Con la reforma constitucional, el régimen Ortega-Murillo elimina principios fundamentales como la justicia y la dignidad, según expertos. Estos cambios representan un retroceso histórico para los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, enfatizaron especialistas consultados por LA PRENSA.
Los principios fundamentales se refieren a los valores y derechos esenciales que deberían guiar la estructura y el funcionamiento del Estado, y que se encuentran entre los primeros artículos de la Constitución Política para garantizar una convivencia democrática y respetuosa de los derechos humanos.
“La dictadura está quitando lo que históricamente había sido la columna vertebral de la Constitución, que eran los principios de la justicia, la libertad y la dignidad humana. Y lo que están metiendo son principios ajenos a la tradición constitucional que tenemos”, señaló uno de los especialistas consultados.
En esta nueva Carta Magna se remplazan conceptos esenciales como justicia, libertad y dignidad. Los nuevos principios fundamentales, además, se convierten en límites y condicionantes para ejercer derechos previamente garantizados.
La nueva Constitución fue aprobada en primera legislatura el pasado 22 de noviembre y publicada en La Gaceta el lunes 25 de este mismo mes. Sin embargo, entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura el próximo año.
“Esto representa un nuevo modelo de Estado. Bajo ninguna circunstancia puede hacerse por reforma parcial. Toda vez que concentra poder en una representación que no está legitimada para hacerlo”, señaló el abogado Uriel Pineda.
No habrá libertad, justicia ni respeto a la dignidad de la persona
La modificación de artículos clave que garantizan la justicia, la libertad y la dignidad humana marca un claro retroceso hacia un modelo autoritario que debilita la estructura democrática y limita las libertades fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.
El artículo 5 de la Constitución vigente establece que son principios de la nación nicaragüense la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana y el pluralismo político y social. Esto contrasta con la Constitución orteguista, que eliminó estos principios. Pineda consideró que si se elimina el pluralismo político, también anula la existencia de una democracia como tal.
Lea también: Nueva Constitución establece control absoluto de la dictadura sobre la Policía y el Ejército
En los principios fundamentales de la nueva Carta Magna no se establece la dignidad de la persona, y en lugar de “pluralismo político”, se habla de “pluralismo cultural y social”.
“En la Constitución que están haciendo, establecen unos principios que no respetan a la persona, ni el pluralismo, ni la libertad, ni la justicia”, explicó un especialista que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
La seguridad y la paz como nuevos derechos irrenunciables
Uno de los elementos que más llamó la atención al especialista es que lo poco que dejaron de la Constitución vigente fue reducido en contenido, y ahora todos los principios están subordinados a la “seguridad y la paz”.
“Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás y por los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Es decir, que los derechos ahora están condicionados al respeto de la seguridad y la paz”, señaló, destacando que esos criterios son discrecionales.
El artículo 1 de la Constitución orteguista añade a la independencia, soberanía y autodeterminación nacional la “seguridad y la paz” como derechos irrenunciables del pueblo. Además, señala que quienes atenten contra esos derechos serán considerados traidores a la patria.
Asimismo, establece que el Estado reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas esenciales, quienes asumen la tarea de garantizar la soberanía, la seguridad y la paz.
Lea también: Rosario Murillo: el ascenso de la “copresidenta”
En opinión de Pineda, la dictadura incorpora la “seguridad y la paz” entre los principios fundamentales para establecer que quien se oponga al régimen es considerado traidor a la patria. “Es decir, desde el texto constitucional se genera una retórica que sustenta la política de persecución del Estado contra voces disidentes”, dijo Pineda.
Anuló las formas de participación ciudadana
La nueva Constitución, si bien reconoce la soberanía nacional que reside en el pueblo, el cual ejerce el protagonismo a través de instrumentos de democracia directa, elimina otras formas de participación ciudadana, como el referéndum y el plebiscito.
Además, excluyó mecanismos directos como los presupuestos participativos, las iniciativas ciudadanas, los consejos territoriales y las asambleas comunales de los pueblos originarios y afrodescendientes.
En esencia, la reforma establece que la soberanía del pueblo se ejerce únicamente por medio de sus instituciones y sus representantes, “elegidos por sufragio universal, directo y secreto”.
Adicionalmente, la nueva Carta Magna condicionará los derechos de reunión, manifestación pacífica y derechos políticos a la conveniencia de los nuevos principios fundamentales, que establecen como derecho principal la “seguridad y la paz”.
También incorpora en los principios fundamentales la “lucha por un nuevo orden multipolar” y eleva a rango constitucional el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de junio de 1986, que estableció responsabilidades de Estados Unidos por actividades militares y paramilitares en Nicaragua durante la década de los ochenta.