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La decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de eliminar del Registro de Abogados y Notarios de Nicaragua de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a miles de abogados, cercenando el derecho de estos a ejercer su profesión y su derecho al trabajo, ha generado caos y zozobra jurídica para quienes eran representados o recibían los servicios profesionales de estos letrados.
La abogada Martha Patricia Molina, investigadora de la persecución religiosa en Nicaragua, además de denunciar que también fue eliminada de dicho registro sin haber recibido una notificación de dicha decisión, apuntó que esta nueva ola represiva perjudica “a todos”.
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“Abogados y notarios, familias, clientes, al pueblo nicaragüense, también a las empresas, tanto nacionales como internacionales, que buscaban apoyo jurídico en estas personas, son perjudicados, se les cancelaron absolutamente todos sus registros”, dijo la letrada nicaragüense a LA PRENSA.
Molina, a través de sus redes sociales, recordó que pese a la eliminación arbitraria ejecutada por la CSJ, su esfuerzo, dedicación y talento seguirán intactos y en una Nicaragua con Estado de derecho, recuperará su estatus, ya que desde 2013 ha sido abogada y notaria, estudió Ciencias Jurídicas en la confiscada Universidad Centroamericana (UCA) y fue docente en varias universidades nicaragüenses.
Clientes comienzan a reclamar
La letrada nicaragüense explicó que conoce a al menos media docena de los afectados por la disposición orteguista, que “seguían ejerciendo labor de notariado y este era el único sustento de sus familias”.
“Era la única forma que tenían de trabajo y ahora se encuentran desconcertados porque no saben qué va a suceder y además, sus clientes les están reclamando y diciendo que devuelvan el dinero que tal vez les pagaron hace uno o dos años. Es un completo caos lo que se está viviendo en Nicaragua”, apuntó Molina.
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Afirmó que, como “no existe ninguna normativa al respecto (de estas cancelaciones de funciones) y tampoco tiene una base jurídica esta acción arbitraria, entonces, lo más seguro es que todos esos archivos (de los abogados eliminados o privados de funciones) los van a desaparecer, creando un caos jurídico lleno de vacíos antijurídicos”.
“La dictadura, como todo Estado criminal, a diario comete arbitrariedades que no tienen ningún tipo de respaldo jurídico. Entonces, todas estas escrituras y actos jurídicos que realizaban los notarios que todavía están dentro de Nicaragua, pues todavía no podemos asegurar qué va a pasar con cada uno de ellos, pero lo más seguro es que toda esa documentación va a quedar sin efecto jurídico. No sé de qué manera la dictadura lo va a resolver, pero nada tiene que ver con la legalidad y la constitucionalidad que debería tener el sistema jurídico de Nicaragua”, añadió.
Validez de documentos debe mantenerse
El abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, apuntó que todos los documentos extendidos por los letrados afectados deberían —aunque con la dictadura orteguista nada es seguro— mantener su validez hasta antes de la eliminación ejecutada.
“Se supone que todos los documentos emitidos por los abogados, principalmente por los notarios públicos, hasta antes de esta arbitraria, ilegal e inexplicable cancelación masiva del registro de abogados seguirán siendo válidos, porque fueron emitidos cuando ellos tenían la autorización de cartular. Sin embargo, en Nicaragua, al no existir seguridad jurídica, no sabemos si estos van a ser reconocidos posteriormente por la Corte”, afirmó Marenco.
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Cuestionó: “¿Quién va a emitir los segundos testimonios ahora? Porque cada escritura pública, el segundo testimonio solo puede ser emitido por el notario y el abogado correspondiente. ¿Y ahora quién los va a emitir todos? ¿La Corte Suprema de Justicia?, cuando no tiene necesariamente en su poder las escrituras públicas. ¿Van a allanar las casas de todos estos abogados, pidiendo todos los protocolos? ¿Cuál va a ser el procedimiento?”.
El defensor de derechos humanos del Colectivo apuntó que en cualquier caso las decisiones próximas del régimen en relación con estas eliminaciones del Registro tendrán un “procedimiento arbitrario porque todo nace de una decisión arbitraria, ilegítima, represiva, inconstitucional, violatoria de derechos humanos”.
Víctimas indirectas de la decisión orteguista
Marenco además concuerda con Molina al afirmar que estos letrados afectados, sobre todo los que siguen ejerciendo en Nicaragua, son cercenados de su derecho a laborar, a ejercer su profesión, tener una fuente de recursos y, además, afecta a “múltiples víctimas indirectas”.
“Los usuarios de estas personas, que de repente personas que estaban siendo representadas, ahora tienen que buscar a un segundo abogado, que tal vez estaba siendo representado por alguien de su confianza en distintos procesos de familia, civiles, penales, etc., y en este sentido evidentemente hay una afectación inmediata en estas personas”, denunció Marenco.
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Además, señaló que la Corte Suprema de Justicia “sigue demostrando que no es más que un órgano al servicio de la dictadura, que no es más que un aparato represivo por parte de la dictadura y es por eso que son parte de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, señalados a nivel internacional, estos magistrados que antes conformaban y ahora conforman la Corte Suprema de Justicia”.
GHREN documenta muerte jurídica contra abogados
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), confirmaron algunos abogados víctimas de esta ola represiva, desde esta semana se puso en contacto con algunas de las víctimas para registrar esta nueva acción represiva de la dictadura orteguista, que elimina a profesionales de los registros, les cercena el derecho a ejercer sus profesiones y les limita su derecho al trabajo.
El abogado Reed Brody, parte del GHREN, en entrevista con EFE, confirmó que han hablado con varios abogados afectados, recibieron testimonios de primera mano y documentaron que la decisión orteguista se efectuó «sin notificación previa y sin ningún proceso. Simplemente no aparecen en el sistema y con eso quedan impedidos de ejercer».
«Es el mismo método: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano», advirtió Brody en sus declaraciones a EFE.
