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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en prisión política a 51 hombres y nueve mujeres. Al menos 23 de estas personas se encuentran en condición de desaparición forzada, según el más reciente informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 31 de julio de 2026.
De las 60 personas presas políticas, 15 son adultos mayores, cuya vida está en riesgo. Desde 2018, el Mecanismo ha reconocido a 1,506 personas como presas políticas en Nicaragua.
El registro de julio representa un incremento de 14 personas respecto al informe correspondiente a mayo. Sin embargo, el Mecanismo aclara que este aumento no significa que todas las incorporaciones correspondan a detenciones recientes.
Seis de las nuevas personas registradas pertenecen al grupo familiar de Brooklyn Rivera y fueron detenidas el 31 de mayo de 2026 en Managua cuando intentaban reclamar el cuerpo del líder indígena para darle sepultura.
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Incorporaciones tardías a la lista de desaparecidos: los casos sonados de Elvia Yunieth Flores y Alain Piedra
Las otras ocho incorporaciones corresponden a denuncias recibidas tardíamente. Siete de ellas fueron detenidas durante 2025, entre estas Elvia Yunieth Flores Castillo, la mujer desaparecida desde marzo de 2025 y que según denunció su hermano Santos Sebastián Flores Castillo en 2005, habría sido abusada sexualmente por el dictador Daniel Ortega en esa época, cuando ella tenía 15 años, y con quien en ese momento habría tenido una hija.
Santos Sebastián murió el 8 de noviembre de 2021 a los 52 años en el en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo en Tipitapa, Managua.
Otro de los desaparecidos es Alain Piedra Hernández, un empresario cafetalero estadounidense con raíces cubanas, de 53 años, que vivía en Sébaco, Matagalpa y hacía negocios en Nicaragua desde 2011. El motivo de su desaparición no está del todo claro. Entre los cafetaleros matagalpinos se maneja que Piedra Hernández fue acusado por narcotráfico después de hacer negocios que salieron mal con personas allegadas al Frente Sandinista y a la dictadura
Temor y falsa esperanza impiden denuncia oportuna
El Mecanismo atribuye el retraso de las denuncias al temor de las familias a sufrir represalias, las amenazas recibidas durante las detenciones y la expectativa de que los detenidos fueran liberados en poco tiempo.
Indígenas, campesinos y opositores representan la mayoría
Los perfiles que tienen mayor presencia dentro del registro corresponden a integrantes o líderes de comunidades indígenas, que representan el 30 por ciento de los casos.
Le siguen campesinos y campesinas, con 17 por ciento y manifestantes o personas opositoras, con 15 por ciento.
La situación es particularmente grave en la Costa Caribe, de donde proceden 18 de las 60 personas reconocidas como presas políticas. Ocho de las personas que permanecen desaparecidas también son originarias de esa región.
El informe señala que entre los detenidos se encuentran autoridades comunales, dirigentes indígenas y al menos siete guardabosques vinculados con la reserva de Bosawás.
Según el Mecanismo, las detenciones de líderes indígenas estarían relacionadas con disputas por tierras y recursos naturales.
Enfermedades se agudizan
El informe también documenta el deterioro de las condiciones de salud de varias personas privadas de libertad.
Entre los padecimientos reportados figuran diabetes, hipertensión y enfermedades mentales, además de problemas que aparecieron o se agravaron después de las detenciones, como fiebre, dolores renales, afecciones hepáticas e infecciones urinarias.
En al menos dos casos, las familias tuvieron que proporcionar antibióticos y analgésicos debido a la falta de atención médica especializada.
El Mecanismo también documentó denuncias de malos tratos. Uno de los casos descritos corresponde a una persona que habría sido sacada de su celda, atada de pies y manos y golpeada por custodios antes de ser trasladada a una celda de aislamiento. Posteriormente, según el informe, presentó pensamientos suicidas.
También se registraron denuncias relacionadas con el suministro de agua y alimentos. En dos casos, las personas detenidas habrían consumido agua o alimentos que contenían cal o bicarbonato, situación que coincidió con dolores renales y malestares estomacales.
23 desaparecidos
Uno de los principales señalamientos del informe es que 23 de las 60 personas presas políticas permanecen en condición de desaparición forzada. De ellas, 18 tienen un perfil público y cinco permanecen bajo reserva.
El grupo incluye a dos menores de edad y a familias completas detenidas en lo que el Mecanismo describe como operativos de represalia colectiva.
Uno de los casos más prolongados es el de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, quien acumula 896 días en desaparición.
El informe también recuerda el caso de Brooklyn Rivera, quien permaneció oculto durante más de 970 días antes de ser presentado en condición crítica y morir días después bajo custodia estatal.
El Mecanismo considera su muerte como el antecedente más grave sobre los riesgos asociados con la desaparición forzada de personas detenidas por motivos políticos.
Alarma por adultos mayores
De las 15 personas adultas mayores incluidas en el registro, todas padecen enfermedades crónicas. Ocho de ellas permanecen desaparecidas, por lo que sus familiares no pueden verificar si están recibiendo tratamiento médico.
Entre los casos se encuentra Henry Hildefonso Ruiz Hernández, de 82 años, la persona de mayor edad incluida en el listado.
El informe recuerda que el Reglamento de la Ley N.º 473 contempla medidas alternativas a la prisión para personas mayores de 70 años y para quienes padecen enfermedades crónicas o terminales.
Denuncian confiscaciones y despojo de propiedades
El Mecanismo también documenta un patrón de confiscación y despojo de propiedades de personas perseguidas políticamente.
Según el informe, estas acciones se habrían realizado mediante diferentes mecanismos, desde el robo de bienes durante allanamientos hasta la presión y coacción para que los propietarios entregaran escrituras.
El documento señala a la Procuraduría General de Justicia como una institución utilizada dentro de estos procesos.
En el caso de las comunidades mayangnas, las denuncias apuntan a que la detención de líderes indígenas tendría como propósito facilitar el control estatal de zonas de minería y territorios con tierras fértiles.
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Ante esta situación, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas exige al Estado de Nicaragua pruebas de vida de las 23 personas desaparecidas, información verificable sobre sus lugares de detención y acceso independiente para comprobar las condiciones en las que permanecen privadas de libertad.
El informe sostiene que conocer el paradero de estas personas y garantizar que sus familias puedan verificar su estado constituye una obligación fundamental del Estado frente a las denuncias de desaparición forzada.
