El martes 9 de junio, la dictadora Rosario Murillo habló de «amor», «maldades» y un tema menos retórico. Recordó a la Procuraduría de las Municipalidades su obligación de remitirle un reporte sobre los proyectos desarrollados en las alcaldías. Por ejemplo, esta semana incluyeron 230 metros de acera lineales en Nueva Guinea, Bonanza, Nandaime, Sébaco, Larreynaga, El Tortuguero y Granada.
La orden de Murillo a la Procuraduría llegó acompañada del recordatorio de que ella interviene en todo. «Es importante leerlo los martes, además, porque seguimos estando en reuniones promoviendo los proyectos que finalizan o avanzan cada semana, y dando siempre la supervisión necesaria para cumplir a las familias en cada lugar», confesó.
Sus declaraciones no sorprenden a municipalistas consultados por LA PRENSA. Son varias razones: no solo es el afán controlador de Murillo, que ha sido vocera y coordina las estructuras territoriales del FSLN desde antes de ser «copresidenta». La autonomía municipal desapareció también hace tiempo en Nicaragua y las 153 alcaldías están subordinadas al régimen totalitario.
Aunque la Procuraduría de Municipalidades existe legalmente desde abril de 2024, la Asamblea subordinada a los dictadores concentró en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) la facultad de velar por «las conquistas del pueblo en las municipalidades y en las regiones autónomas de la Costa Caribe».
Puede leer: Murillo pone «último clavo» a ataúd de autonomía municipal
Así otorgaron influencia a esa institución en la vida de los municipios. La PGJ es liderada por Wendy Morales, una de las funcionarias de mayor confianza de Murillo. Para el exconcejal de la Alcaldía de Managua, Luciano García, el régimen usa esa Procuraduría para eliminar cualquier autonomía residual, controlar la ejecución de proyectos y crear un “mando único” que es evidentemente Rosario Murillo.
“Las alcaldías son su principal fábrica diaria de propaganda. Son la red territorial que sostiene su poder real. No confía en nadie y necesita supervisión absoluta. Los proyectos municipales son recursos, contratos y lealtades. El control minucioso evita cualquier autonomía local. En otras palabras: no es administración, es dominación política”, sostuvo García.
Puede leer también: Funcionarios obligados a dar buenos reportes para que Rosario Murillo lea sus notas sobre un país feliz
El sociólogo nicaragüense Silvio Prado, uno de los municipalistas más reconocidos del país, explica que, dado que no tiene legitimidad de origen, la buscan a través del desempeño de proyectos, los cuales deben desarrollarse bajo su mentalidad totalitaria.
Prado explica que las dictaduras “no aceptan gobiernos debajo del central” y para eso ocupan a la Procuraduría de las Municipalidades como una especie de viceministerio de las alcaldías. El experto describe ese despacho como un «ministerio de las colonias», implementado para fortalecer el dominio que el FSLN desarrolló a medida que se dio la captura del poder local con las destituciones de alcaldes.
“(De) la Procuraduría para las Municipalidades lo que importa es el control sobre las entidades públicas para evitar que nazcan nuevos caudillos, y lo segundo el tema de la corrupción. Las alcaldías habían funcionado como caja chica del Gobierno central y sobre todo en los últimos tiempos», agrega.
Para Prado, en el país existe una corrupción permitida. La orden de controlar la corrupción en lo local marca entonces una enorme contradicción a lo interno del Ejecutivo, porque las dictaduras necesitan crear feudos, repartir cuotas para su ejercicio autoritario, y el tema de la corrupción se les fue de las manos, porque en los municipios se actúa con absoluta discrecionalidad.
La «superministra» Wendy Morales
Luciano García aborda otro punto: el papel de la procuradora Wendy Morales. Ella es una de las funcionarias “más útil, obediente y funcional” para el modelo de poder de Murillo dentro del aparato jurídico del Estado. “Por eso la PGJ se ha convertido en un brazo político‑legal de Murillo, y por eso ella confía tanto en Morales”, analizó.
En ese punto coincide con otras voces de la oposición como el liberal Eliseo Núñez, quien dijo meses atrás que la figura de Morales era equivalente a que Murillo fuese quien dirigía esa oficina.
Lea además: Así fue el ascenso de Wendy Morales, la nueva “superministra” de la dictadura
Morales ha “legalizado” las confiscaciones. Fue sancionada por Estados Unidos. La PGJ concentra además el Registro Público de la Propiedad, Procuraduría de Derechos Humanos, Procuraduría de las Municipalidades, Ministerio Público, Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, entre otras instancias. Según analistas, ese es un rasgo del estilo gerencial de Murillo: proveer a sus allegados de mucho poder. A ellos les concentra funciones.
Esa es la razón que explica la influencia de Fidel Moreno, quien además de secretario general de la Alcaldía de Managua, es el secretario de organización del FSLN. O historias como Ovidio Reyes, presidente del Banco Central desde lo formal, pero con un papel importante en la administración de los bienes de la familia dictatorial desde poco antes que cayera preso el antiguo tesorero Francisco López Centeno.
Lea además: Ovidio Reyes: el principal operador financiero de la dictadura Ortega Murillo
Sobre la “mentalidad totalitaria” de Murillo, el municipalista Silvio Prado la compara como una rueda de bicicleta en la que “todos los rayos van a dar a ella”. Las alocuciones diurnas de la codictadora son el reflejo de su insistencia en proyectarse como “la que hace todo”.
Por eso el 9 de junio, además de ventilar ataques contra sus oponentes, anunció puestos comunitarios en siete municipios, energía eléctrica en otros dos, casetas para espera de buses y hasta plazas de toros. «Infraestructuras recreativas», dijo.
