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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo concentró más poder en la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a la que entregó la facultad de “velar por las conquistas del pueblo en las municipalidades y en las regiones autónomas de la Costa Caribe”, a través de uno de sus brazos: la Procuraduría de Municipalidades.
La iniciativa de ley fue presentada por los diputados oficialistas este 25 de marzo y aprobada poco después. A partir de ahora, la PGJ influirá en la vida institucional de las alcaldías, así como ya ejerce todas las funciones de la persecución penal en el país y maneja la Dirección de Minas.
La PGJ está al mando de formalmente de Wendy Morales, una de las funcionarias de mayor confianza de Murillo. “Quien está en la Procuraduría garantiza obedecer sin preguntar. Eso lo que quiere decir es quien dirige la PGJ en realidad es Rosario (Murillo)”, dijo a LA PRENSA el exdiputado opositor, Eliseo Núñez.
2% de planillas de municipalidades a INATEC
La nueva ley ordena que el dos por ciento de las planillas de las municipalidades será destinado para fortalecer las capacidades técnicas de empleados municipales, por lo que el Instituto Nacional Tecnológico—a cargo de la educación técnica del país— deberá presentar una oferta anual destinada a la capacitación y formación.
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La intromisión de la PGJ en las municipalidades se dará bajo el argumento de “prescindir de la duplicidad de funciones”, porque antes la ley de Carrera Municipal proveía a las alcaldías de un sistema de administración de recursos humanos que promovía la transparencia, al menos teóricamente.
Núñez recordó que el poder municipal se sujetó al ejecutivo desde 2009, un año después de que el FSLN realizó el gran fraude electoral que le permitió apropiarse de la mayoría de las alcaldías del país. Los alcaldes sandinistas, agregó, luego eran convocados a reuniones donde recibían instrucciones políticas de la cúpula cercana a Murillo, en especial de Fidel Moreno, secretario de organización del partido oficialista.
Asegurar “gestión y ejecución de políticas municipales”
Los diputados del régimen argumentaron esta vez que la nueva PGJ debe “promover en las municipalidades un sistema de administración de recursos de que asegure la gestión y ejecución de políticas municipales, eficientes, eficaces y transparentes”.
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Núñez entonces se preguntó qué pasará con la figura de los auditores internos en las alcaldías, una figura que se extiende en todo el país y depende administrativamente de la institución en la que trabaja, pero orgánicamente lo hacen de la Contraloría General de la República. Otra de las instituciones subordinadas a Ortega y Murillo.
“Murillo ha venido construyendo una telaraña de mantener el control de todo. Ella se convierte en una pieza indispensable, quién tiene llaves del sistema estatal. (El aparato estatal) Dejó de ser funcional desde hace rato, desde que nombró codirectores en las instituciones. Lo que ella está tomando es el control de las instituciones”, agregó Núñez.
Absorben patrimonio y empleados de Carrera Municipal
Los legisladores ordenaron también el traspaso al Estado del patrimonio de la Carrera Administrativa Municipal, lo que significa que su nuevo administrador es la Procuraduría. No sólo eso. También la PGJ absorbe a los empleados que laboraban para la Carrera Municipal, pero que no dependían orgánicamente de las municipalidades.
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Según el artículo tres de la reforma a la ley número 1259, de la PGJ, el régimen de los servidores públicos municipales corresponde a la ley 476 o lo que es lo mismo la de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. Por eso, ordenan también la derogación de la ley 503 de Carrera Administrativa Municipal y su reglamento. Esto también tiene un mensaje preocupante para Núñez.
“Es el último clavo en el ataúd de la autonomía municipal. Es una suma de cosas. Ella (Murillo) lo que está haciendo es trasladar a los empleados que antes tenían un régimen especial, y dependían de la ley de carrera municipal que tenía sus propias características porque son 153 municipios, y ahora los traslada a la ley de carrera administrativa que es la que funciona para el Poder Ejecutivo”, lamentó Núñez.
