Veinte días después de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, una funcionaria de Naciones Unidas confirmó la detención de ocho de sus familiares y allegados. Anexa Alfred, presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Medpi) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que varios territorios de la región del Caribe están militarizados.
Según la funcionaria, las personas detenidas están en condición de desaparición forzada, como se conoce técnicamente a aquellos casos en que el régimen no proporciona información sobre su paradero y estado de salud a sus respectivos familiares, a pesar de que están efectivamente bajo custodia del Estado. Eso ocurrió con Rivera, quien murió el 30 de mayo siendo prisionero del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Inicialmente la dictadura había indicado que se iba a entregar el cuerpo (de Brooklyn) y (sus cercanos) acudieron a retirarlo y fueron secuestrados. Hasta hoy no se conoce el paradero de ellos, no se sabe su condición, están en una situación de desaparición forzada”, lamentó Alfred.
La confirmación de Alfred se une a la denuncia pública realizada el 3 de junio por Tininiska Rivera, hija del político fallecido, quien entonces confirmó las detenciones y describió la situación como una persecución que el régimen desató contra cualquiera que alce la voz. «Él régimen tiene temor a lo que él representó casi cinco décadas de su vida», agregó entonces.
Rivera era el líder histórico del partido indígena Yatama. Su muerte causó la indignación de distintos sectores, dejó una «herida abierta» en el Caribe, e instituciones como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) demandaron una investigación independiente.
Los nombres confirmados de los detenidos
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Los ocho detenidos en Managua el 31 de mayo, confirmados por la familia Rivera y Anexa, corresponden a los nombres de:
1- Alda López Bryan, hermana de Brooklyn Rivera.
2- Korny Valle Bushey, sobrino de Brooklyn.
3- Jourbes Hendy Escobar López, sobrino de Brooklyn.
4- Glenis Eritza Panton Coleman, sobrina política de Brooklyn.
5- Florencia Sarmiento Alejandro, cocinera de Brooklyn.
6- Jorge Webster Rojas, líder comunitario de Sandy Bay Lidaukra y amigo personal de Rivera y su familia.
7- Juan Modesto Wilson Kinsman, de 62 años, de origen miskito, quien asistió al velorio de Brooklyn Rivera.
8- Noela Solórzano Denis. (Sin información sobre el vínculo con el político fallecido)
Esta semana, el Mecanismo de Identificación de las Personas Presas Políticas en Nicaragua sostuvo que en el país hay 46 reos de conciencia, de los cuales diez se encuentran en una situación similar a la de los familiares de Rivera. Pero el número es evidentemente mayor y subiría a 18 si los parientes de estos últimos dieran su consentimiento.
Dictan medidas a favor de seis detenidos el 31 de mayo
Precisamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó el 10 de junio “medidas provisionales” para Alda, Jordys, Glenis, Korny, Jorge y Florencia. Solicitó al régimen adoptar “de forma inmediata” las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de todos ellos y de Wailandin Rivera Solórzano, el hijo de Brooklyn que habría huido antes de ser detenido. La Corte reitera que sean liberados inmediatamente.
Para Anexa Alfred, la muerte de Brooklyn fue un asesinato. “El Taupla (líder) fue asesinado lentamente desde que lo secuestraron y podemos ver casi tres años después cuando fue puesta en escena su cuerpo ya sin vida, que muestra prueba de la tortura a la que fue sometido de manera permanente”, resalta.
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El régimen mostró el 27 de mayo en fotografías a Rivera intubado en una cama del Hospital Fernando Vélez Paiz. Fue la primera vez que se tuvo noticias de él, después que había pasado 32 meses en condición de «desaparición forzada». Su tragedia empezó el 29 de septiembre de 2023, cuando fue detenido en su casa de Bilwi por agentes policiales camuflados de trabajadores del Ministerio de Salud. El desenlace final ocurrió tres días después que el oficialismo lo hizo aparecer en público.
Territorios militarizados
La saña del régimen contra los pueblos indígenas y afrodescendientes no cesó con la muerte de Rivera. Ante el descontento que generó, la dictadura ordenó militarizar la zona, según diversos testimonios. Esta situación ha puesto en zozobra a los caribeños por el aumento de la política de terror.
“Varios territorios están siendo militarizados. Están (la dictadura) poniendo puestos policiales dentro de los territorios… Por otra parte, sigue la persecución y la criminalización hacia miembros de la familia del Taupla Brooklyn Rivera”, confirmó Anexa Alfred.
Tres semanas después de la muerte de Rivera, esa persecución también se ha extendido hacia las comunidades indígenas, particularmente a participantes, activistas y líderes del partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Hijos de la Madre Tierra, Yatama). Incluso hay operadores del régimen en la Costa Caribe que tienen listas de las personas afines al partido que lideraba el Taupla.
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“Todo esto es en aras de mantener esa política de terror y poder doblegar la resistencia de los pueblos indígenas en la Costa Caribe en Nicaragua. Es preocupante la situación que se ha desatado hacia los pueblos indígenas en la Costa Caribe de Nicaragua”, continuó Alfred en la denuncia.
Testimonio de Fagoth “prueba” de los crímenes del régimen
Ese terror que el régimen ha impuesto también afecta a los familiares de todos los presos políticos en Nicaragua. Entre estos prisioneros de Ortega y Murillo se encuentra Steadman Fagoth, otro de los líderes indígenas. En este caso, él fungía como funcionario del régimen hasta su detención por el Ejército el 14 de septiembre de 2024 en Waspam, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), tras denunciar la invasión de tierras en el Caribe.
Desde entonces, Fagoth permaneció en desaparición forzada. El régimen lo presentó en fotografías el pasado 14 de junio. Lució desmejorado y junto a una mujer que supuestamente es su esposa, pero la familia rechazó esa versión.
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Sobre el caso del también líder indígena Fagoth, Anexa aclaró que él fungía como representante de los pueblos indígenas en las estructuras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuando el Ejército lo secuestró. En todo caso, el Estado está obligado a respetar sus derechos fundamentales, el debido proceso y no puede ser sometido a tortura.
“Estamos hablando de un funcionario de gobierno que dio unos testimonios, una entrevista, señalando a actores en directo que están cometiendo crímenes de lesa humanidad en los territorios indígenas y eso le costó la libertad”, resalta Anexa Alfred. Para ella, el testimonio de Fagoth es «una prueba” de los crímenes del régimen.
Llama a actuar a la comunidad internacional
La presidenta de Medpi dice que lo que está ocurriendo en Nicaragua es “un genocidio en cuanto a los pueblos indígenas, sobre todo el pueblo indígena mísquito”. Llama a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el régimen, imponer más sanciones y que sean “coherentes” porque “no se puede seguir colaborando con dictaduras por un lado y en otros escenarios estar condenándolos por delitos de lesa humanidad”.
“Ya toca dar un paso más allá y activar los mecanismos que puedan realmente traer a estas personas ante un escenario donde respondan internacionalmente por todos los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo contra los pueblos indígenas”, subrayó Anexa Alfred.
