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Aunque el presidente de la Asamblea Nacional —controlada por la dictadura de los Ortega Murillo— Gustavo Porras, aseguró que «está claro» que las reformas constitucionales no se aplican de forma retroactiva, aseguró que la modificación al artículo 25 de la nueva Constitución sandinista para eliminar la doble nacionalidad «va más allá de lo jurídico» y que responde a cuestiones «morales» de defensa de la patria. Por esta razón, especialistas consultados consideran que la aplicación de la medida contemplada en la nueva reforma deja a discrecionalidad de la dictadura el despojo de la nacionalidad.
«Está claro de que estamos decretando una reforma que cuando ya esté en su segunda aprobación, que entre en vigencia a partir de ahí. Cualquiera, al obtener la nacionalidad de otro país, pierde la nicaragüense. La propia Constitución dice de la irretroactividad de la ley. Pero esto va más allá de lo jurídico, esto es moral. Esto es de espíritu, es de patriotismo. Esto es de ese sentimiento que cuando leemos a nuestro general Sandino nos llena», señaló Porras el pasado viernes durante la aprobación de la reforma en primera legislatura.
A consideración de un especialista en derecho constitucional, consultado bajo anonimato por temor a represalias, la medida está encaminada en continuar silenciando a las voces críticas en el país, algo que el mismo Porras dejó entrever en su discurso.
➡️ Nicaragüenses que ya tienen doble nacionalidad no tendrían que verse afectados por reforma, según la dictadura
— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) May 20, 2025
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«Esta es una medida represiva dentro de una política de persecución contra toda voz crítica y toda oposición. Además, si lo analizás con los precedentes en que han usado, la privación de la nacionalidad como una arma para golpear a los opositores, entonces está clarísimo que no van a detenerse», dijo el especialista.
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Un documento que circula en redes sociales sobre «aclaraciones de la reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución», aclara que la reforma «no es retroactiva, o sea que todos aquellos nicaragüenses (adultos, jovenes o niños) que adquirieron doble nacionalidad, hasta antes que entre en vigencia la reforma constitucional, conservan su nacionalidad nicaragüense y la nacionalidad que adquirieron en el extranjero».
«Los nicaragüenses que estén realizando sus tramites de nacionalidad en otro país y que la resolución favorable de su caso sea emitida antes de que entre en vigencia la reforma constitucional (probablemente enero del 2026), conservan su nacionalidad nicaragüense y la nacionalidad adquirida en el extranjero», agrega el documento.
Las personas afectadas, en la teoría, serán aquellas que gestionen otra nacionalidad después de que entre en vigencia la reforma constitucional; pero en la práctica la dictadura aplica las legislaciones a su antojo.
Porras dice que despojo de la nacionalidad es legado de Sandino
El presidente de la Asamblea confirmó que la medida se encamina en la represión de la dictadura contra cualquier voz crítica, a la vez que refirió que la nacionalidad no es solo un trámite administrativo, sino un «compromiso exclusivo» con el país.
«Y ya habíamos comenzado cuando declaramos que los traidores a la patria en esa Constitución y en otras leyes pierde la nacionalidad y eso no nació del aire. Eso nació del pensamiento del general Sandino. Eso nació de aquella sentencia donde Sandino dijo claramente que los traidores Díaz y Chamorro perdían la nacionalidad por la actitud traidora. Y si ustedes ven, lo sintetizamos en nuestra Constitución. El vende patria y el traidor a Nicaragua deja de ser nicaragüense. Y aquel que a esta altura quiera servir a un estado extranjero que deje de ser nicaragüense», dijo Porras.
Porras aseveró que quienes deseen optar por otra nacionalidad una vez que entre en vigor la reforma constitucional, «están en su derecho», pero que perderán la nicaragüense.
«Y es absolutamente democrático. Si solo lo único que decimos es aquel que obtenga una nacionalidad extranjera, pierde la nicaragüense. La opción la toma él Pero los nicaragüenses sabemos lo que eso significa. Nosotros sabemos lo que eso significa», refirió Porras.
Retroactividad a conveniencia del régimen
Aunque la retroactividad de las leyes no está permitida en la Constitución, ni con las recientes reformas -y en la práctica se aplica en materia penal cuando beneficia al reo- de decidirlo, esta no sería la primera vez que la dictadura la aplica a su conveniencia.
En el marco del destierro de los 222 excarcelados políticos el 9 de febrero de 2023, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución para despojar de la nacionalidad a los nicaraguenses que el régimen considera traidores de la patria. La reforma debía ser ratificada en segunda legislatura, pero más bien aprobó la «Ley que regula la pérdida de la nacionalidad» y, aunque no estaba en vigor la reforma constitucional, la aplicó de forma retroactiva.
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Además, con la imposición de la nueva «Constitución» sandinista, los diputados aprobaron una moción retroactiva que ordena ampliar un año más el período en marcha de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ostentaron inmediatamente los cargos de «copresidentes», que contempla la nueva carta magna sandinista.
Por esta razón, el especialista no descarta que el régimen Ortega Murillo apruebe una reforma a la Ley que regula la pérdida de Nacionalidad antes de que la reforma a su constitución sandinista entre en vigor al ser ratificada en segunda legislatura (en 2026).