Que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo muestre a presos políticos, como los más recientes casos de Angélica Chavarría y Steadman Fagoth, “no pone fin” a la desaparición forzada, coinciden expertos en derechos humanos.
Durante los últimos 25 días, la dictadura ha mostrado a tres personas que han sido catalogadas como presas políticas en condición de desaparición forzada por el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas. La primera fue la pareja de Humberto Ortega, Angélica Chavarría, el 22 de mayo; luego el líder indígena Brooklyn Rivera, el 27 de ese mismo mes, quien falleció en custodia tres días después, y posteriormente, el domingo 14 de junio, al también líder indígena Steadman Fagoth.
Sin embargo, desde que Chavarría apareció en un video difundido en los medios oficialistas leyendo breves declaraciones sobre el supuesto “trato digno” que le da la dictadura en la prisión, no se ha vuelto a saber más de ella. Tampoco se sabe del exasesor presidencial Bayardo Arce, quien también está en la lista de presos de los Ortega Murillo que registra el Mecanismo. Arce fue presentado junto a su hermano Gerardo Arce una sola vez el 22 de marzo.
Aparición pública “no pone fin” a la desaparición forzada
La socióloga nicaragüense, experta en gobernanza y derechos humanos, Claudia Pineda, quien es la vocera del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, sostiene que “la aparición pública de una persona no necesariamente pone fin a una desaparición forzada”.
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Pineda subraya que la incertidumbre se mantiene a menos que el preso político que estaba catalogado en desaparición forzada “continúe recibiendo visitas”. En el caso específico de Angélica Chavarría, resalta que ella “continúa siendo una persona presa política, cuyo estado judicial es desconocido”. Añade que para la viuda de Humberto Ortega “no hay causa legal que justifique su detención”.
En un escenario en que el régimen permitiera las visitas a los presos políticos desaparecidos después de presentarlos, tampoco borraría los crímenes que ha cometido contra ellos, según el experto en derechos humanos Uriel Pineda.
“Se desvanece la figura (desaparición forzada) como tal cuando son presentados porque ya no cumplen los elementos esenciales, pero la violación a los derechos humanos subsiste”, alega Pineda en referencia a que a los reos de conciencia los siguen manteniendo en prisión sin las garantías judiciales.
¿Cuándo es una desaparición forzada?
Uriel Pineda explica que para que una persona sea catalogada en desaparición forzada tuvo que haber sido detenida por agentes de autoridad, seguido de la negativa de información o el reconocimiento de la detención.
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A esto, Claudia Pineda agrega que el derecho internacional “no exige un plazo mínimo para que exista una desaparición forzada” y que esta “puede configurarse desde las primeras horas posteriores a la detención” si se reúnen los elementos mencionados por Uriel Pineda. “Lo determinante no es el tiempo transcurrido, sino la conducta de ocultamiento y negación por parte de las autoridades”, añade Claudia.
Hasta el 31 de mayo de este 2026, el Mecanismo contabiliza 46 personas detenidas por razones políticas en Nicaragua. De estas, 43 son hombres, tres mujeres y 13 adultos mayores. Aunque en este reporte aparecen nueve en condición de desaparecidos, Claudia Pineda afirma, sin dar más detalles, que actualmente ya “se documentan al menos 10” y que “la cifra puede variar conforme surja nueva información”.
¿Qué pasa con los cercanos de Brooklyn Rivera?
Esa variación podría venir una vez que se confirme la detención y desaparición forzada de los cuatro familiares, su cocinera y un amigo de Brooklyn Rivera, quienes fueron aprehendidos por agentes policiales el domingo 31 de mayo, cuando reclamaban el cuerpo del líder indígena para sepultarlo en la zona de Sandy Bay, Costa Caribe Norte, como era su voluntad.
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Los seis detenidos son: la hermana de Brooklyn Rivera, Alda López Bryan; los sobrinos Kurney Valle Bushy y Jorbis Hendy López; Glenis Panting Coleman (sobrina política), Florencia Sarmiento (cocinera de Brooklyn) y el líder comunitario de Sandy Bay Lidaukra y amigo personal de Rivera y su familia, Jorge Webster Rojas.
Aunque en la detención de los seis hay “notorios indicios de motivación política”, Claudia Pineda dice que el Mecanismo “solo los puede reconocer como presos políticos si se obtiene el consentimiento de familiares” y que la calificación debe realizarse caso por caso y sobre la base de información verificable. Mientras tanto, siguen desaparecidos, pues no se sabe nada de su paradero.
Presos políticos en “extrema vulnerabilidad”
Respecto a los demás presos políticos no clasificados como desaparecidos, la experta en derechos humanos se muestra preocupada porque están en “situación de extrema vulnerabilidad” frente a posibles actos de tortura, malos tratos, aislamiento prolongado o negación de atención médica por parte del régimen.
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“Enfrentan situaciones de alto riesgo debido a prolongados períodos de aislamiento, restricciones de comunicación, falta de atención médica y otras formas de maltrato”, expone Pineda y cita como referencia los casos de Jaime Navarrete, Manuel Urbina, Efrén Vílchez, Walner Ruiz, así como los guardabosques indígenas y varios de los presos políticos detenidos antes de 2018.
Algunos de ellos presentan un “profundo deterioro emocional y psicológico” que los ha llevado hasta a pensamientos suicidas debido a las condiciones antes mencionadas, de acuerdo con la experta.
Preocupan muertes en custodia
La preocupación es mayor tras la muerte en custodia de cuatro presos políticos entre agosto de 2025 y mayo de 2026. Los fallecidos en este periodo son: Mauricio Alonso Petri, Carlos Cárdenas Zepeda, uno que permanece bajo anonimato y Brooklyn Rivera.
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“Estos fallecimientos evidencian un grave deterioro de las condiciones carcelarias y refuerzan los temores sobre la integridad física y psicológica de las personas que permanecen detenidas”, subraya la socióloga.
Desde la muerte de Eddy Montes Praslin, en 2019, hasta la de Brooklyn Rivera, ocho personas han fallecido bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
