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La desaparición del Ministerio Público en Nicaragua y su sustitución por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no solo concentra el poder acusatorio bajo control directo de la Presidencia, sino que dificultará la cooperación con otros países en materia penal y fiscal, incluso cuando existan convenios vigentes. Aunque el país es parte de redes y acuerdos —como la Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción o los tratados firmados con Rusia y Palestina—, especialistas advierten que, sin un órgano fiscal autónomo, la colaboración internacional quedará supeditada a los intereses políticos del régimen.
«En cuanto a los convenios latinoamericanos de cooperación entre ministerios públicos, lo que cambia es el nombre, pero la participación dependerá del interés que tengan en cada caso. Por ejemplo, con Costa Rica no contestan todos los oficios, responden solo aquellos que les convienen. En el caso de Joao Maldonado, no dieron ningún trámite», dijo un especialista en derecho penal que prefirió no ser citado por temor a represalias.
Nicaragua forma parte Red Iberoamericana de Fiscales contra la Corrupción (RFIC), junto con Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, entre otros.
También con aliados
La dictadura también firmó un «Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio Público de Nicaragua y la Fiscalía Pública del Estado de Palestina» el 9 de marzo de 2021.
Este tratado tendría como objetivo «retroalimentar los conocimientos en materia de asistencia legal, extradición, crimen organizado, lavado de dinero y la trata de personas», que son delitos que afectan a la sociedad en general», según informaron los medios de propaganda de la dictadura.
El 12 de marzo de 2019, la dictadura firmó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio Público de Nicaragua y la Fiscalía General de Rusia, para cooperar en asuntos de extradición,asistencia legal mutua en materia penal, intercambio de información sobre las tendencias de la criminalidad y sus experiencias en materia de lucha contra la criminalidad, entre otras cosas.
«Esto seguirá igual: responderán solo cuando sea de su interés. Lo mismo ha pasado con países que no tenían Ministerio Público, como México antes de la reforma del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se creó la Fiscalía», dijo el especialista en derecho penal.
Contraviene directrices de la ONU
Un especialista en derecho constitucional que también prefirió omitir su nombre, aseveró que la reforma contraviene el Principio 13 de las Directrices de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la función de los fiscales.
«Estas directrices exigen independencia funcional y libertad frente a interferencias indebidas y vulnera el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a un juicio justo ante autoridades imparciales», señaló el especialista.
Las Directrices sobre la Función de los Fiscales de la ONU, adoptadas en La Habana en 1990, no son un tratado que los Estados firmen o ratifiquen, sino un instrumento de carácter no vinculante aprobado por consenso en un congreso internacional sobre prevención del delito y justicia penal.
En Nicaragua no existe una adopción expresa de estas directrices en la normativa interna, pero siguen siendo un estándar internacional para evaluar las reformas y el funcionamiento del órgano acusador. Sin embargo, al ser un marco de referencia global, todos los Estados miembros de la ONU, incluido Nicaragua, están llamados a considerarlas como guía para garantizar la independencia, imparcialidad y ética en la labor fiscal, aunque su aplicación depende de que cada país las incorpore a su legislación y práctica institucional.
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Solo quedará el cascarón
Según el especialista en derecho penal, es necesario esperar que se apruebe la reforma en segunda legislatura para que entre en vigor. Aunque todavía no está del todo claro como quedará la situación del Ministerio Público, a su criterio, la institución será absorbida por la PGJ que encabezará el sistema acusatorio.
«Sin embargo, la Procuraduría seguirá cumpliendo funciones y manteniendo el sistema acusatorio; de lo contrario, sería un caos para ellos. Lo que cambiará es el membrete: ya no dirá “Fiscalía” sino “Procuraduría”, y en lugar de “fiscal” se dirá “procurador”, dijo.
El especialista en derecho constitucional explicó que antes el Ministerio Público gozaba de autonomía orgánica, funcional y administrativa, y estaba subordinado únicamente a la Constitución y las leyes.
«Ahora la Procuraduría no menciona independencia y su Procurador General será designado directamente por la Presidencia, lo que genera una subordinación política y dependencia presupuestaria del Ejecutivo», puntualizó.
Diputado sandinista confirma eliminación del MP
En su acostumbrada perorata en el estatal Canal 6 de televisión, el diputado sandinista Moisés Absalón Pastora confirmó este lunes 11 de agosto, que la PGJ asumirá «íntegramente todas las funciones del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, contra la delincuencia y la corrupción».
«La reformada procuraduría robustece la lucha contra corrupción y garantiza al pueblo que todos los recursos del Estado, estarán bajo resguardo, seguimiento y debida protección. La reforma garantiza al pueblo de Nicaragua su representación ante los delitos penales de los que pueda ser víctima e irá de frente contra la delincuencia y la corrupción” de manera clara y precisa», señaló.
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Un especialista en derecho constitucional aseveró que la anulación tácita del Ministerio Público será una «Involución» de lo poco que se logró en materia judicial en el país antes del retorno de Ortega al poder en 2007.
«La figura del fiscal fue un avance propio de una sociedad democrática en aras de fortalecer el estado de derecho y las garantías ciudadanas. Dándole independencia al Ministerio Público al desvincularon de los intereses del estado que representa el procurador general. Esta reforma va en línea de consolidar el modelo de Estado totalitario y centralizado que el régimen viene imponiendo», señaló.
Incertidumbre sobre el papel de Ana Julia Guido
El especialista en derecho penal advirtió que aun es incierto el rol que asumirá la Fiscal General, Ana Julia Guido Ochoa, en el nuevo entramado judicial de la dictadura.
«La fiscal general podría jubilarse, pues ya tiene 65 o 66 años, o ser nombrada subprocuradora. En todo caso, debe sentirse incómoda, tras haber trabajado lealmente para el régimen, incluso cometiendo irregularidades, para terminar subordinada. Parte de su gente también estará incómoda; otros serán reubicados en funciones afines al control político o represivo», dijo Guido.
Guido Ochoa fue sancionada por la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido por su papel en la represión contra opositores y por socavar el estado de derecho. Bajo su gestión, el Ministerio Público se convirtió en una fábrica de causas penales contra críticos del régimen Ortega Murillo
