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El pasado 13 de marzo, a raíz del contundente informe publicado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU publiqué un artículo titulado Dictadura debería ser enjuiciada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya o CIJ, en el que destacaba el consejo del investigador Reed Brody, miembro del equipo investigador del GHREN.
En los años 80, Brody ayudó a formular el caso de Nicaragua contra los Estados Unidos por el apoyo a la guerra de los “contras” el cual ganó Nicaragua y Ortega aún quiere cobrar a los Estados Unidos, como lo demuestra en su reciente incendiario discurso a pesar de que el caso fue desestimado en los 90 por el gobierno de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, en aras de normalizar las relaciones con ese país.
Este mismo hecho demuestra que el codictador reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir los diferendos entre los Estados, a como también lo ha demostrado con la aceptación de las resoluciones de la CIJ en los casos de diferendos limítrofes con Costa Rica y Colombia.
Resulta irónico que la investigación de Brody, que en 1984 sirvió de base para que Nicaragua ganara el juicio de La Haya contra los Estados Unidos y la actual investigación del GHREN podría servir de base, según Brody, para que un Estado, o varios Estados democráticos interpongan un juicio en la misma corte por las violaciones a los tratados internacionales y las violaciones sistemáticas al derecho internacional.
Pero, reconocida la jurisprudencia de la CIJ por el propio Ortega, ¿qué Estados podrían sentirse afectados directamente y por cuáles violaciones al derecho internacional como para proceder a entablar dicha demanda?
En un reciente artículo firmado por mi hermano Carlos Fernando Chamorro, publicado el pasado 27 de abril en el prestigioso diario español El País, aunque no menciona en concreto los países afectados por las violaciones a los tratados internacionales, señala que las pruebas están a la vista con el caso de la apatridia generalizada por el régimen:
“Los decretos emitidos por el Tribunal de Apelaciones de Managua contra los 222 y los 94 en 2023, y la nueva constitución ratificada en 2025 por la Asamblea Nacional que eleva la apatridia a rango constitucional, constituyen pruebas fehacientes de la comisión de estos crímenes y la culpabilidad del Estado de Nicaragua. Con las pruebas a la vista, es razonable y seguro poder llevar a cabo un juicio en un período corto de tiempo y sin grandes costos”, sostiene Carlos Fernando en su artículo titulado El crimen contra los «apátridas» nicaragüenses.
Esto es muy importante, porque los juicios en La Haya conllevan altos costos y suelen ser muy largos. Pero, ¿qué países podrían tomar la iniciativa en razón de su afectación por la represión interna, los crímenes de lesa humanidad?
Como señala el informe de la ONU: “El uso a gran escala en Nicaragua de la privación arbitraria de la nacionalidad como mecanismo de represión política selectiva es excepcional tanto por su alcance como por su carácter sistemático y constituye una violación de numerosas normas del derecho internacional, en particular de la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia, ratificada por Nicaragua”.
Lógicamente que son los países que más han sido afectados por la inmigración masiva de Nicaragua causada por estas políticas: Estados Unidos, Costa Rica y España han sido los destinos más comunes de los inmigrantes nicas debido al exilio masivo provocado por las violaciones a los convenios internacionales sobre derechos humanos y apatridia, y por lo tanto han cargado con su elevado costo de su asentamiento.
Sin mencionar la política de descarada de promoción de la inmigración masiva usando a Nicaragua como puente hacia los Estados Unidos, la que fue cortada de tajo por las medidas adoptadas por la actual administración.
Aunque sería un caso con abundancia de pruebas contundentes, la Corte de Justicia Internacional de La Haya generalmente no dirime este tipo de conflictos entre estados, sino más bien cuando se trata de agresiones directas o conflictos de orden limítrofe, pero discursos agresivos y virulentos de Ortega contra el presidente Trump, como el pronunciado recientemente, podrían invitar a que se entable un juicio en la CIJ.
El autor es periodista, político y escritor nicaragüense, ex preso político desterrado y autor del libro testimonial “Destinos heredados” y “Un cauce hacia la democracia”. Fue codirector de LA PRENSA de 1981 a 1984.
