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La vocera y esposa del dictador Daniel Ortega, Rosario Murillo, anunció este martes 5 de agosto una nueva «reforma parcial a la Constitución» y la creación de una «procuraduría de justicia contra la corrupción», mediante una ley que será presentada este miércoles en la Asamblea Nacional.
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Esta nueva iniciativa de «perseguir la corrupción» se da en momentos que el exasesor económico del dictador, Bayardo Arce, está encarcelado y bajo «investigación» por realizar negocios ilegales.
En su intervención habitual por los medios oficiales, Murillo leyó la fundamentación de la iniciativa, que manifiesta que esta nueva ley será creada «ante el creciente tsunami de corrupción que azota y asola al mundo».
«La co-presidencia de la República ha orientado la creación de una procuraduría general de justicia que en conjunto con las instituciones correspondientes identifique, persiga, procese y penalice, castigando firmemente sin ninguna consideración que pretenda disminuir el vicio evidente de los corruptos, de manera que todos estos actos sean implacablemente perseguidos, identificados, procesados y penados», manifiesta el fundamento de la iniciativa de ley leído por Murillo.
Más funciones para Procuraduría General
También expresa que se van a tomar «decisiones contundentes para perseguir, procesar y castigar cualquier forma de corrupción que atente en contra de la familia y el pueblo nicaragüense».
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La nueva procuraduría estará integrada por todos los órganos de la actual Procuraduría General de República e incorporará al Ministerio Público y otros organismos que cumplan funciones similares.
Murillo confirmó que la reforma constitucional está vinculada a la creación de la denominada «Procuraduría General de Justicia de la República de Nicaragua todos contra la Corrupción».
«La Constitución, todas las leyes y todas las instituciones del Estado nicaragüense, que están al servicio de los intereses supremos de la patria y el pueblo, deben contribuir a esta campaña permanente contra los delitos y crímenes de corruptos que pretendan lesionar o seguir lesionando los patrimonios económicos, naturales, culturales, materiales, políticos y jurídicos del pueblo nicaragüense», manifiesta la fundamentación de la iniciativa de ley.
