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En una sesión especial en la ciudad de León, la Asamblea Nacional acompañada de fanáticos sandinistas, aprobó de “forma unánime” la reforma constitucional que le permitirá al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo perpetuarse en el poder a través de periodos de gobierno de siete años prorrogables.
La reforma fue aprobada tras 36 días de “consultas” luego que el dictador Daniel Ortega anunciara que en el país “no volverá a haber elecciones”. Decisión que le valió el rechazo y la condena internacional, a tal punto que la Organización de Estados Americanos (OEA) se prepara para una reunión de cancilleres para abordar la crisis de Nicaragua y decidir qué acciones tomarán frente al régimen.
“Se aprueba en forma unánime en lo general (la reforma)”, dijo Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, después de pedir a los presentes se pusieran de pie si estaban de acuerdo con el mandato de los codictadores Ortega y Murillo.
¿Qué cambia con la reforma constitucional?
La nueva reforma modifica los artículos 12, 47, 122, 123, 130, 132, 142, 143, 150, 152, 155, 164 y 166 de la Constitución Política actual y entrará en vigencia una vez que se apruebe en segunda legislatura en el 2027.
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El documento leído por los diputados de la Asamblea Nacional consta de ocho artículos, en los que, en síntesis, se establece la extensión de los períodos de gobierno de seis a siete años prorrogables para los cargos de copresidentes, de elección popular, jefaturas del Ejército, la Policía y los de designación ejecutiva y legislativa.
Impide a los “traidores a la patria” o “golpistas”, como el régimen llama a los opositores expulsados del país, participar en las elecciones. Da potestad al Consejo Supremo Electoral (CSE) para quitar la personería jurídica a partidos políticos financiados por Estados Unidos.
También cambia la fecha de toma de posesión presidencial del 10 al 18 de enero. Es decir, ya no será el día del asesinato del Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, sino el día del nacimiento de Rubén Darío.
Una “consulta” avalada por el mismo régimen
Tal como la misma Rosario Murillo lo había indicado en sus alocuciones, Porras leyó las conclusiones del informe de la Comisión Especial Institucional encargada del proceso de “consultas”, en las que no participó ningún opositor ni tampoco organizaciones de la sociedad civil.
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Al proceso solo fueron invitados el cuerpo diplomático acreditado en el país, algunos sectores económicos y de trabajadores, las instituciones estatales, las jefaturas del Ejército y la Policía, y varios de los hijos de la pareja dictatorial. Todos respaldaron las reformas.
“Emitimos el presente dictamen favorable y unánime a la iniciativa de ley a la reforma parcial de la Constitución a la República de Nicaragua”, leyó Porras previo a la aprobación de la reforma.
Una vez más, Ortega y Murillo imponen su voluntad sobre el pueblo de Nicaragua, esta vez en medio de fuertes presiones internacionales, principalmente de Estados Unidos. Fue la Misión Permanente de ese país la que solicitó en la OEA una reunión de cancilleres para abordar el tema de Nicaragua. Además, la administración de Donald Trump nominó a una nueva embajadora en Managua y en el Senado estadounidense también se promueve una ley para imponer más sanciones al régimen.
El régimen Ortega-Murillo lleva 19 años en el poder y ha sido señalado desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellas, asesinatos, privación de nacionalidad, represión trasnacional y mantiene en la actualidad al menos 60 presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
