En las últimas dos décadas, las economistas feministas han logrado importantes avances en materia de políticas públicas a nivel nacional, desde presupuestos con perspectiva de género hasta una mayor inversión en infraestructura de cuidados. Sin embargo, el cambio a nivel internacional sigue siendo extremadamente lento. La arquitectura financiera global continúa generando políticas que dependen del trabajo de las mujeres sin tenerlo en cuenta.
Las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se celebran este mes en Bangkok ofrecen a los responsables políticos la oportunidad de acelerar ese cambio. En concreto, el primer ciclo anual de la recién lanzada Plataforma de Prestatarios permitirá a los países en desarrollo compartir conocimientos, intercambiar experiencias y participar de forma conjunta en los debates sobre la deuda.
Este foro es particularmente importante para los países africanos, donde el gasto promedio en intereses es de 70 dólares per cápita, en comparación con los 60 dólares destinados a educación y los 39 dólares a salud. Cada medida de austeridad impuesta por una reestructuración de la deuda soberana determina el alcance de la reducción de los servicios públicos y la carga que deberán asumir las mujeres. En Kenia, un país que sigue atrapado en una espiral de deuda, las mujeres dedican, en promedio, tres horas y treinta y siete minutos más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado cada día.
Las negociaciones para un Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional ofrecen una oportunidad similar. Este esfuerzo por redefinir las normas globales para que las ganancias se graven donde se desarrolla la actividad económica podría contribuir a frenar la fuga de capitales de África, estimada en 88,600 millones de dólares anuales e impulsada en parte por la evasión fiscal. El resultado de las negociaciones determinará cuánto les quedará a los gobiernos africanos para clínicas, escuelas y sistemas de agua, y cuánto se destinará a la reproducción social: el trabajo no remunerado o mal remunerado, realizado con mayor frecuencia por mujeres y niñas, que sustenta la vida y hace posible toda la actividad económica.
Sin duda, los derechos de las mujeres suelen pasarse por alto en tiempos de agitación. La igualdad de género fue la primera en verse afectada cuando los gobiernos donantes recortaron sus presupuestos de ayuda exterior, y las políticas exteriores feministas se archivaron discretamente cuando resultaron inconvenientes. Ahora, la ONU está sopesando la posibilidad de fusionar ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en una sola entidad en busca de «eficiencia», precisamente cuando estas instituciones son más necesarias.
Pero es posible reconstruir la gobernanza económica global con un enfoque feminista. Los negociadores del Convenio Tributario de la ONU deberían considerar dónde se produce la reproducción social, no solo dónde tienen su sede las multinacionales, y asignar los recursos en consecuencia. En cuanto al FMI, el proceso de reestructuración de la deuda debe revisarse para evaluar no solo si un gobierno puede cumplir con sus obligaciones, sino también el costo que estos pagos tendrán en términos de servicios públicos y tiempo de las mujeres.
Esto último requiere medir y valorar la reproducción social. Kenia descubrió que, en 2021, las mujeres representaron 25,800 millones de horas de un total de 30,600 millones de horas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que, según la Oficina Nacional de Estadística de Kenia, equivalía al 23.1 por ciento del PIB. Con base en estos datos, Kenia ha desarrollado una Política Nacional de Cuidados destinada a integrar la planificación de cuidados en los presupuestos nacionales y de los condados. En 2025, Mauricio demostró cómo traducir esta conciencia en política fiscal al aplicar el IVA cero a los alimentos infantiles y las hortalizas básicas. El FMI podría visibilizar la reproducción social a nivel internacional incorporando las cuentas satélite nacionales de los hogares en las consultas del Artículo IV, sus evaluaciones económicas periódicas de los países miembros.
Los países africanos están a la vanguardia en este ámbito, y la arquitectura financiera multilateral debe respaldar, no obstaculizar, sus esfuerzos. Como sostuvo durante gran parte de su carrera el economista del desarrollo Thandika Mkandawire, a los gobiernos africanos nunca les faltaron ideas políticas. Sin embargo, se les negó el espacio para desarrollar sus propias teorías; en cambio, se les impusieron las teorías que sustentaban las estrictas condiciones de los préstamos.
Posición Común Africana sobre la Deuda (PAC) de la Unión Africana, adoptada en febrero, busca conceptualizar un nuevo enfoque. Propone una Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana vinculante —la esperada reforma estructural que no se concretó en la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo del año pasado— y procesos de reestructuración transparentes, inclusivos para los deudores y que ya no se rijan exclusivamente por los intereses de los acreedores. Si bien la Plataforma de los Prestatarios puede ser un mecanismo de coordinación voluntario más que un órgano de negociación vinculante, esto justifica aún más la defensa de la PAC en las Reuniones Anuales.
Los miembros de la Plataforma de Prestatarios deberían proponer dos cambios de política concretos. Primero, el FMI debe reformar su análisis de sostenibilidad de la deuda, el marco que utiliza para determinar cuánta deuda puede pagar un país, para incorporar los costos de reembolso en la reproducción social. Esto permitiría a los gobiernos africanos proteger los servicios públicos de los recortes. De lo contrario, más países podrían terminar como Kenia: el Tesoro Nacional informa que el 51.8 por ciento de los ingresos fiscales del último año fiscal se destinaron al pago de la deuda y las pensiones, dejando apenas fondos para los programas sociales que reducen el trabajo no remunerado de las mujeres. Segundo, al negociar acuerdos de reestructuración de la deuda, cada programa del FMI vinculado a una reestructuración debe incluir un límite mínimo vinculante de gasto en infraestructura de salud, agua y cuidados, reemplazando los objetivos de gasto social flexibles y a menudo incumplidos que utiliza actualmente el Fondo.
Lo que podrían parecer ajustes técnicos son, en realidad, los primeros pasos hacia la creación de una estructura de deuda que beneficie a las mujeres de África. Al escribir sobre la pandemia, la novelista Arundhati Roy argumentó que la ruptura ofrece «una oportunidad para repensar la maquinaria apocalíptica que hemos construido». El sistema multilateral está experimentando su propia ruptura en este momento. La tarea que tenemos por delante es asegurar que las mujeres de África no sean una mera nota a pie de página del sistema, sino que ocupen un lugar central en lo que está por venir.
La autora es activista feminista panafricana, directora de Nawi-el Colectivo Afrifem.
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