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La concentración de poder que ostentan actualmente los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo hace posible que manejen las instituciones del Estado a su antojo, como es el reciente caso de la fusión que están haciendo entre la Fiscalía General de la República (FGR) o Ministerio Público (MP) y la todavía Procuraduría General de la República (PGR), advierte un jurista que analiza la situación bajo anonimato.
El especialista indica que no hay razón para el cambio que los Ortega Murillo están realizando, «yuxtaponiendo» a la Fiscalía dentro de lo que será la Procuraduría General de Justicia (PGJ), una institución que ya existía, pero que el propio Ortega ayudó a desaparecer cuando pactó con Arnoldo Alemán en 1999 para repartirse el poder.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) nació el 8 de agosto de 1979, cuando los sandinistas, encabezados en ese momento por Daniel Ortega, recién habían llegado al poder. La PGJ nació para funcionar como representante del Estado, pero también hacía las veces de Fiscalía.
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Reviven Procuraduría General de Justicia (PGJ)
Luego, producto del pacto entre el liberal Arnoldo Alemán y el sandinista Daniel Ortega en 1999, en el que se dividieron el poder, en el año 2000 nació la Fiscalía como un ente autónomo y después, en diciembre de 2001, se creó la Procuraduría General de la República (PGR), y desaparecieron la PGJ.
La Fiscalía quedó para representar a la sociedad nicaragüense y a las víctimas, y la PGR para representar al Estado.
Si en el 2001 desapareció la PGJ para que Ortega y Alemán tuvieran a una ficha cada uno tanto en la PGR como en la Fiscalía, ahora, en 2025, Ortega desaparece a la PGR y revive a la PGJ debido a que ya no está repartiendo el poder con nadie, y él y su esposa Rosario Murillo lo controlan absolutamente todo, explica, el especialista.
«Se fue concentrando el poder (en los Ortega Murillo y los poderes, desde el punto de vista de la teoría de Montesquieu, o sea la división de poderes, que fue producto de la Revolución Francesa, fue desapareciendo y ahora sólo queda un poder. El poder que coapta a los demás. En vez de poderes ahora son órganos. Órganos del poder», indica el jurista.
No es necesario para combatir corrupción
El cambio que realizaron los Ortega Murillo en la Constitución Política, que ellos han creado a su medida, lo realizaron argumentando que es necesario para combatir la corrupción.
Sin embargo, el especialista consultado por LA PRENSA indica que no es necesario, porque el país ya cuenta con suficientes leyes e instituciones para hacerlo.
«El menú de leyes que tiene Nicaragua es suficiente y basta para luchar contra la corrupción. Nicaragua tiene un Código Penal, una Contraloría, una unidad de análisis financiero (UAF). Además, tiene la Policía. Tiene otros órganos. Nicaragua tiene un universo de forma figurada, de normas y de leyes (contra la corrupción) que perfectamente pueden ser aplicables sin recurrir a especificidades», manifiesta la fuente.
La justicia nicaragüense antes de 1979
Según el especialista en Nicaragua antes de 1979, había tres figuras de representación del Estado.
La primera se llamaba fiscal general de Hacienda, que representaba al Estado para cobrar impuestos.
Luego, había un síndico municipal, que era el representante de la municipalidad para cuestiones civiles. «Es decir, se ocupaba de ‘el tuyo y el mío’, las propiedades y cuestiones así», indica la fuente.
Por último, señala, había un representante de la «vindicta pública», que es lo que ahora sería la autoridad para acusar en casos de delitos.
Esa forma de organización de la justicia, excepto la vindicta pública, desapareció en 1979, con la llegada al poder de los sandinistas, quienes crearon la PGJ.
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La Procuraduría General de Justicia (PGJ)
El primer procurador de los sandinistas fue Ernesto Castillo Martínez, más conocido como «Tito» Castillo, quien tenía inicialmente como su segunda a Alba Luz Ramos, posteriormente eterna magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta su separación del cargo en octubre de 2023, por represalias contra ella de parte de Rosario Murillo.
A Tito Castillo le correspondió ejecutar las confiscaciones ordenadas en julio de 1979 por los nueves comandantes sandinistas en contra de la familia Somoza, sus allegados y de exmiembros de la Guardia Nacional.
Fue hasta en 1982 que desapareció la vindicta pública y la PGJ asumió ese rol, mediante una figura que se llamaba el monopolio de la acción penal, que son las funciones que hasta hace poco venía ejerciendo la Fiscalía o Ministerio Público en la actualidad.
Se repartieron el poder tras el pacto
Cuando Ortega y Alemán hicieron desaparecer la Procuraduría General de Justicia con el pacto de 1999, el procurador era el liberal Julio Centeno Gómez.
Cuando desapareció la PGJ, Centeno Gómez, que era adepto a Arnoldo Alemán, pasó a ser fiscal general de la República y la fiscal adjunto, la número dos en la Fiscalía, fue María Lourdes Bolaños. Así, liberales y sandinistas se repartieron el poder.
En 2007, cuando Ortega regresó al poder, Centeno Gómez siguió siendo fiscal, porque aún funcionaba el pacto, y como fiscal adjunta fue designada la sandinista Ana Julia Guido, comisionada de la Policía en retiro.
El caso de la Procuraduría fue distinto, porque no era electo en la Asamblea, sino que lo designaba el presidente.
El primer procurador general de la República fue el liberal Óscar Herdocia, designado por el entonces presidente Enrique Bolaños. Pero, debido a temas de salud, Herdocia nunca ocupó el cargo, por lo que el primer procurador en funciones fue Francisco Fiallos.
Actualmente, se prevé que la PGJ la dirija la actual procuradora Wendy Morales, que asumiría desplazando de esa oportunidad a Ana Julia Guido, que es fiel a Ortega, mientras que Morales está señalada como fiel a Rosario Murillo.
Como en su momento le correspondió a Tito Castillo confiscar a los Somoza y a los somocistas, ahora es Wendy Morales quien se ocupa de confiscar a los opositores a la dictadura de los Ortega Murillo.
