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La dictadura Ortega Murillo avanza en la aprobación, en segunda legislatura, de su Constitución sandinista, que les otorgará un control absoluto sobre todos los poderes del Estado, degradados por el régimen a simples “órganos”. Esta nueva Constitución, presentada por el régimen como una “reforma parcial”, es, según analistas consultados, la imposición de un nuevo estado totalitario opuesto a los compromisos asumidos por Nicaragua en convenios internacionales, incluso desde antes de la llegada al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La nueva Constitución sandinista, en su artículo 46, omite las menciones a los convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados por el Estado. En su lugar, asegura que se cumplirán “todos” los tratados.
“En materia de derechos humanos, democracia y acuerdos comerciales, esta nueva Constitución es crucial, porque existen normativas que obligan al cumplimiento de los pactos, tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos”, señaló un especialista consultado bajo condición de anonimato.
Añadió que “si un país no respeta estas normas, viola explícitamente este acuerdo, lo cual tiene implicaciones serias tanto a nivel regional como internacional”.
“Estamos claramente frente a un Estado que reniega de sus obligaciones internacionales y actúa como un Estado renegado del derecho internacional. Este tipo de comportamiento pone en peligro no solo el respeto por los derechos humanos, sino también la estabilidad de la comunidad internacional”, dijo el especialista.
Este martes 14 de enero, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en segunda legislatura los primeros dos artículos de la reforma constitucional que formaliza la concentración del poder en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y planea aprobar toda la reforma antes que acabe enero.
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Nueva Constitución no menciona los tratados internacionales
La nueva Constitución sandinista omite referencias a instrumentos clave como la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA.
Estos instrumentos son mencionados en la actual Constitución como parte del marco de protección estatal que garantiza los derechos de todas las personas en el territorio nicaragüense. La nueva Constitución se limita a afirmar que existe plena vigencia de los derechos establecidos en los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es parte, sin especificarlos.
El especialista en derechos humanos Uriel Pineda señaló a LA PRENSA que, aunque en teoría ampliar el cumplimiento de derechos humanos a todos los tratados internacionales podría ser un cambio positivo, esto solo sería viable en un Estado de derecho. Sin embargo, advirtió que la falta de independencia del poder judicial nicaragüense implica que no existe una garantía real de que estos derechos puedan ser invocados o aplicados.
“El sistema judicial responde a los intereses del régimen, por lo que cualquier posibilidad de hacer valer esos derechos se ve anulada”, indicó.
Pineda también señaló que, aunque la Constitución de 1988 incluye un catálogo aceptable de derechos humanos, Nicaragua no ha actualizado su normativa para incluir nuevos tratados en áreas como los derechos de los pueblos indígenas, personas con discapacidad y migrantes. Esta falta de actualización genera inconsistencias entre los convenios internacionales y el texto constitucional, lo que, según el especialista, debería corregirse para garantizar un verdadero Estado de derecho.
“Aunque en teoría esta reforma permite invocar cualquier tratado internacional, en la práctica no es posible debido a la falta de un sistema judicial imparcial. Por lo tanto, aunque la reforma pueda parecer positiva, el régimen la utiliza únicamente para mejorar su imagen ante la comunidad internacional”, señaló Pineda.
LA PRENSA/ARCHIVO
Cada tratado es diferente
Sobre la coherencia entre la nueva Constitución sandinista y los tratados internacionales vigentes, especialistas consultados indican que esto varía según el instrumento jurídico en cuestión. No obstante, coinciden en que la Constitución contradice las cláusulas de democracia y respeto a los derechos humanos de los acuerdos previamente firmados por Nicaragua.
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“Cada tratado internacional implica obligaciones generales y específicas. Entre las generales está el reconocimiento de los derechos en el ordenamiento interno. Esto no solo implica la suscripción del tratado, sino también su reafirmación en la legislación nacional. Nicaragua ha eludido esta responsabilidad en todos los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito”, dijo Pineda.
Dictadura no denunciará tratados, pero serán inaplicables
Pineda también comentó que no considera probable que el régimen denuncie formalmente los tratados internacionales, pero señaló que impondrá un marco jurídico que los volverá inaplicables en el país una vez que la Asamblea Nacional finalice la aprobación de la nueva Constitución.
“El régimen ha evitado formalmente excluirse de los tratados, pero los vuelve prácticamente inaplicables en el ámbito interno. Esta estrategia permite mantener una apariencia de compromiso internacional, aunque en la práctica no cumple con las obligaciones derivadas de estos tratados ni atiende las demandas de derechos humanos de la ciudadanía”, afirmó.
Además, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que los países que denuncian un tratado no quedan exentos de la obligación de cumplir lo dispuesto en este mientras siga vigente.
