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Aunque la dictadura ha dejado claro que las personas que actualmente tienen otra u otras nacionalidades además de la nicaragüense no se verán afectadas por la reciente reforma constitucional, pobladores que cuentan con dos ciudadanías manifiestan incertidumbre por las consecuencias civiles y económicas que esto podría traerles en caso de que se vean afectados.
El régimen orteguista reformó el pasado 16 de mayo los artículos 23 y 25 de la nueva Constitución Política de Nicaragua, estableciendo que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”. Pero el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, ha reiterado que la reforma no se aplicará de forma retroactiva, es decir que será vigente hasta cuando se apruebe en segunda legislatura en enero de 2026.
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Un matrimonio de nicaragüenses que viajó a Canadá debido a la guerra civil de los años ochenta, consiguió en ese país su segunda nacionalidad y trabajó allí por más de 40 años. La reforma los ha dejado sumamente preocupado, afirmaron.
Los adultos mayores son jubilados y reciben una pensión de Canadá. Ambos regresaron a Nicaragua hace más de cinco años y, con su pensión, actualmente, logran vivir cómodamente en el país.
El temor de ambos es que, al perder la nacionalidad nicaragüense, tengan que regresar a Canadá para no perder su pensión, aunque allá esa cantidad no les permitiría vivir con comodidades y tendrían que volver a trabajar para sobrevivir, aunque su vejez y fuerzas ya no se lo permitan.
Nicas temen ser despojados de sus bienes
La misma incertidumbre se repite entre los nicaragüenses que salieron del país para «hacer dinero» y volver a sus tierras para descansar y disfrutar su vejez. Otro matrimonio nicaragüense, que migró junto a su hijo y nuera hace 20 años a Estados Unidos, expresaron a LA PRENSA el temor de perder su nacionalidad nicaragüense y sus bienes que con tanto sacrificio han conseguido.
Explicaron que todos se naturalizaron como estadounidenses y tienen ambas nacionalidades, aunque sólo la pareja de adultos mayores espera cumplir sin problemas sus planes de regresar a Nicaragua.
La pareja de adultos mayores confirmó que, aunque les duele separarse de sus hijos y tres nietas, sus planes son volver a Nicaragua una vez tengan lista su jubilación.
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“Mi esposa y yo tenemos más de 15 años trabajando en este país (Estados Unidos) y con eso ya logramos comprar una casa en Nicaragua. Con mucho esfuerzo le hemos hecho mejoras, la hemos acondicionado e incluso ya tenemos un terreno donde estamos construyendo otra casa. La idea es alquilar una casa, tener lo de la pensión y vivir tranquilos en Nicaragua, pero ahora, con esto, ya no sabemos qué vamos a hacer”, indicó uno de los adultos mayores.
Explicó que aunque uno de ellos ya consiguió la pensión de vejez, trabajando arduamente en la construcción en Estados Unidos, por el contexto sociopolítico de Nicaragua y porque los planes son volver juntos y que la segunda vivienda para alquilar esté lista, no han regresado.
«Queremos volver con todo listo, pero ahora el miedo es que si nos quitan la nacionalidad nos quiten todo, no sabemos qué puede hacer esta gente», agregó.
Robo de bienes podría concretarse
El abogado y extrabajador del poder judicial, Yader Morazán, explicó que las personas que pierdan su nacionalidad nicaragüense podrían también perder sus propiedades en Nicaragua, y que “al convertirse en extranjeros, estas personas podrían enfrentar restricciones administrativas, como dificultades en trámites registrales o acceso a la justicia”.
Un jurista experto en derecho constitucional, consultado por LA PRENSA y que pidió no ser citado con su nombre, resaltó que la nueva reforma del régimen afectará “gravemente” una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses.
Entre las afectaciones detalló que esta “atenta contra el derecho a la identidad, ya que elimina el vínculo jurídico que una persona tiene con su país de origen, afectando elementos tan esenciales como el nombre, la pertenencia cultural y la historia personal».
Además mencionó que también se violenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a «no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad».
Los expertos en Derecho concuerdan en que el régimen sandinista, aunque por ahora asegure que no se violentará lo establecido en la carta magna en relación con la irretroactividad de la ley, estos cambios estarían encaminados a fortalecer la política de persecución contra «toda voz crítica y toda oposición».
«Si analizás con los precedentes en que han usado, la privación de la nacionalidad como un arma para golpear a los opositores, entonces está clarísimo que no van a detenerse», dijo el especialista en Derecho Constitucional.
