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La renuncia de Alba Luz Ramos Vanegas, de 77 años, como presidenta y magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —última ficha de Daniel Ortega en el máximo tribunal— dio paso a la conformación de un grupo de fieles a Rosario Murillo dispuestos a hacer cumplir sus intereses. Un control total que empodera a un grupo de funcionarios con antecedentes represivos, sumisos políticamente y cínicos.
¿Quiénes son los nuevos magistrados?
Ana Julia Guido: tiene 67 años y es la presidenta oficial de la CSJ desde el 1 de septiembre. Lleva 47 años como funcionaria pública, 27 de ellos en la Policía, donde fue la segunda al mando después de Aminta Granera. Estuvo ocho como fiscal general adjunta y luego 11 como fiscal general de la República. En noviembre del año pasado fue nombrada magistrada de la Corte. Por su participación en la represión desencadenada por el régimen contra los manifestantes desde 2018, Guido ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza. Ha sido señalada de organizar un equipo para fabricar expedientes contra opositores.
José Manuel Fuertes: Tiene 65 años. No se le conoce trayectoria dentro del Poder Judicial. Fue miembro del Consejo Departamental Electoral y secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Boaco. Su esposa es Yaoska Espinoza Peña, exalcaldesa de esa cabecera departamental, que ocupó el cargo en dos períodos. En sus primeras declaraciones públicas como vicepresidente de la CSJ prometió tolerancia cero a la corrupción, como si esta no fuese una de las características esenciales del régimen Ortega Murillo.
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María Elsa Frixione Ocón: se sabe que es abogada y notaria pública. Ha representado al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (Corte IDH). Antes de ser nombrada magistrada el 4 de diciembre de 2025, ella fungía como procuradora nacional constitucional y de lo contencioso administrativo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). En instancias internacionales, como representante del Estado, negó en 2014 que violaran los derechos humanos en el país.
Rosa Argentina Solís: se conoce que ha sido dirigente territorial del FSLN en Managua e integró la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua. Durante la crisis política, participó en las llamadas “audiencias informativas” a presos políticos en El Chipote, señaladas por sus irregularidades. En julio de 2023, Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel por su papel en acciones contra opositores del régimen Ortega-Murillo. El 28 de noviembre de 2025 fue juramentada como magistrada.
Ernesto Leonel Rodríguez Mejía: inició su carrera judicial en 2003 como juez de audiencia en Matagalpa y luego se trasladó a Managua, donde fue juez penal desde 2016. En febrero de 2019 fue ascendido a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y, en octubre de 2021, asumió la presidencia de esa instancia. En 2023, Estados Unidos lo sancionó por su participación en el despojo de la ciudadanía a 94 opositores nicaragüenses. El GHREN también lo señaló por supervisar procesos contra presos políticos. A finales de 2025 fue ascendido a magistrado de la CSJ.
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Octavio Ernesto Rothschuh Andino: Fue juez en Nueva Guinea, Juigalpa y Managua, antes de ser nombrado magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) en 2018. En julio de 2021 lo eligieron presidente de la Sala Penal Uno del TAM. También se le conoce por ser el que declaró “traidores a la patria” a 222 nicaragüenses y ordenó su “deportación inmediata”. Por ello, un mes después Estados Unidos lo sancionó. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) lo incluyó entre los 54 funcionarios señalados como responsables de la represión en Nicaragua.
Shura Bonilyn Welcome Crawford: es originaria de Corn Island; ahí se desempeñó como fiscal y jueza local única. Después pasó al Distrito Penal de Juicios de Bluefields. También se le conoce por haber declarado culpable a la periodista Kalúa Salazar por el delito de “calumnias” en 2020. Está vinculada a la familia del magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell. El 25 de noviembre del año pasado fue juramentada como magistrada de la CSJ.
Juana Méndez Pérez: desde joven se integró al FSLN. Formó parte de la Dirección General de Seguridad del Estado en los años ochenta. Es viuda del comandante guerrillero Walter Ferreti. En sus tiempos de jueza se le conoció por ser quien archivó la acusación por abuso sexual presentada contra Daniel Ortega por su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo; también condenó al expresidente Arnoldo Alemán a 20 años por varios delitos en 2003. Asumió como magistrada de la Corte en 2007. En 2025 fue temporalmente apartada de la CSJ, pero regresó un día después. Ha sido la única magistrada que ha sobrevivido a la purga en el máximo tribunal.
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Antes de sus nombramientos, según el sitio web del Poder Judicial, la Corte estaba integrada por 10 magistrados: Alba Luz Ramos Vanegas, Marvin Ramiro Aguilar García, Yadira Centeno González, Armengol Cuadra López, José Manuel Martínez Sevilla, Armando José Juárez López, Gerardo Arce Castaño, Ellen Joy Lewin Downs, Virgilio Gurdián Castellón y Juana Méndez Pérez. A excepción de Méndez, Ramos «renunció» este año y el resto en 2025.
Todavía falta saber qué magistrado reemplazará a Ramos, pero es un hecho que el criterio de selección de los actuales ha descansado en la lealtad al FSLN, pero también en una serie de antecedentes en que los denuncian por violaciones de derechos humanos.
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Control judicial en función de intereses políticos
El experto en derechos humanos Uriel Pineda señala que la purga en el Poder Judicial y los nombramientos de los magistrados que conforman la nueva CSJ son “movimientos” para “eliminar pequeños feudos de poder” y pasar del control político al administrativo. “Alba Luz Ramos al presidir la Corte o los otros magistrados tenían algún margen de maniobra política de colocar gente, de incidir, de alguna corrupción, digamos, a nivel medio y eso viene a anularse. Es centralizar cualquier operación de poder en Nicaragua por medio del control judicial”, expone.
Pablo Cuevas, director y fundador de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), dice que esta nueva Corte “funcionará en razón de los intereses de la pareja gobernante” y que “las purgas ejecutadas en dicho poder judicial pretenden mantener en terror a quienes laboran en dicha instancia”.
En 2025, las reformas constitucionales que convirtieron a Murillo en «copresidente» oficializaron la abolición de la independencia de los poderes del Estado, entre ellos la CSJ dirigida formalmente por Guido desde hace unos días. La gestión de su antecesora también estará marcada por la manipulación de la justicia que permitió favorecer los intereses de Ortega, eliminar a partidos de oposición, perseguir y encarcelar a opositores.
