Este jueves 9 de enero, los 90 diputados de la Asamblea Nacional retomaron labores con una tarea clave asignada por el régimen Ortega Murillo: aprobar el próximo lunes 13 de enero, en segunda legislatura, la nueva Constitución sandinista, según lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
La medida, que la dictadura presenta como una reforma parcial, según especialistas consultados por LA PRENSA, es ilegítima desde su origen. Por esta razón, la restructuración de todo el marco jurídico que derive de la imposición de la nueva Constitución, como también lo anunció el orteguista Porras ―es decir, la aprobación, derogación o reformas a centenares de leyes nicaragüenses que se traducirá en mayor inseguridad jurídica― también será nula, lo que profundizará la ilegitimidad de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Está claro que el régimen tiene urgencia en que se apruebe su nueva Constitución, incluso la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, ha insistido en ello.
La Constitución fue aprobada en primera legislatura el 22 de noviembre y publicada en La Gaceta el lunes 25 del mismo mes. No obstante, entrará en vigencia al aprobarse en segunda legislatura.
Todo lo que siga a la nueva Constitución carecerá de legitimidad
Especialistas consultados por este Diario señalaron que todo procedimiento derivado de la imposición de la nueva Constitución será ilegítimo.
“Lo primero que hay que aclarar es que el procedimiento seguido para esta supuesta reforma parcial viola las disposiciones de la Constitución vigente sobre los procesos legislativos. Esto no es una reforma parcial, sino una reforma total que está siendo aprobada de manera ilegal e inconstitucional. Los efectos legales de esta reforma son gravísimos”, explicó un especialista en derecho constitucional bajo condición de anonimato por temor a represalias, quien agregó que esta reforma debería considerarse nula desde el punto de vista constitucional.
Con esta reforma la dictadura pasa por alto el artículo 193 de la Constitución vigente, que establece que, en caso de reforma total, la Asamblea Nacional debe convocar a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Según el especialista, el procedimiento correcto no es el de una reforma parcial, como lo está implementando el régimen.
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Un marco jurídico para consolidar el totalitarismo
El especialista también advirtió que la aprobación de esta reforma total en segunda legislatura oficializará de manera ilegal un modelo totalitario y represivo, vigente desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007. La ilegitimidad de este modelo se agudizó con su reelección inconstitucional en 2011.
Después de la aprobación de esta reforma, el país entrará en una etapa de ajustes legales, incluyendo la aprobación o derogación de leyes para adecuarlas al modelo totalitario.
“La entrada en vigencia de esta Constitución traerá una serie de ajustes ilegales e inconstitucionales, como la reforma de leyes secundarias, reglamentos, y la reorganización del Estado. Incluso, se plantea centralizar el poder en una instancia bicéfala llamada ‘presidencia’, bajo el mando de dos ‘copresidentes’”, detalló el especialista.
Incertidumbre jurídica y más pérdida de derechos ciudadanos
Otro especialista consultado advirtió que la imposición de esta nueva Constitución creará un marco jurídico que continuará anulando derechos y garantías de los nicaragüenses.
“Esto generará incertidumbre jurídica para ciudadanos, empresas e instituciones. Nos enfrentamos a un modelo totalitario, dinástico y represivo, sin precedentes en el constitucionalismo nicaragüense”, indicó el experto.
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Además, señaló que el texto aprobado en primera legislatura no contiene disposiciones transitorias para su implementación, estableciendo únicamente que la Constitución entrará en vigor al ser publicada.
“Esto incrementará la incertidumbre, incluso entre los operadores del régimen, salvo que a última hora incorporen disposiciones transitorias o aprueben una ley marco. Sin embargo, esto sería una ilegalidad más en un proceso legislativo ya viciado”, advirtió.
Graves consecuencias políticas, sociales y económicas
Por otra parte, consideró que la extensión de mandatos presidenciales y legislativos a seis años, mediante una reforma inconstitucional, tendrá consecuencias graves en los ámbitos jurídico, político y social.
“Una reforma inconstitucional es nula. Por lo tanto, la extensión de los mandatos de Ortega y Murillo intensifica su ilegitimidad y la usurpación de funciones, vigente desde su reelección inconstitucional en 2011. Las decisiones tomadas bajo un mandato extendido de manera inconstitucional serán impugnables, generando inseguridad jurídica e inestabilidad económica en el país”, concluyó el especialista.