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Tres encapuchados irrumpen con armas en mano en una sucursal bancaria de Abisinia, en Jinotega. “¡Manos arriba! Esta es una acción del Frente Sandinista de Liberación Nacional”, grita uno de ellos.
Los clientes del banco levantan sus manos y se tiran al suelo, con miedo, mientras uno de los asaltantes ordena a un cajero que meta el dinero en bolsas negras. “¡Rápido!”, le insiste, mientras le apunta en la cabeza con su revólver. Uno de los encapuchados es en realidad una jovencita de 15 años en su primera operación con la guerrilla. Ana Julia Guido, se llama.
Los guerrilleros Juan de Dios Muñoz y René Núñez la reclutaron tres meses atrás, en octubre de 1974. No eran desconocidos para ella, pues ambos llegaban a su casa en Matagalpa junto a otros rebeldes porque los padres de la joven eran colaboradores del Frente Sandinista y les daban refugio, comida y les guardaban armas.

Tras un breve entrenamiento en la montaña, Muñoz le dijo a Guido que se fuera con él para una operación, pero solamente un día antes de la acción supo que se trataba del asalto a la sucursal del Banco Nacional, en la hacienda La Sorpresa, en Abisinia.
Ese 18 de diciembre de 1974 que asaltaron el banco, Guido llegó junto a Muñoz, Aurelio Carrasco, Inés Hernández, René Núñez y Carlos Agüero en una camioneta robada.
Muñoz se quedó en el vehículo esperando al grupo, mientras que Carrasco y Hernández se quedaron afuera haciendo guardia. Núñez, Agüero y Guido entraron por el botín.
En las bolsas que se llevaron los guerrilleros alcanzaron 41,972 córdobas de la época, según un registro de asaltos bancarios hechos por el Frente Sandinista de la Biblioteca Enrique Bolaños. Los sandinistas llamaban a estos robos “recuperaciones económicas”.
El grupo huyó con el botín y aquella fue la primera acción guerrillera de Ana Julia Guido, quien 51 años después es la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CJS), un nuevo cargo otorgado por la pareja dictatorial a una de sus fichas más leales.
Tiene 66 años y una trayectoria de disciplina dentro del Frente Sandinista y las diferentes instituciones por las que ha pasado. Pasó por el Ministerio del Interior de Tomás Borge, intentó ser jefa policial y a pesar de su inexperiencia Ortega la convirtió en su fiscal general desde donde persiguió a opositores y armó casos absurdos contra los detractores políticos del dictador.
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Quienes la conocen en el Ministerio Público aseguran que “es una mujer reservada. No le gusta hablar de su vida personal”, detalla una persona que trabajó con ella. “A nadie le gustaba hacerla enojar porque esa señora es el diablo en persona”, dice.
Sandinista desde la cuna
Ana Julia Guido bromea con que probablemente es “descendiente de los flecheros de Matagalpa”. No hay ninguna prueba de ello, pero sí es hija de dos colaboradores históricos del Frente Sandinista y creció en un hogar fervientemente rojinegro.
Su padre era Julio César Guido, un campesino que estuvo preso y fue torturado por la Guardia Nacional por colaborar con la guerrilla. El hombre tenía una propiedad cerca de El Cuá la cual les prestaba a los rebeldes para que se ocultaran y entrenaran.

Su madre, María Bárbara Ochoa, era quien acogía a los guerrilleros y les guardaba las armas en su casa cuando estos pasaban por Matagalpa.
La pareja tuvo seis hijos, pero dos murieron en la lucha contra Somoza. Uno era Justo José Guido, quien murió en combate en el cerro Kilambé, a los 15 años, el 25 de julio de 1977.
El otro, Leonel Guido, murió el 19 de julio de 1979, el día del triunfo de la Revolución, cuando emboscó junto a otros guerrilleros a un grupo de guardias en Sébaco y estos respondieron con fuego.
En la montaña
Después del asalto a la sucursal bancaria de Abisinia, Ana Julia Guido se fue con Juan de Dios hacia Matagalpa. El resto del grupo se regresó a la montaña con el botín, según contó ella misma en una entrevista que dio al oficialista Canal 4 en 2023.
“Nos dijeron que se trataba de una recuperación económica porque el Frente Sandinista necesitaba abastecerse, en la montaña no había recursos”, detalló.
Estuvieron en Matagalpa por varios días, hasta que la Guardia Nacional hizo una redada y metió presos a varios guerrilleros y a colaboradores de la zona. Guido y Muñoz decidieron irse en bus a Managua para esconderse y cuando iban en camino escucharon una información de última hora en la radio.
“Un grupo del Frente Sandinista secuestró a funcionarios del Gobierno”, dijo el locutor. Aquella acción era el asalto a la casa del Chema Castillo, el 28 de diciembre de 1974, la cual permitió que Daniel Ortega fuese liberado, tras siete años en prisión.
“Nosotros solo nos volteamos a ver y nos quedamos calladitos” en el bus, recordó Guido.
Una vez que llegaron a Managua, se encontraron con René Núñez y se dirigieron a León. Posteriormente se fueron a esconder a Telica en donde permanecieron varios meses recibiendo entrenamiento y “clases de historia del Frente Sandinista”. Estas eran impartidas por Tomás Borge, quien años después se llevaría a Guido al Ministerio del Interior.
Pasó dos años enmontañada, hasta que fue capturada el 15 de septiembre de 1977 cuando trató de cruzar el río Guani, en Siuna. Fue condenada a 9 meses de servicio comunitario por los delitos de sedición y portación ilegal de armas. Estuvo presa en Puerto Cabezas y cuando cumplió su condena fue liberada.
Guido contó en Canal 4 que al salir de prisión se incorporó a la guerrilla y fue enviada a Estelí para crear una ruta que funcionaría para trasladar armas desde Honduras. “Yo llevaba las armas en mula o a veces a pie”, relató.

Autoritaria
Tras el triunfo de la Revolución, Ana Julia Guido pasó a trabajar en el Ministerio del Interior (Mint) a cargo de Tomás Borge. Una persona que trabajó con ella en aquel entonces recuerda que el mismo Borge la colocó en la oficina de Seguridad Personal, encargada de dar protección a los funcionarios del gobierno, incluidos los comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista.
“La mandaron a que terminara la secundaria porque había llegado como a segundo año. Entonces, después de que la terminó se metió a estudiar Derecho en la UCA”, relata la fuente.
Para entonces Guido estudiaba en la universidad y en paralelo ejercía sus funciones en el Mint. Ya mostraba entonces “una actitud autoritaria” con sus subordinados “e incluso con la gente que tenía a la par pues. Vivía amargada y nadie la quería hacer enojar”, recuerda la persona que trabajó con ella.
Tras la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990, Guido se convirtió en policía después de una reconfiguración del Mint, que pasó a llamarse Ministerio de Gobernación (Migob) y la oficina en la que ella trabajaba pasó a ser una dependencia de la Policía Nacional.
A mediados de los noventa fue nombrada jefa de Asuntos Internos de la Policía, luego pasó a ser directora de Seguridad Pública Nacional y ascendida a comisionada general.
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Para inicios del 2006, Guido protagonizó una pugna interna con Aminta Granera por ver quién se convertiría en la jefa policial y sucesora de Edwin Cordero. La decisión estaba en manos de Enrique Bolaños, el entonces presidente de Nicaragua.
Sin embargo, de Guido se conocían sus vínculos con el Frente Sandinista y se le señalaba de ser ficha de Daniel Ortega. Ella respondió a esos señalamientos en un artículo publicado en la revista Envío.
“Me vinculan supuestamente a Daniel Ortega y Lenín Cerna. Yo estoy apegada completamente a la ley y eso es lo que me interesa. No tengo ningún compromiso económico ni político con nadie. Yo cuido a la institución, quiero a la institución, yo no soy ficha de nadie, no estoy en promoción, no estoy en campaña, estoy cumpliendo con mi trabajo”, dijo.

El 5 de septiembre de 2006, Bolaños nombró a Granera como directora de la Policía, mientras que Guido pasó a retiro.
Ortega al rescate
Después de que Daniel Ortega regresó al poder en 2007, Ana Julia Guido apareció como su propuesta para ser la fiscal general adjunta, siendo la segunda de Julio Centeno Gómez. “Ese fue su premio de consolación porque no pudo ser la jefa de la Policía”, valora la fuente que la conoció.
Su nombramiento fue criticado en su momento porque el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establecía que para ser fiscal general o fiscal adjunto se requería “haber ejercido la profesión por lo menos durante diez años o haber sido magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años”. Guido no cumplía con ninguna, pues, aunque se graduó como abogada, nunca litigó.
Años más tarde, en 2014, cuando Daniel Ortega ya había consumado su reelección indefinida, Guido fue nombrada fiscal general de la República, algo que para la fuente fue simplemente “oficializar lo que ya venía haciendo porque ella era la que mandaba ahí realmente. Le ganó la partida a Julio Centeno”.
Al asumir como fiscal general, Guido hizo una barrida de todas las personas que trabajan de cerca con Centeno y se aseguró de controlar todo lo que concierne al Ministerio Público. “En eso ella se parece a la señora (Rosario Murillo), es bien proactiva y quiere estar en todo”, la describe la fuente.

Tras el estallido de la crisis política, Guido formó “un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional nicaragüense para fabricar casos contra prisioneros políticos”, según señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos cuando emitió sanciones en su contra en octubre de 2020. Estas sanciones también fueron replicadas por la Unión Europea y Suiza.
Guido ha sido señalada de dirigir la criminalización contra opositores y coordinar acusaciones contra manifestantes, líderes estudiantiles, campesinos y figuras políticas críticas al régimen.
Organizaciones de derechos humanos la señalan de ser responsable de las condenas exageradas de hasta 200 años de prisión en contra de presos políticos, e incluso de estar al frente de la fabricación del caso en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dirigida por la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado en abril de 2025, identificó a Guido entre un grupo de 54 altos funcionarios responsables de la represión en Nicaragua.
Su lealtad a Ortega en los momentos más críticos de su dictadura le ha valido un nuevo cargo, ahora como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde el pasado 27 de noviembre, tras una purga ejecutada por la pareja dictatorial en las instituciones del Estado.
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