estudios del desarrollo, Casa de la Soberanía Padre Miguel d’Escoto Brockmann.
Cuatro meses antes, el 24 de abril de 2022, la Policía orteguista llegó hasta la sede de la OEA en Managua con la orden de confiscar el edificio, que desde entonces permanecía rodeado de policías.
El régimen orteguista renunció en noviembre de 2021 a su participación dentro de la OEA e inició su proceso de salida en respuesta a la resolución “La situación de Nicaragua” que aprobó la Asamblea General, en la que declaró ilegítimas las elecciones generales en Nicaragua de noviembre de 2021
El edificio donde funcionaba la OEA era un inmueble alquilado por la institución, registrado a nombre de las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara. La primera de ellas es esposa de Pedro Rioseco, periodista cubano de la agencia oficialista Prensa Latina.
Contra universidades, más medios de comunicación y ONG
La arremetida del régimen alcanzó también a las universidades privadas. La primera casa de estudios superiores en ser despojada de su personería jurídica y de sus instalaciones fue la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), propiedad del empresario sandinista Leonardo Torres. Esto ocurrió a mediados de diciembre del 2021.
Sin embargo, la ofensiva oficial contra las universidades privadas continuó este año. El 2 de febrero, la Asamblea Nacional —a petición del Ministerio de Gobernación— le retiró la licencia de operación a la Universidad Paulo Freire (UPF), así como a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH) y la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic)
El 23 de agosto, el régimen concretó el robo de las instalaciones del Diario LA PRENSA, ubicado en el kilómetro 4.5 de la Carretera Norte, Managua y valoradas en cerca de 10 millones de dólares, tras un año de ocupación ilegal.
Ese día, en el edificio del Editorial LA PRENSA, el más antiguo del país y un referente en la entrada norte de la capital, inauguraron el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.
Las instalaciones de LA PRENSA fueron tomadas por la Policía el 13 de agosto de 2021 y un día después su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido bajo una acusación sin fundamento de lavado de dinero. Holmann fue condenado a nueve años de prisión, tras un juicio de tres días realizado a puertas cerradas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «el nuevo Chipote».
Mientras este 1 de septiembre, la Policía del régimen orteguista allanó la propiedad donde funcionaban las oficinas del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, cuya personalidad jurídica fue cancelada hace un año, pese a que ahora el lugar tiene otros dueños.
La Asamblea Nacional ilegalizó a este Colectivo el 26 de agosto de 2021. El organismo calificó a través de un comunicado como una “arbitrariedad jurídica” basada en “artimañas y mentiras” la cancelación de su personería jurídica.
Una práctica vieja
El incremento de la represión del régimen contra opositores, críticos y disidentes sandinistas —a raíz del estallido de la crisis de 2018— revivió las confiscaciones de propiedades privadas, a pesar de estar prohibidas por la Constitución Política de Nicaragua.
Esta es una vieja práctica de Ortega, que ha sido muy criticada desde hace décadas, cuando los funcionario sandinistas se adueñaron, tras la pérdida de las elecciones de 1990, de propiedades que no le pertenecían, en un hecho conocido como «la Piñata».
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En esa ocasión los sandinistas aprobaron un mecanismo de las leyes 85, 86 y 88, para «legalizar» la apropiación de esos bienes.
Ahora, en la nueva práctica confiscatoria el régimen se ampara en las cuestionadas leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, tal es el caso de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro (Ley 1115), aprobada el 31 de marzo de 2022 y reformada en agosto reciente.
Constitución Política de Nicaragua prohíbe confiscaciones
La confiscación de los bienes de estas empresas y organismos son una clara violación al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que “garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”.
Ese artículo también establece que estos bienes solo “pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley”. Y lo que la ley establece es que en los casos necesarios esta se realice “previo pago en efectivo de justa indemnización”. El artículo 44 de la Carta Magna también establece que “se prohíbe la confiscación de bienes” y que los funcionarios que infrinjan esta disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
En lo que va del año, el régimen orteguista ha cancelado al menos 1,850 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), conocidas como ONG.
En los últimos cuatro años, las cancelaciones se venían haciendo a través de decretos aprobados en la Asamblea Nacional, bajo el control del régimen de Daniel Ortega. Desde el Legislativo se canceló la personalidad jurídica de 1,550 organizaciones solo ese año. Mientras que el Ministerio de Gobernación (Migob) ha cancelado 300 OSFL tras la aprobación de la reforma a la Ley 1115.
