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La aprobación en primera legislatura de la reforma constitucional promovida por Daniel Ortega y Rosario Murillo el primero de septiembre de 2026, por un Poder Legislativo usurpado, no puede ser leída como una simple reforma constitucional ni como un asunto exclusivamente interno de un país. Esto es parte de un proceso de concentración del poder, autoritarismo y desmantelamiento progresivo del Estado democrático de derecho.
Esto nos lleva a un hecho mucho más grave: el intento de convertir en norma constitucional un modelo de dinastía para reducir la competencia política, debilitar los contrapesos institucionales y hacer cada vez más difícil la alternancia democrática bajo un ejercicio democrático y constitucional. Una Constitución debería limitar el poder, otorgar y proteger derechos, garantizar las libertades para que ningún gobernante pueda apropiarse de las instituciones del Estado como un bien propio. Cuando ocurre lo contrario —cuando la Constitución comienza a ser modificada para proteger al poder de quienes lo ejercen— la ley deja de funcionar como límite y empieza a convertirse en instrumento de dominación y justificación de lo inadmisible ante hechos que destruyen todo camino hacia la libertad y la democracia.
La situación de Nicaragua no está aislada del resto del hemisferio. Lo que hoy se permite allí puede convertirse mañana en un precedente para otros gobiernos. Si la comunidad interamericana acepta, sin consecuencias efectivas, que un mandatario pueda cambiar las reglas del juego para restringir a sus adversarios y dificultar su propia salida del poder sin ninguna resistencia, el mensaje que se envía es devastador: que la democracia puede ser vaciada desde dentro utilizando sus propios mecanismos legales para sustituir lo constitucional por prácticas claramente inconstitucionales, al apartarse de los procedimientos y límites establecidos en la Carta Magna y tratados internacionales.
Hoy son Ortega y Rosario Murillo. Mañana puede ser otro mandatario, de cualquier ideología y en cualquier país, grande o pequeño, emergente o desarrollado. Esa es la verdadera dimensión del problema: la consolidación de un precedente que no solo se alimenta de la ambición de un poder absoluto y “permanente”, sino también —de manera indirecta pero jurídicamente relevante— de la conducta de aquellos Estados que guardan silencio, actúan con indiferencia burocrática, justifican por afinidades ideológicas o simplemente omiten reaccionar frente a prácticas que vulneran el orden constitucional. La inacción, la tolerancia y la complicidad pasiva contribuyen a la erosión regional del Estado de derecho y generan responsabilidad política y moral en la comunidad internacional, al facilitar que otros gobiernos puedan replicar o normalizar modelos autoritarios.
No se trata de defender solo una Constitución determinada ni de combatir a un gobernante por razones partidarias o ideológicas. Se trata de defender un principio elemental: la democracia. El poder político debe pertenecer temporalmente a quienes reciben el mandato ciudadano; no pertenece a quienes usurpan las instituciones mediante la instauración de una dinastía y la concentración absoluta del poder.
Si permitimos que cada gobierno pueda rediseñar las reglas constitucionales para garantizar su permanencia bajo la justificación de la autonomía de los pueblos, la alternancia deja de ser un derecho democrático y se convierte en una concesión del gobernante.
Por eso, lo que ocurre en Nicaragua también concierne a toda la comunidad democrática. La defensa de la democracia en cualquier país es un compromiso legítimo de todo Estado que se reconoce como guardián de las libertades y de los derechos humanos. Acompañar a un pueblo frente a violaciones graves no es una intromisión en su soberanía, sino un acto de respaldo a la construcción de una soberanía auténtica, basada en la libertad y en la dignidad de sus propios ciudadanos.
El autor es abogado nicaragüense.
