El abogado Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), considera “oportuno” el llamado del ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de que los países promuevan acciones judiciales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por las violaciones a los derechos humanos.
Durante el 30.º Forum 2000, que se celebró del 11 al 13 de octubre en Praga, República Checa, el ex secretario general de la OEA llamó a los países a “inducir” acciones de “actuación judicial” contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y funcionarios nicaragüenses involucrados en violaciones a los derechos humanos, y no esperar que Estados Unidos lo haga.
“Es un llamado oportuno y coincide con lo que el Grupo de Expertos viene recomendando desde hace tiempo… Existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, y hemos establecido el papel central de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la estructura de poder responsable de esas violaciones”, sostiene Brody.
En Nicaragua no hay justicia
El régimen Ortega-Murillo lleva 19 años en el poder y ha sido señalado desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas más de 350 muertes, privación de nacionalidad y represión transnacional. Actualmente mantiene en sus cárceles a al menos 68 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De estos, 31 están en condición de desaparición forzada y 15 son mujeres, incluidas dos menores de edad, según el último reporte del 24 de septiembre.
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Ortega volvió a la Presidencia en 2007. Desde entonces desmanteló las instituciones estatales y concentró todo el poder en el Ejecutivo. Poco a poco su esposa, Rosario Murillo, fue abriendo espacio hasta convertirse en “copresidenta” tras una reforma constitucional en 2025. Este año, la Asamblea Nacional al servicio del régimen aprobó en primera legislatura una nueva reforma a la Constitución en la que eliminan la participación de la oposición en elecciones y, entre otros puntos, extienden el período de gobierno de seis a siete años.
El experto de la ONU recalca que en Nicaragua “no hay hoy ninguna posibilidad de justicia independiente” y que el sistema judicial “está completamente subordinado” al régimen. Por tal razón, afirma que es “fundamental que actúe la comunidad internacional, y no un solo país. Cuantos más Estados emprendan investigaciones y procesos judiciales, mejor”. Añade que “la impunidad en Nicaragua no debe convertirse en impunidad en el resto del mundo”.
Suficientes pruebas para que países empiecen a actuar
Desde que el GHREN fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en marzo de 2022, ha publicado 14 informes en los que documenta las atrocidades del régimen. Incluso, en uno de ellos, identifican a 54 instituciones y funcionarios responsables de “violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018”. Daniel Ortega y Rosario Murillo son los principales señalados.
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“Los países no tienen que esperar a que Ortega o Murillo estén bajo su custodia para comenzar a actuar. En muchos países, las autoridades judiciales pueden abrir investigaciones, recoger testimonios y preservar pruebas sin necesidad de tener a los sospechosos presentes. Según la legislación aplicable y las circunstancias del caso, también pueden dictarse órdenes de detención internacionales”, explica Brody.
El abogado cita los casos del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue detenido en Londres a petición de la justicia española, y el caso de Hissène Habré, exdictador de Chad, juzgado y condenado en Senegal. “Los dictadores se creen intocables hasta que dejan de serlo”, subraya.
Justicia argentina giró orden de captura contra los dictadores
Sobre los codictadores Ortega y Murillo, así como de una docena de funcionarios nicaragüenses, pesa una orden de captura internacional emitida en diciembre de 2024 por el juez federal Ariel Lijo, de Argentina. Todos son imputados por la “violación sistemática de derechos humanos”. El proceso inició el 26 de agosto de 2022, cuando el abogado Darío Richarte, junto a un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentó una denuncia ante la justicia argentina aplicando el principio de jurisdicción universal.
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Hasta ahora, Argentina ha sido el único país en que se ha activado un proceso contra el régimen de Nicaragua bajo este principio universal. Reed Brody expone que tanto las víctimas como el GHREN “han hecho su parte” al denunciar, testificar, documentar los crímenes, investigando e identificando a los presuntos responsables. “Ahora les toca a los Estados hacer la suya: utilizar los mecanismos de justicia que tienen a su disposición”, insiste.
Proceso contra Maduro, un espejo de lo que puede pasar con Ortega
El abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), dice que el proceso en Argentina sigue abierto. Menciona las recientes acusaciones contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos por tortura, uno de los delitos de los que también son señalados Ortega y Murillo.
“Con relación al caso de Maduro, es un espejo, es algo que puede suceder, Estados Unidos puede abrir una investigación contra Ortega, Murillo y toda la cadena de mandos, teniendo en cuenta que en las cárceles del orteguismo han pasado ciudadanos de nacionalidad estadounidense”, coincide el abogado con las declaraciones recientes que los defensores de derechos humanos, Gonzalo Carrión y Claudia Pineda, dieron a LA PRENSA.
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Ramírez-Ayérdiz afirma que en el caso de Nicaragua “existen elementos suficientes” para que la justicia estadounidense “considere” un proceso contra la dictadura Ortega-Murillo. Respecto al llamado de Luis Almagro de que los países promuevan acciones judiciales contra el régimen, dice que “es correcto, justo y necesario”.
“Es un llamado justo y procedente, pero además pertinente por el momento en el que nos encontramos en ese plazo de los 60 días posteriores a la resolución de la reunión de ministros de la OEA”, recordó el defensor de derechos humanos sobre la presión que han puesto los cancilleres del hemisferio sobre el régimen nicaragüense.
