El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inauguró este viernes un «centro familiar y comunitario» en las oficinas confiscadas desde diciembre 2018 al organismo no gubernamental Popol Na.
El local, que recibió el nombre de la brigadista Elena del Carmen Lau, fue pintado de color rosado y en la entrada le colocaron un rótulo en el que se aprecia la pareja de dictadores.
Popol Na nació en 1990 con el objetivo de promover y defender la democracia en Nicaragua, sin embargo, está organización fue una de las nueve oenegés a las que la dictadura orteguista les quitó su personería jurídica el 13 de diciembre de 2018.
En un comunicado, la Fundación Popol Na refirió: «Asaltaron y ocuparon la casa de la comunidad, local en donde el colectivo Popol Na trabajó durante 30 años, y en donde alojamos a madres de presos políticos, campesinos, luchadoras y luchadores sociales que defienden los derechos del pueblo y la naturaleza. Su robo no nos desmoraliza, que la dictadura sepa que no pueden arrancarnos, con sus garras anilladas, nuestras convicciones de luchar junto al pueblo de Nicaragua, hasta desterrar de nuestro país el autoritarismo, la impunidad y la corrupción».
comunicado Popol Na, marzo 2021.
Su robo no nos desmoraliza.#SOSNicaragua #LibertadParaLosPresosPoliticos pic.twitter.com/9fiArDlp2h— POPOL NA (@popol_na) March 18, 2021
Como es costumbre, durante la inauguración estuvo presente la asesora en temas de Salud para el Gobierno, Carolina Dávila, quien dijo a los medios de la propaganda del régimen que ese centro beneficiará a pobladores de los Distritos II y III de Managua.
El edificio donde funcionaba Popol Na había sido confiscado por primera vez a inicios de los años 80 por el gobierno sandinista a la familia del exdiputado Germán Saborío, político conservador y parlamentario en la época de Somoza, quien durante años mantuvo una disputa legal con Mónica Baltodano, exdiputada sandinista en ese momento.
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Rechazo internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su cuenta oficial de Twitter, urgió una vez más al Estado de Nicaragua «restablecer las garantías democráticas y particularmente, a la pronta restitución de personalidades jurídicas canceladas e instalaciones confiscadas a organizaciones defensoras de derechos humanos».
Integrantes de @popol_na recordaron a la #CIDH/#MESENI que las instalaciones servían de apoyo a víctimas de la crisis de #DDHH y familiares; que la confiscación fue una represalia por esa labor y que aún hay recursos legales pendientes para la recuperación del edificio. 2
— CIDH – IACHR (@CIDH) March 19, 2021
Por su parte, la organización internacional Race and Equality expresó su rechazo por «la apropiación y el desmantelamiento ilegal de las instalaciones de las organizaciones no gubernamentales Popol Na y CISAS».
Asimismo, la Articulación de Movimientos Sociales, expresó su solidaridad con el equipo de la organización y señaló que «el régimen no podrá doblegar la dignidad de un pueblo con auto determinación y capacidad de auto organización».
Otras confiscaciones
El 23 de diciembre de 2020, los edificios del canal 100% Noticias, Confidencial, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Fundación Popol Na, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) —medios de comunicación y ONG confiscados por el régimen de Ortega desde hace dos años— amanecieron con rótulos que decían: «Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud (Minsa)».
En total, en 2021, el régimen consumó seis confiscaciones a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. El 23 de febrero, inauguró una Casa Materna, en la redacción de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, propiedad del periodista Carlos Fernando Chamorro.
Ese día, el periodista expresó que la adjudicación de esa propiedad al Minsa solo representa un «crimen» más contra un medio de comunicación privado, y sostuvo que con esa acción de instalar una casa materna, el régimen busca encubrir la violación contra la libertad de prensa.
El 24 de febrero, el Minsa celebró la inauguración de un centro de diabetes, en las instalaciones que le pertenecen legalmente al Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade).
El 25 de febrero, las oficinas del Canal 100% Noticias fueron convertidas de manera oficial en un centro de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo. El régimen mandó a retirar la frase bíblica «Yo soy el que soy, Jehová Dios de los Ejércitos», que lucía en la ventana de la planta alta del edificio, y en su lugar colocó una fotografía de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Un día después, el 26 de febrero, en las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la dictadura orteguista celebró la inauguración de otra casa materna.
El 5 de marzo, le tocó el turno a las oficinas del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), que se convirtió en el segundo centro de rehabilitación ubicado en la capital.
El régimen, además, entregó el edificio y los bienes expropiados al Instituto de Liderazgo de La Segovia (ILLS), ubicado en el municipio de Mozonte, Nueva Segovia, a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de Managua, e instaló ahí la Universidad Campesina (Unicam).
La confiscación de todos esos locales ha sido condenada por los organismos de derechos humanos internacionales.
