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La dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo convirtió oficialmente a la Procuraduría General de la República (PGR) en una entidad de control estatal, con la creación de la «Procuraduría de Justicia», que, según los críticos, le quita sus funciones al Ministerio Público.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de la dictadura, aprobó este miércoles 6 de agosto una reforma a la Constitución Política para crear la Procuraduría General de Justicia.
La nueva reforma constitucional y la creación de la Procuraduría de Justicia fue ordenada por la esposa del dictador bajo el argumento de «perseguir, procesar y penalizar a quienes cometan cualquier forma o acto de corrupción que atente contra los intereses de las familias y del pueblo nicaragüense».
Lo que dice la reforma
La nueva reforma a la Constitución Política establece que «la Procuraduría General de Justicia ejerce la representación legal y de defensa de los intereses supremos del Estado y del pueblo nicaragüense; con profundo compromiso revolucionario y patriótico, inspirada en los principios constitucionales de independencia, soberanía, autodeterminación nacional, seguridad y paz; en la lucha permanente contra la corrupción y la impunidad».
También establece que «es la instancia encargada de resguardar el patrimonio público y combatir con contundencia todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución; ejerciendo la función acusadora con rigurosidad y en representación de las víctimas del delito; incluyendo las que aquejan a toda la humanidad, como el lavado de activos, narcotráfico y el crimen organizado».
El procurador general de Justicia será nombrado por la Presidencia.
Supra Procuraduría
El abogado y exdiputado, Eliseo Núñez Morales, valoró que esta reforma reafirma a la Procuraduría como una «supra entidad» que centraliza el control de la dictadura Ortega Murillo, pero ahora bajo la denominación de «Procurador de Justicia»
«La Procuraduría General la han convertido en un ente controlador de todo el Estado y a la par tenés el Ministerio del Interior. Es decir, con esas dos herramientas, Rosario lo que hace es controlar a sus propios funcionarios y además a los ciudadanos comunes», dijo Núñez.
El exdiputado también dijo que esta nueva acción bajo el argumento de «lucha contra la corrupción» deja ver la hipocresía del régimen Ortega Murillo.
«Es cinismo, porque hasta ahora descubre que hay ladrones, cuando ellos han robado a diestra y siniestra durante todo el periodo que han estado», manifestó el opositor.
«Ya no hay Fiscalía»
Un experto en derecho que pidió no ser identificado dijo que esto significa que «ya no hay Fiscalía» y también cree que hicieron este cambio porque el Ministerio Público está sancionado.
En 2021, el Ministerio Público fue sancionado por Estados Unidos «debido a ser responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, o haber intentado ser partícipe, en acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas en Nicaragua».
Otra fuente que pidió no ser identificada manifestó que con este cambio «se pierde la poca independencia que tenía el Ministerio Público.
«Ya habrá formalmente un control político de los fiscales, confundiendo los intereses, más aún cuando el Estado es el afectado por el delito y el mismo investiga y acusa, dejando por lógica de ser imparcial es su función fiscal. El Ministerio Público es una conquista de las sociedades democráticas para garantía de los ciudadanos que al fusionarlo nuevamente con la Procuraduría se fortalece un modelo centralizado y totalitario, retrocediendo la justicia, que podemos decir ya no existe en Nicaragua».
Tercera reforma a la nueva Constitución
Esta es la tercera reforma a la nueva Constitución Política de Nicaragua que entró en vigencia en febrero de 2025.
La primera enmienda fue para incorporar una moción que ordena ampliar un año más el período en marcha de las autoridades que fueron «electas» en las últimas votaciones presidenciales de 2021, municipales de 2022 y regionales de 2024. Su periodo terminaba en 2026, pero con la enmienda terminará en 2027.
Y la segunda reforma fue en mayo de 2025 —cuando la nueva Constitución ya estaba vigente— para eliminar la doble nacionalidad.
