Tras las polémicas declaraciones de la presidenta costarricense Laura Fernández sobre el sistema dictatorial que existe en Nicaragua y que según ella habría sido escogido por los nicaragüenses, diversos opositores y analistas valoran sus palabras como “desafortunadas” e “irresponsables”.
La experta en relaciones internacionales, Alexa Zamora, valora que los comentarios de Fernández representan un retroceso a las posturas que han mantenido administraciones anteriores como la del expresidente tico Carlos Alvarado en cuanto al deterioro de la democracia en Nicaragua.
“Son declaraciones desafortunadas. No se puede decir que los nicaragüenses elegimos una dictadura porque la naturaleza misma de las dictaduras es que no son electas por el pueblo. En Nicaragua hace muchísimos años no se llevan a cabo elecciones libres y transparentes que garantice a los nicaragüenses elegir quiénes los van a gobernar y bajo qué sistema de gobierno”, detalló Zamora.
Por su parte, el opositor Luciano García comenta que la presidenta costarricense “goza de toda mi admiración como mujer, como demócrata, pero en este punto específico debo diferir. Desconocer que en Nicaragua opera una dictadura es más que un error, es una irresponsabilidad”.
Laura Fernández, quien tiene poco más de un mes de haber asumido la Presidencia de su país, aseguró en una entrevista que los nicaragüenses tienen “una forma de gobierno que han elegido tener”.
Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua en 2007 tras haber ganado elecciones y como consecuencia de un pacto político entre sandinistas y liberales. Una vez en la Presidencia, Ortega desmanteló el Estado, controlando todos los poderes, la Policía, el Ejército y reformó la Constitución para reelegirse de manera indefinida. Su esposa Rosario Murillo fue convertida en “copresidenta” y todo ello devino en la dictadura autoritaria y dinástica señalada de cometer crímenes de lesa humanidad que hoy impera en Nicaragua.
Con esa dictadura, Laura Fernández aseguró tener una “relación armoniosa (con Nicaragua) dentro de lo que cabe”, siguiendo así los pasos de su predecesor Rodrigo Chaves, quien también mantuvo relaciones cordiales con el régimen Ortega Murillo.
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En su entrevista, Fernández evitó mencionar los fraudes electorales, las reformas constitucionales que llevaron a los Ortega Murillo a consolidarse en el poder, además de la grave crisis de derechos humanos que vive el país y la represión transnacional que han denunciado varios organismos internacionales y ha alcanzado a opositores nicaragüenses en Costa Rica.
Misma línea de Chaves
El economista y analista político, Marco Aurelio Peña, señala que las declaraciones de Fernández dejan entrever que la mandataria costarricense mantiene la misma línea del expresidente Rodrigo Chaves, de no condenar al régimen, de sostener buenas relaciones con su vecino del norte, e incluso cuidar las inversiones que la familia dictatorial pueda tener en Costa Rica.
“Sospecho que se están cuidando las relaciones diplomáticas, políticas, económicas y comerciales, y la frontera norte de Costa Rica y no me extrañaría que haya inversiones de la familia Ortega Murillo a través de sus empresarios testaferros en Costa Rica”, comenta Peña.
Peña considera que la postura de Fernández pareciera evitar un conflicto diplomático y político con la dictadura nicaragüense que pueda generar una nueva oleada migratoria hacia el vecino país del sur.
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Alexa Zamora y Luciano García coinciden con este último punto. “Podría entender de que no quiere pelearse con una dictadura, pero en este caso, erró”, expresa García, mientras que Zamora resalta que Fernández se equivoca en su postura, pues “no reconocer que en Nicaragua existe una dictadura implica poner el riesgo la estabilidad de la región centroamericana”, sobre todo después de que Costa Rica asumiera la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) la última semana.
Además, García advierte que la presidenta Fernández no debe “normalizar” el autoritarismo de la dictadura nicaragüense porque se corre el riesgo de que “ese modelo termine exportándose mediante redes de influencia, estructuras paralelas y mecanismos de presión que ya existen. Por eso minimizar la naturaleza del régimen no solo es ingenuo, es peligroso para la estabilidad democrática costarricense”.
¿Estrategia de política exterior?
Por otro lado, Marco Aurelio Peña reconoce que, a pesar de las declaraciones de Fernández, en Costa Rica sí existe un trabajo desde su Cancillería y el resto de las autoridades para promover la defensa de los derechos humanos.
“Su política de estado siempre ha sido apegada al sistema universal de derechos humanos y el derecho internacional. Lo que se espera de Costa Rica es que mantenga esa política de estado”, detalla.
Sin embargo, el analista político Carlos Murillo, de la Universidad de Costa Rica (UCR), valora que con sus declaraciones “se evidencia una ausencia clara de política exterior de la administración Fernández. No es incoherencia, sino una ausencia”.
Además, Murillo critica que Fernández haya hablado sobre asuntos internos de otro Estado. “Extraña que la presidenta Fernández siendo politóloga de formación no reconozca aspectos propios del principio de no injerencia en asuntos internos de otros estados. Ella puede decir eso como persona, pero no como presidenta de Costa Rica. Eso es una intromisión en los asuntos de Nicaragua”, comenta.
El economista y analista político, Enrique Sáenz, en sus redes sociales dijo que «estas declaraciones de la presidenta de Costa Rica por donde se las vea son deplorables… Si son resultado de la ignorancia, es terrible pues está muy mal que la primera mandataria ignore tanto del país vecino…»
Pero «si no son fruto de la ignorancia y son otros los motivos, pues francamente estaría peor… cualquiera que sean esos motivos. Nos toca agradecer la solidaridad del pueblo costarricense. Centenares de miles de compatriotas llevan una vida de trabajo y convivencia en este querido país. Pero también corresponde solicitar respetuosamente una rectificación a la presidenta Laura Fernández», dijo.
Además recordó que «en febrero de este año el gobierno del que la presidenta de Costa Rica se declara ‘heredera y sucesora’ presentó, promovió y aprobó en la OEA una resolución que en su parte principal dice: Condenar las graves violaciones y abusos cometidos por las autoridades nicaragüenses en contra de los derechos de las personas, tanto dentro del país como en el extranjero, en particular aquellos actos que involucran: el exilio forzado, la expatriación; la tortura o tratos crueles, la desaparición forzada, la detención arbitraria, incautación injusta y confiscación de activos, incluyendo propiedades y cotizaciones previsionales, eliminación de registros oficiales asociados a la identidad, impedimento de reunificación familiar, prohibición de entrada al propio país, denegación de emisión o renovación de pasaportes y eliminación de documentos oficiales, vigilancia, amenazas, hostigamiento y atentados contra la vida e integridad de centenares de nicaragüenses'».
Al respecto, indica que después de las declaraciones «de doña Laura Fernández habría que preguntarse cuál será la posición de su gobierno en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos».
Tal ha sido la ola de rechazo, que los expresidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís Rivera, rechazaron las afirmaciones de Fernández.
“Hay dos posibles explicaciones de tal desatino: ignorancia o indiferencia. Si es lo primero, avergüenza al país; si es lo segundo deshonra nuestra tradición de condena absoluta a las tiranías y no representa el sentir mayoritario de los costarricenses”, dijo Chinchilla.
En tanto, Solís manifestó: «Denotan un profundo desconocimiento sobre las atroces violaciones a los Derechos Humanos que la dictadura Ortega-Murillo, un régimen espurio que se mantiene en el poder a sangre y fuego, ha impuesto a cientos de nicaragüenses».
