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El asilo político otorgado al exmandatario panameño Ricardo Martinelli en Nicaragua es sólo un nuevo caso que se agregará a una lista de personas polémicas a quienes el dictador Daniel Ortega les ha dado refugio, entre los que hay otros expresidentes y exfuncionarios públicos investigados por corrupción en sus países, extranjeros señalados de cometer terrorismo o narcotraficantes de alto nivel.
Esto ni siquiera es una nueva práctica del segundo régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega y su esposa Rosario Murillo, desde 2007. En la década de los ochenta, el primer gobierno sandinista también dio refugio a personas controversiales, algo que sigue causando polémica hasta el día de hoy.
¿Pero qué obtiene el régimen sandinista a cambio de estos polémicos asilos?
El abogado y analista político Eliseo Núñez Morales manifestó que el FSLN es una mafia y actúa como tal, ofreciendo favores y protección a cambio de otros favores.
Según Núñez, Ortega quiere mostrar que es capaz de dar protección sin importar lo que hayan hecho otros gobernantes, de lo que saca provecho mientras estos están en el poder.
«¿Por qué no los desecha después (cuando salen del poder)? Simple, porque son el producto que él enseña al resto: ‘Miren cómo trato de bien a quienes me han hecho favores'», consideró Núñez.
Los corruptos están dispuestos a pagar protección
Otro opositor y exfuncionario público que habló bajo condición de anonimato expresó que los gobernantes corruptos «son personas sin escrúpulos con mucho dinero mal habido, que están dispuestas a pagar protección en los países que los acogen para evadir la justicia».
«Ha sido una práctica tradicional en algunas partes y es un buen negocio para gobernantes también corruptos», dijo la fuente.
Los testimonios de personas vinculadas a quienes en el pasado fueron protegidas por los sandinistas, confirman que el FSLN pedía pagos millonarios por esa protección.
Sandinistas pidieron US$50 millones a Pablo Escobar
Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, reveló en entrevistas y en el libro “Pablo Escobar: Mi padre, las historias que no deberíamos saber, que su padre y él estuvieron refugiados en Nicaragua en la década de los ochenta, durante el primer gobierno del FSLN que también encabezó Daniel Ortega.
«Siendo un niño viví en Nicaragua y también en Panamá, y era evidente la protección de la cual (Escobar) gozaba en su momento. Quizá la de Panamá le duró menos y finalmente nos escapamos hacia Nicaragua como familia, a vivir. Pero era claro que había un compromiso por parte de las autoridades de turno, de darle una especie de protección”, reveló Marroquín hace cinco años en una entrevista a CNN.
Mientras que la examante de Escobar, Virginia Vallejo, reveló en su libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, que en 1984 el FSLN supuestamente le pidió al capo colombiano la suma de cincuenta millones de dólares.
“Ahí estaba, íngrimo con todos esos tipos tan feos en uniforme militar… pensando que podían arrojarme al mar porque les dije que nadie en el mundo tiene cincuenta millones de dólares líquidos. ¿Puedes creerlo? ¿Eso era lo que querían todos esos hijos de puta dizque de anticipo? ¡Sólo esa maricadita! ¡Qué tal! ¿Los comunistas creerán que el dinero crece en los árboles?”, habría dicho Escobar, de acuerdo con el libro de Vallejo.
“Lo importante es que me rebajaron el precio a una fracción y que yo tengo esa ruta, en caso que los gringos comiencen a presionar a (el entonces presidente de Panamá, Manuel Antonio) Noriega”, habría añadido Escobar, según el relato de Vallejo.
Terroristas protegidos por el FSLN
El italiano Alessio Casimirri, miembro de la organización extremista de izquierda Brigadas Rojas, fue nacionalizado ciudadano nicaragüense en los años ochenta, lo que supuso una protección para que no fuera extraditado a su país de origen, donde hasta el día de hoy es requerido por la justicia por participar en el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978.
Casimirri llegó a Nicaragua en 1983 bajo la protección del FSLN. Adquirió la nacionalidad nicaragüense en 1988. Su extradición, solicitada por Italia ha sido denegada en varias ocasiones por las autoridades nicaragüenses. El argumento reiterado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido que la Constitución Política nicaragüense establece que no hay extradición por delitos políticos o comunes conexos, y que los ciudadanos nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.
FARC
Uno de los primeros casos más mediáticos cuando Ortega ya había regresado al poder desde 2007 fue el asilo otorgado a tres colombianas vinculadas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización acusada de cometer violaciones a los derechos humanos, asesinatos, secuestros, atentados terroristas y sembrar minas antipersonales en Colombia.
Las colombianas de origen mexicano Martha Pérez Gutiérrez, Doris Bohórquez Torres y Lucía Morett recibieron asilo en Nicaragua en 2009, luego de sobrevivir a un ataque el 1 de marzo de 2008 de las Fuerzas Armadas de Colombia a un campamento de las FARC.
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Ortega las presentó en un acto oficial frente a los medios del país, cuando anunció que estaban recibiendo asilo político de su gobierno. Es conocida la cercanía de Ortega con líderes de las FARC e incluso sus encuentros en el pasado en campamentos militares.
El líder indígena amazónico de Perú, Alberto Pizango, también recibió asilo político en Nicaragua en 2009. Pizango es acusado por el gobierno peruano de instigar los enfrentamientos que dejaron al menos 24 policías y nueve indígenas muertos, según las cifras oficiales reveladas en su momento. Los delitos de los que se le acusaba y por los que tenía una orden de búsqueda y captura de la Fiscalía de Lima son los de sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos por los que habría sido condenado a hasta 35 años de cárcel.
En 2010, el régimen orteguista otorgó asilo político al hermano del guerrillero colombiano de las FARC, Rodrigo Granda (conocido como el Canciller), Rubén Darío Granda.
Rubén Darío Granda fue señalado por las autoridades colombianas de ser el encargado de realizar transacciones financieras millonarias con dinero de las FARC, entre las que se incluían compra de tierras, centros de recreación y bienes raíces.
Presidentes salvadoreños
El 6 de septiembre de 2016, Ortega concedió el asilo político al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014) y a su familia integrada por su esposa Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes y Mauricio Alejandro Funes. El exmandatario, que murió en enero pasado, era considerado un prófugo de la justicia salvadoreña y está acusado de enriquecimiento ilícito durante su gestión.
Cuatro años después, el 5 de diciembre de 2020, el exmandatario salvadoreño Salvador Sánchez Cerén —sobre quien pesa una orden de arresto en su país por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y según lo defraudado al Estado ronda los US$350 millones— salió de El Salvador hacia Nicaragua en busca de asilo político. Posteriormente, en agosto del 2021 el régimen lo nacionalizó a él y meses después a todo su núcleo familiar.
Exfuncionarios hondureños
Tras la salida de Juan Orlando Hernández de la Presidencia de Honduras en 2022, surgieron rumores de que varios exfuncionarios del gobierno saliente estaban buscando Nicaragua como destino para refugiarse.
En junio de 2022, se confirmo oficialmente que la dictadura Ortega Murillo nacionalizó a los hondureños Ebal Díaz Lupián y Ricardo Cardona López, exfuncionarios de la administración de Juan Orlando Hernández (JOH), quien ya había sido extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
En la misma certificación, se oficializó la nacionalización de la esposa de Ebal Díaz, Jahel Rivera Pantoja, de 44 años y la hija de ambos, Salma Jahdi Díaz Rivera, de 19 años.
Y también se oficializó la nacionalización de la hondureña Claudia Mercedes Matute Vargas, de 49 años, y de José Ricardo Cardona Matute, de 19 años, esposa e hijo, respectivamente, de Ricardo Cardona López.
Díaz Lupián, exsecretario de la Presidencia, y Cardona López, secretario privado de la Presidencia, durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, son investigados en Honduras. Díaz Lupián fue denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de su país, junto con otros seis funcionarios por el supuesto «desvío de fondos», relacionados con el proyecto de las casas contenedores para las familias damnificadas durante el paso de los huracanes Iota y Eta.
La investigación del CNA fue denominada como “El ilusionismo de ‘El hombre’ de atrás” y expone un acto de corrupción por más de 69 millones de lempiras (casi tres millones de dólares).
En cuanto a Cardona, el CNA publicó una investigación donde se vincula a un caso de corrupción en Sedis, consistente en el otorgamiento de 581 acuerdos de nombramientos con altos salarios, sin reunir los requisitos legales. No obstante, la Fiscalía hondureña no ha hecho pública una investigación sobre él.
Los hijos de la activista palestina
Uno de los últimos casos fue la nacionalización de los hijos de la activista palestina Leila Khaled, Bader Fayez Rashid Helal y Bashar Fayez Rashid Helal, en agosto de 2024, un mes después de que ella visitó el país.
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