Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La aprobación en primera legislatura de las enmiendas constitucionales a los artículos 23 y 25, que eliminan la doble nacionalidad, a poco más de cuatro meses de haber entrado en vigor la nueva Constitución sandinista impuesta por la dictadura, han generado incertidumbre y confusión. La pregunta más importante que se hacen muchos es: ¿Se aplicará retroactivamente para quienes ya tenían la doble nacionalidad?
Si bien una larga lista de países no permiten a sus ciudadanos tener doble nacionalidad o renunciar a su nacionalidad para naturalizarse, la medida que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo —según las mismas palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras— tiene como propósito castigar la crítica y a quienes se opongan a la dictadura. Algunos especialistas señalan que el régimen está copiando modelos de otros regímenes autoritarios, como el de China, para dejar en la desprotección a sus ciudadanos.
Incertidumbre sobre la retroactividad
En al menos tres ocasiones Porras ha señalado que la ley no se aplicará de forma retroactiva, es decir, que no afectará a quienes ya tengan dos nacionalidades antes de que la reforma constitucional entre en vigor al ser aprobada en una segunda legislatura, es decir, el próximo año. Para que entren en vigor, las reformas constitucionales deben aprobarse en dos legislaturas, por lo que esta reforma deberá ser aprobada nuevamente el próximo año.
El 16 de mayo, durante la sesión en la que se aprobó la reforma constitucional, Porras aseguró que «está claro» que la carta magna sandinista contempla la no retroactividad de la ley, pero a la vez aseguró que estas medidas son «morales» más que jurídicas.
«Pero esto va más allá de lo jurídico, esto es moral. Esto es de espíritu, es de patriotismo. Esto es de ese sentimiento que cuando leemos a nuestro general Sandino nos llena», señaló Porras el pasado viernes durante la aprobación de la reforma en primera legislatura.
Lea además: Así se abrió camino la dictadura para el despojo masivo de nacionalidades
Un problema con la legalidad de origen y ruptura del orden constitucional
Otro de los aspectos que suma gravedad a la reforma constitucional es que es precedida por la imposición de la nueva Constitución sandinista, una carta magna ilegítima de origen a la vez que profundiza e institucionaliza al Estado totalitario de los Ortega Murillo.
«La Constitución, como pacto social, debería reflejar la voluntad del pueblo, pero ninguna de estas reformas lo hace. Por tanto es ilegítima tanto en su forma como en su fondo, especialmente porque tiene un carácter regresivo. El derecho a la nacionalidad forma parte del núcleo duro de los derechos humanos, y su violación ha sido reconocida como un crimen por generar apatridia o por motivaciones persecutorias», consideró Salvador Marenco, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Busca sumisión de exiliados
Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, expresaron que «la nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un pacto sagrado de lealtad», por lo que «quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua».
Según Marenco, la nacionalidad también engloba otros derechos, como la seguridad social o el derecho a la propiedad, que también serán vulnerados por la medida. Por esta razón, expuso que el régimen implementa la reforma como un chantaje para quienes viven en el extranjero, quienes ahora deberán elegir entre nacionalizarse y perder sus derechos en Nicaragua —para acceder a derechos en el país donde viven— o mantener la nacionalidad nicaragüense, pero sin acceder a otras prerrogativas en el país donde vivan.
«En síntesis, lo que se busca es evitar que las personas en el exilio soliciten la protección de otro Estado, obligándonos a permanecer bajo la sumisión del régimen. Básicamente, están utilizando la nacionalidad como una forma de presión o chantaje hacia las personas en el extranjero, algo que ya venían haciendo desde hace tiempo», dijo Marenco.
El presidente de la Asamblea confirmó el viernes 16 de mayo que la medida se encamina en la represión de la dictadura contra cualquier voz crítica.
«Y ya habíamos comenzado cuando declaramos que los traidores a la patria en esa Constitución y en otras leyes pierde la nacionalidad y eso no nació del aire. El vendepatria y el traidor a Nicaragua deja de ser nicaragüense. Y aquel que a esta altura quiera servir a un estado extranjero que deje de ser nicaragüense», dijo Porras.
Dejará en desprotección a futuras generaciones
A la vez Marenco expresó que esta medida provocará que muchas personas que migraron a raíz de la crisis sociopolítica y se nacionalizaron en otros países no puedan darle la nacionalidad nicaragüense a sus hijos.
«Esta reforma deja en desprotección a las futuras generaciones. Y más allá de términos legalistas, Nicaragua no brinda ninguna protección a sus nacionales en el extranjero; en lugar de protección consular, lo que existe es persecución consular», puntualizó.
En contextos de inestabilidad política y económica que ha enfrentado el país, muchas generaciones han emigrado en búsqueda de nuevas oportunidades y una buena parte adquirió otras nacionalidades.
¿Qué otros países no permiten la doble nacionalidad?
En la mayoría de países centroamericanos, la doble nacionalidad es reconocida y permitida, aunque con algunas condiciones. Costa Rica reformó su Constitución en 1995 para permitirla plenamente, aceptando que tanto los costarricenses como los naturalizados conserven su nacionalidad de origen. El Salvador, Honduras y Guatemala también aceptan la doble nacionalidad, especialmente en casos de nacimiento en el extranjero o por vínculos familiares, y han adaptado sus leyes para facilitar la conexión con sus diásporas.
Panamá, en cambio, mantiene una postura más restrictiva, su legislación no reconoce oficialmente la doble nacionalidad y exige a los naturalizados renunciar a su ciudadanía previa. Sin embargo, en la práctica, algunos ciudadanos la conservan si no completan formalmente la renuncia en su país de origen.
1. China
Desde 1980, la Ley de Nacionalidad establece que China no reconoce la doble ciudadanía. Si un ciudadano chino adquiere otra nacionalidad, automáticamente pierde la china. La lógica detrás de esta norma responde a la visión del Estado-Nación como unidad cerrada y al temor a las lealtades divididas.
2. India
La Constitución india, junto con la Ley de Ciudadanía de 1955, prohíbe la doble nacionalidad. En lugar de ella, se ofrece un estatus de “Overseas Citizen of India” (OCI), que permite residir y trabajar en el país, pero sin derechos políticos ni pasaporte indio. Esta medida se remonta al contexto posterior a la partición con Pakistán y a una visión de ciudadanía única.
3. Japón
Según su Ley de Nacionalidad, en vigor desde 1950, Japón permite la doble ciudadanía sólo hasta los 22 años. A esa edad, las personas deben elegir entre una u otra. Los naturalizados también deben renunciar a su ciudadanía anterior. Esta política busca preservar una identidad nacional homogénea.
4. Indonesia
La Ley de Ciudadanía de 2006 permite que los niños tengan doble nacionalidad hasta los 18 años (extensible a 21), pero luego deben elegir una sola. Indonesia heredó un enfoque nacionalista tras la independencia y busca evitar lealtades divididas en temas como el servicio militar.
5. Singapur
Desde su independencia en 1965, Singapur prohíbe la doble nacionalidad. La Constitución establece que quienes se naturalicen deben renunciar a su ciudadanía anterior y que los nacidos con doble nacionalidad deben optar por una al cumplir 22 años. El servicio militar obligatorio y la cohesión nacional son razones clave.
6. Malasia
La Constitución malaya prohíbe expresamente la doble nacionalidad. Quienes adquieren otra ciudadanía pierden automáticamente la malaya. Este enfoque se originó en la etapa postcolonial, como forma de consolidar la identidad nacional.
Lea también: Nueva Constitución establece control absoluto de la dictadura sobre la Policía y el Ejército
7. Kazajistán
Desde su Constitución de 1995, Kazajistán establece que la doble ciudadanía no es reconocida. La norma se enmarca en la construcción de una identidad nacional pos-soviética y en el control migratorio.
8. Ucrania
Legalmente, Ucrania adopta una doctrina de “ciudadanía única”. Aunque no siempre se aplica de forma estricta, la ley permite retirar la ciudadanía ucraniana a quienes adquieran otra. La norma busca reducir la influencia extranjera, especialmente de Rusia.
9. Emiratos Árabes Unidos (EAU)
La ley federal de 1972 prohíbe la doble ciudadanía como norma general. Sin embargo, desde 2021 se permiten excepciones específicas para ciertos perfiles como inversores, científicos y profesionales altamente calificados. El objetivo es atraer talento sin ceder en el control demográfico.
