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La nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ana Julia Guido Ochoa, aseguró que le da risa que la llamen “traficante y asaltabancos”. La funcionaria hace referencia a titulares de medios de comunicación, en los que destacan su pasado en las filas del sandinismo cuando participó en el asalto a una sucursal del Banco Nacional en Jinotega.
Ana Julia Guido se convirtió oficialmente en presidenta de la CSJ el 1 de septiembre cuando fue juramentada en la Asamblea Nacional, el mismo día en que los diputados aceptaron la renuncia de Alba Luz Ramos por “razones de salud y jubilación”. Desde el 25 de agosto, Guido ya era llamada “presidenta por la ley” en los documentos oficiales como cuando asistió a ofrecer su respaldo al proceso de “consultas” a la reforma constitucional.
“Yo tengo una militancia de la cual me siento muy orgullosa. A mí me da un poco de risa cuando los golpistas dicen ‘traficante y asaltabancos’ nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia”, dijo entre risas la nueva presidenta de la CSJ durante una entrevista transmitida el sábado 5 de septiembre en el oficialista Canal 8, propiedad de la familia gobernante en Nicaragua.
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Guido se refiere al asalto al Banco Nacional de Nicaragua que estaba en la localidad de Abisinia del municipio El Cuá, en el departamento de Jinotega. Ocurrió el 18 de diciembre de 1974. La entonces guerrillera de 15 años participó junto a otros miembros de la guerrilla sandinista. Se trataba de un operativo que llamaban pomposamente de “recuperación económica”, dirigido por Juan de Dios Muñoz.
“Cualquier cosa que digan (los opositores) me da risa, porque esos son asuntos que todos teníamos que hacer para sobrevivir en aquellos momentos de lucha contra el somocismo. Nosotros trabajamos en función de sostener la organización… teníamos a veces que hacer recuperaciones económicas”, continuó Guido.
Régimen desconocerá decisión de cancilleres en la OEA
La nueva presidenta de la CSJ, una de las fichas represoras de la dictadura desde que fue fiscal, asume el cargo cuando existe fuerte presión internacional a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La tarde del 3 de septiembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó los requerimientos para la reunión de cancilleres en la que abordarán próximamente la situación de Nicaragua y decidirán qué acciones tomarán frente al régimen.
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Al respecto, Guido dijo en la entrevista que desconocerán cualquier decisión que se tome sobre Nicaragua “en una rueda de cancilleres o lo que sea” porque “la autodeterminación y la independencia nos ha costado mucha sangre”.
Su posición respalda la decisión de los diputados del FSLN que hicieron un ajuste para aprobar una disposición que establece que “la Constitución Política de la República de Nicaragua prohíbe, por tanto no permite, extraterritorialidad de leyes extranjeras”.
Se trata de la adición de un párrafo al final del artículo 12 de la Constitución, en el que al final rematan: “ninguna ley, reglamento o normativa emitida por otro Estado, grupo de Estados u organismo internacional que ponga en riesgo la Independencia, la Soberanía, la Autodeterminación Nacional, la Seguridad y la Paz del Pueblo y la Nación nicaragüense, surtirá efectos jurídicos en el territorio nacional”.
La trayectoria represora de Guido
Ana Julia Guido tiene una larga trayectoria en el Frente Sandinista, pero también como funcionaria del Estado con señalamientos de liderar una oficina en la que se fabricaban expedientes contra los presos políticos. Antes de ser fiscal, fue miembro de la Policía durante 27 años hasta su retiro en el 2006. Fue comisionada general y alcanzó el rango de subdirectora.
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Tras su retiro de la Policía, otra institución sometida al orteguismo, Guido fue nombrada por Ortega fiscal general adjunta. Permaneció en el cargo por ocho años hasta que en 2014 pasó a ocupar el puesto de Julio Centeno Gómez como fiscal general de la República. Ahí estuvo durante 11 años. Tras la purga ordenada por Rosario Murillo en el Poder Judicial, Guido pasó a ser magistrada de la CSJ y posteriormente presidenta.
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Por su participación en la represión desencadenada por el régimen contra los manifestantes desde 2018, Guido ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza.
Como fiscal General de la República, Guido “ayudó a formar un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional nicaragüense, entidad bajo sanciones de EE.UU., para fabricar casos contra prisioneros políticos. Además, la nueva presidenta de la CSJ creó una unidad especializada que se dedicó en los últimos dos años a presentar acusaciones contra manifestantes pacíficos”, sostiene un documento del Departamento de Estado publicado el 9 de octubre de 2020.
