En el proceso de consolidación del poder absoluto por parte de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, el traspaso del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil a manos de la Procuraduría General de la República (PGR), se convierte en otro paso en esa dirección, según los críticos.
El opositor y ex preso político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, valoró que con este cambio, de ahora en adelante, la dictadura Ortega Murillo tendrá el poder de confiscar de manera directa, sin la intervención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es el poder del Estado al que le quitaron la atribución de «supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil».
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«Esto es un cambio profundo en el régimen de derechos de propiedad en Nicaragua, por dos razones fundamentales: en primer lugar le quita al poder judicial, que debería ser en términos generales un tercero independiente en distintas partes, una justicia imparcial donde se registra la propiedad, pero eso no pasa en Nicaragua, pero ahora (el Registro Público de la Propiedad) pasa a manos de un interesado como es el Estado. Ahora, el abogado del Estado, dependiendo de sus necesidades o sus antojos, va a poder alterar estos registros, va a poder confiscar sin la necesidad de írselo a pedir al poder judicial», manifestó Chamorro.
La PGR, una institución que funciona bajo los intereses de la dictadura orteguista, ha sido clave en el proceso de cancelación de más de 3,400 organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG). Todos los bienes muebles e inmuebles de las ONG canceladas han sido traspasados a la Procuraduría, lo que para los críticos significan confiscaciones.
Dominio sobre el tráfico de influencia
La abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, valoró que la toma del Registro Público es una «jugada magistral» de la dictadura, que significa el dominio de un espacio donde en impera la corrupción y el tráfico de influencia.
«El Ejecutivo ahora va a tener el dominio completo de ese cúmulo de tráfico de influencia y corrupción que tiene el Registro. Los pagos de impuestos de propiedades, los aranceles a la CSJ, aquellas propiedades que no le daban pase de inscribir…, aquí hay un transfondo más profundo, esto tiene una jugada magistral. Todas las piezas se están moviendo de acuerdo a una conveniencia. Están confiscando el Registro Público y lo están dejando para ellos», expresó Martínez.
Lo que a la abogada Martínez le parece más preocupante es el «manoseo» que seguramente va a haber de los títulos de la propiedad, porque «el Ejecutivo va a tener una libre administración» en el Registro Público de la Propiedad.
Martínez dijo que hubiese sido menos descarado pasar el Registro Público a las Alcaldías, porque tendría más sentido que la administración municipal tome control de la registración pública.
La abogada además señaló la forma totalmente ilegal y antojadiza con la que se está «remendando» la Constitución Política, con aprobaciones de reformas que no respetan el proceso de ley. Martínez explicó que las reformas constitucionales se tienen que hacer en dos Legislaturas, pero los diputados orteguistas omiten ese proceso, porque tienen el control absoluto en la Asamblea Nacional.
Procuraduría será «juez y parte»
El abogado Yader Morazán, experto en administración de justicia y exfuncionario del poder judicial, confirmó que la Procuraduría General venía cometiendo arbitrariedades traducidas en confiscaciones, pero «debía de contar con los Registradores Públicos Inmuebles y Mercantiles, para consolidar esos actos arbitrarios». Ahora con el Registro Público de la Propiedad en manos de la Procuraduría, «desde casa prepararán y cocinarán todo sin que nadie lo sepa», consideró el abogado.
«Pese a que de facto ya lo controlaban (el Registro Público de la Propiedad), ahora eliminarán al intermediario tal como lo hicieron con Gobernación-Policía, serán juez y parte y crearán un mecanismo que les dará más colmillos para ocultar la corrupción, y tener más y mejor acceso a la información registrar», agregó.
Para Morazán, esto «abre la vía para las confiscaciones sin proceso contencioso. Es decir, convierten a los Registros Jurídicos que resguardaban y tutelaban derechos (seguridad jurídica inmobiliaria), en Registros Administrativos y archiveros que obedecen a los intereses del Ejecutivo».
También dijo que significa «otro paso en la dirección a la intromisión y consolidación del Poder Absoluto por parte del Ejecutivo».
«Acá los perdedores como siempre es el pueblo que ya no tendrán seguridad Jurídica inmobiliaria, la empresa privada e inversionistas y los trabajadores de los Registros que antes gozaban del robusto 4 por ciento porciento del Presupuesto General de la República y pago de las certificaciones e inscripciones», apuntó el abogado.
Reforma al artículo 165
Este martes 31 de octubre, la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega, reformó el artículo 165 de la Constitución Política, que crea el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial como un organismo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para quitarle atribuciones a ese poder del Estado la atribución de: «Supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes», que estaba establecida en el numeral 4 del artículo 165.
La derogación del numeral 4 desvincula los registros públicos de la administración de justicia, que tenía a través del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Ahora la Supervisión Administrativa de estos registros pasa bajo el control de la Procuraduría General de la República, a través de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (Sinare) a la Procuraduría General de la República, aprobada también este martes.
