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La dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, tiene en marcha un plan para despojar de la ciudadanía nicaragüense a toda persona que adquiera otra nacionalidad. En constraste, desde hace años ha nacionalizado a cuestionados gobernantes investigados por corrupción en sus países, terroristas e hijos de cuestionadas personalidades internacionales.
Terroristas protegidos por el FSLN
El italiano Alessio Casimirri, miembro de la organización extremista de izquierda Brigadas Rojas, fue nacionalizado ciudadano nicaragüense en los años ochenta, durante el primer régimen sandinista, lo que supuso una protección para que no fuera extraditado a su país de origen, donde hasta el día de hoy es requerido por la justicia por participar en el secuestro y asesinato del exprimer ministro Aldo Moro en 1978.
Casimirri llegó a Nicaragua en 1983 bajo la protección del FSLN. Adquirió la nacionalidad nicaragüense en 1988. Su extradición, solicitada por Italia ha sido denegada en varias ocasiones por las autoridades nicaragüenses. El argumento reiterado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido que la Constitución Política nicaragüense establece que no hay extradición por delitos políticos o comunes conexos, y que los ciudadanos nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.
Otros extranjeros con mala reputación no solo han sido nacionalizados nicaragüenses y tienen doble nacionalidad, sino que Ortega los ha convertido en sus embajadores en numerosos países.
Mohamed Farrara Lashtar
Uno de ellos es el sobrino del dictador libio asesinado, Muammar Gadafi, Mohamed Mohamed Farrara Lashtar, quien por un tiempo acumuló hasta ocho cargos de embajador en diferentes países de África, Medio Oriente y países árabes. Actualmente, Mohamed Farrara es embajador de Nicaragua en Kuwait, Egipto, Jordania, Reino de Bahréin y Arabia Saudita.
También tiene los cargos de secretario privado para asuntos internacionales de la Presidencia de Nicaragua y embajador especial para asuntos en el exterior y representante para África, Medio Oriente y países árabes.
Maurizio Gelli
Otro ejemplo es el hijo del fallecido italiano mafioso Licio Gelli, Maurizio Carlo Alberto Gelli, nacionalizado nicaragüense en 2009, es decir, dos años después del regreso de Ortega al poder (en 2007).
Gelli es embajador de Nicaragua ante España, donde tiene su sede, y es embajador concurrente en el Principado de Andorra, Grecia, en la República Helénica y la República de Eslovaquia, todos países ubicados en Europa. También es representante permanente de Nicaragua ante la Organización Mundial del Turismo.
Presidentes salvadoreños
El 6 de septiembre de 2016, Ortega concedió el asilo político al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, perseguido por la justicia de su país bajo la acusación de enriquecimiento ilícito durante su gestión de 2009 a 2014.
Funes y su familia integrada por su esposa, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes y Mauricio Alejandro Funes, fueron recibidos en Nicaragua. Tres años después, Funes y su familia fueron nacionalizados como nicaragüenses. Además, el expresidente salvadoreño ocupó un cargo en la Cancillería de Nicaragua como asesor presidencial de Ortega. Funes que murió en enero pasado tras una grave enfermedad.
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El 5 de diciembre de 2020, el exmandatario salvadoreño Salvador Sánchez Cerén —sobre quien pesa una orden de arresto en su país por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito—, también salió de El Salvador hacia Nicaragua en busca de asilo político. Posteriormente, en agosto del 2021 Ortega lo nacionalizó a él y meses después a todo su núcleo familiar.
Exfuncionarios hondureños
Tras la salida de Juan Orlando Hernández de la Presidencia de Honduras en 2022, surgieron rumores de que varios exfuncionarios del gobierno saliente estaban buscando Nicaragua como destino para refugiarse.
En junio de 2022, se confirmo oficialmente que la dictadura Ortega Murillo nacionalizó a los hondureños Ebal Díaz Lupián y Ricardo Cardona López, exfuncionarios de la administración de Juan Orlando Hernández (JOH), quien ya había sido extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
En la misma certificación, se oficializó la nacionalización de la esposa de Ebal Díaz, Jahel Rivera Pantoja, de 44 años y la hija de ambos, Salma Jahdi Díaz Rivera, de 19 años.
Y también se oficializó la nacionalización de la hondureña Claudia Mercedes Matute Vargas, de 49 años, y de José Ricardo Cardona Matute, de 19 años, esposa e hijo, respectivamente, de Ricardo Cardona López.
Díaz Lupián, exsecretario de la Presidencia, y Cardona López, secretario privado de la Presidencia, durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, son investigados en Honduras. Díaz Lupián fue denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de su país, junto con otros seis funcionarios por el supuesto «desvío de fondos», relacionados con el proyecto de las casas contenedores para las familias damnificadas durante el paso de los huracanes Iota y Eta.
La investigación del CNA fue denominada como “El ilusionismo de ‘El hombre’ de atrás” y expone un acto de corrupción por más de 69 millones de lempiras (casi tres millones de dólares).
En cuanto a Cardona, el CNA publicó una investigación donde se vincula a un caso de corrupción en Sedis, consistente en el otorgamiento de 581 acuerdos de nombramientos con altos salarios, sin reunir los requisitos legales. No obstante, la Fiscalía hondureña no ha hecho pública una investigación sobre él.
Los hijos de la activista palestina
Uno de los últimos casos fue la nacionalización de los hijos de la activista palestina Leila Khaled, Bader Fayez Rashid Helal y Bashar Fayez Rashid Helal, en agosto de 2024, un mes después de que ella visitó el país.
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