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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ocupó el Día Internacional del Parlamentarismo para atacar a la Unión Interparlamentaria (UIP), una organización con sede en Ginebra que fomenta la cooperación de los parlamentos entre sí con el sistema de Naciones Unidas.
Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, subordinados al régimen, aprobaron una declaración en la que señalan a la UIP de promover campañas de desprestigio, manipulación mediática, injerencia y agresión política.
En realidad, este organismo internacional ha sido crítico en el pasado reciente de las violaciones de derechos humanos cometidas por los Ortega Murillo. La votación de los legisladores orteguistas se cerró con 91 votos a favor, cero en contra y también ninguna abstención.
En octubre de 2024, por ejemplo, la UIP denunció el caso de Nicaragua dentro de violaciones a derechos humanos cometidas a parlamentarios en el mundo. Escucharon el testimonio de la hija del líder indígena Brooklyn Rivera, Tininiska, quien expuso el caso del exdiputado del partido Yatama.
En ese momento, Rivera se encontraba detenido en situación de condición forzada. Eso siguió de esa manera hasta su muerte el 30 de mayo. La UIP recibió también información sobre el encarcelamiento de la diputada Nancy Elizabeth Henríquez, aliada de Rivera. Ella fue excarcelada en marzo.
Durante el 214.º período de sesiones del Consejo de Gobierno de la UIP, el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios lamentó el 17 de octubre de 2024 “la falta de respuesta de las autoridades parlamentarias nicaragüenses a las reiteradas solicitudes de información y observaciones oficiales” que habían realizado para constatar la situación de ambos legisladores indígenas.
Orteguismo se atrinchera y se dice víctima
Los diputados orteguistas, que han sido señalados de cómplices de las violaciones de derechos humanos, dijeron sin rubor que resulta incompatible con los “principios del parlamentarismo utilizar el espacio que ofrece la Unión Interparlamentaria (UIP) y los distintos foros internacionales para promover campañas de desprestigio, manipulación mediática, injerencia, agresión política, sanciones unilaterales o acciones dirigidas a vulnerar la soberanía de Estados libres e independientes, desviando la atención de los problemas que verdaderamente amenazan la paz y la estabilidad mundial”.
El concepto de la soberanía ha sido la bandera con que el régimen ha evitado rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018. También lo ha usado para acercarse a potencias aliadas como Rusia y China, mientras se profundiza su aislamiento a nivel latinoamericano.
En un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, que ha dado seguimiento al caso de Nicaragua, se enlista a 54 funcionarios que son responsables de la represión sistemática del régimen. Entre ellos, además de Ortega y Murillo, figura el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras y el diputado Filiberto Rodríguez.
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Porras negó ingreso a UIP
La decisión del Comité de Derechos Humanos de la UIP incluyó una solicitud a su Comité de enviar una delegación a Nicaragua “lo antes posible” para reunirse con funcionarios del régimen que proporcionaran información sobre Rivera y Henríquez. Sin embargo, ocho días después, el mismo Porras les negó la entrada.
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“Ninguna misión de organismos internacionales, incluyendo a la Unión Interparlamentaria (UIP), puede ingresar al territorio nicaragüense sin previa invitación o autorización del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, escribió Porras a la UIP.
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Desde la reforma constitucional de 2025, que inventó el cargo de copresidente para darle la misma jerarquía a Ortega y Murillo en el Estado, desapareció la independencia de los poderes del Estado. Ahora son «coordinados» por el Ejecutivo según la Carta Magna. Un reflejo del totalitarismo que vive el país después de 19 años de orteguismo.
