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Cuando el Foro Anticomunista de Miami exigió, en noviembre de 2025, la liberación total de todos los presos políticos de Latinoamérica para la Navidad de ese año, durante un seminario realizado en el sur de la Florida con representantes de partidos políticos de Cuba, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Chile y Venezuela, se despertó una alarma verdaderamente preocupante: la de aquellos presidentes, gobiernos electos democráticamente y personeros de sistemas judiciales dominados por la izquierda que guardan un silencio abrupto y cómplice frente a muchas de estas personas privadas de libertad.
La causa es inquietante y hay que decirlo sin temores, dudas ni resquemores. Es una realidad tan fría y descarada que merece la denuncia y el escarnio público ante sus pueblos y ante toda la comunidad internacional.
Se trata de un pasado que continúa respirando en el presente, con presos políticos que ya superan más de 3 décadas de encierro ante la vista, paciencia y silencio de gobiernos supuestamente democráticos, sostenidos muchas veces por estructuras judiciales contaminadas ideológicamente.
Duro, pero cierto. Sobre este fenómeno se esconden hipocresías, concesiones al comunismo autoritario y al socialismo moderado, acomodos políticos y silencios mediáticos de una parte considerable de la prensa simpatizante con el mundillo subversivo y de sectores fascinados por la moda esquizofrénica de las izquierdas y la vieja resaca tercermundista.
En aquella ocasión se exigió la liberación de los presos políticos en cada uno de sus países, haciendo un llamado a la comunidad internacional para respaldar esa petición. La propuesta de una “Navidad sin presos políticos en América” fue formulada con el propósito de que las personas encarceladas por oponerse a regímenes autoritarios pudieran reencontrarse con sus familias. Pero el eco esperado no resonó con fuerza ni humanidad.
Este drama —que sí constituye un crimen moral ante los ojos del mundo—, ha sembrado una profunda herida jurídica, política y humana que pocos se atreven a señalar con firmeza.
Mientras organismos internacionales, universidades, ONG y buena parte de la prensa continental levantan su voz para denunciar las atrocidades cometidas por regímenes comunistas y represivos como los de Cuba, Nicaragua o Venezuela, existe otra realidad incómoda y silenciada: la de cientos de militares, policías, funcionarios y ciudadanos encarcelados durante años bajo acusaciones de lesa humanidad, muchos de ellos sometidos a procesos interminables, sin garantías suficientes.
Como ha señalado el jurista chileno Marcelo Elizalde, abogado defensor de presos políticos en Chile, en una reflexión que retrata el drama que aún vive su país más de medio siglo después del 11 de septiembre de 1973, “a los militares y policías que salvaron al país del comunismo se les sigue persiguiendo mediante juicios espurios, condenándolos y encarcelándolos a edades extremadamente avanzadas”.
En efecto, comenta Elizalde, muchos de ellos, tras más de cincuenta años de ocurridos los hechos, están muriendo en prisión. Recientemente falleció el también exfiscal militar Oscar Alfonso Podlech, pese a que Chile suscribió la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
La situación argentina tampoco deja de estremecer. Diversas organizaciones y voces del ámbito jurídico y militar sostienen que ya ronda el millar el número de militares y policías fallecidos en prisión en el marco de procesos vinculados a los años setenta. El gobierno del presidente Javier Milei, admirado por amplios sectores por su valentía frente al kirchnerismo estatista, no ha avanzado hasta ahora en una revisión profunda de estos casos.
Los gobiernos militares tenían que defenderse, las guerrillas no lanzaban chocolates a los militares, lanzaban bombas, insurreccionaban y plantaban dantescas explosiones terroristas. Menos mal que ahora se desclasifica la historia con más intensidad, y lo cierto es que grupos armados de extrema izquierda intentaron imponer proyectos revolucionarios mediante la violencia, las bombas y los atentados, inspirados por el castrismo cubano y por estructuras financiadas desde la órbita soviética. Las víctimas del terrorismo insurgente también merecen memoria, justicia y reconocimiento.
Se persiguió con severidad a quienes combatieron movimientos revolucionarios, pero se fue indulgente con muchos responsables intelectuales y materiales de acciones terroristas que pusieron bombas, secuestraron civiles, ejecutaron atentados y desestabilizaron democracias en proceso, aunque infinitamente más abiertas que los sistemas totalitarios implantados por el comunismo en Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde recientemente fue enterrado el líder misquito Brooklyn Rivera, luego de haber permanecido desaparecido por el régimen durante tres años.
Los casos abundan. El expresidente Jair Bolsonaro está preso en Brasil a causa de la “justicia revolucionaria” de Lula Sa Silva. En Honduras el general Romeo Vasquez aún sigue huyendo enmontañado luego de sacar del gobierno al narcopresidente Manuel Zelaya; recordemos además el caso del exjuez español Baltasar Garzon, convertido en figura internacional de la llamada “justicia universal” a quien ahora la propia justicia española terminó apartándolo de la carrera judicial.
El Foro Anticomunista de Miami prepara un nuevo seminario y sus organizadores tratarán, esta vez, de elevar más el tono de su denuncia sobre los injustamente encarcelados, desaparecidos, mutilados y perseguidos en Latinoamérica.
La exigencia ya no será solamente una “Navidad sin presos políticos”, sino la liberación total y definitiva de quienes consideran víctimas de sistemas judiciales inmorales y de un presidencialismo democrático “sordo” ante el sufrimiento humano. La libertad no puede ser selectiva; tampoco los derechos humanos.
El autor es escritor y periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos, columnista internacional, vocero y secretario general del Partido Liberal Independiente (PLI-Internacional).
