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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una nueva ola represiva contra los profesionales del Derecho en Nicaragua. Miles de abogados nicaragüenses se enteraron esta semana que fueron eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quedando sin posibilidades de seguir ejerciendo su profesión.
Los abogados afectados, que se han comunicado entre sí desde ayer, estiman que los perjudicados con dicha medida represiva hasta ahora podrían sumar más de dos mil, incluyendo entre estos a letrados que siguen ejerciendo dentro de Nicaragua y otros que dejaron de hacerlo por salir al exilio tras sufrir persecución de la dictadura orteguista.
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La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la dictadura Ortega Murillo, oficialmente no han comunicado la barrida masiva de estos profesionales del Derecho. Tampoco ha enviado notificación a cada uno de los afectados.
Ante dicha situación, los abogados han realizado su propio «censo» de afectados, identificando que, tal como ha ocurrido con otras acciones represivas del orteguismo, fueron afectados también algunos letrados «que nunca han tenido participación política alguna».
Abogados exiliados eliminados por la CSJ
El abogado y notario nicaragüense Rudy Siles Espinoza, desde el exilio, confirmó que fue uno de los afectados por esta ola represiva de la dictadura orteguista.
«Ya no aparezco. Me busqué en el sistema y no aparezco. Pedí que me buscaran desde Nicaragua, pensando que sería algún error del sistema, pero igual no me encuentran. Nos sacaron del sistema y no hemos recibido notificación de suspensión», afirmó el letrado nicaragüense, mostrando una captura de pantalla en la que evidencia que fue eliminado del sistema de gestiones en el que son registrados por la CSJ los abogados y notarios de Nicaragua.
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Explicó que también les fueron canceladas las credenciales que les permiten a los abogados acceder al Sistema Nicarao, que es el sistema electrónico del Poder Judicial, donde se pueden revisar las diferentes causas abiertas judicialmente.
Acción represiva silenciosa
Siles Espinoza apuntó que esta vez, la ola represiva que los anula y les cercena el derecho de ejercer sus profesiones, fue «más silenciosa» y «menos mediática que otros casos anteriores. Esto fue sin notificación, como siempre, inhabilitando de facto».
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Resaltó que estos abusos de la dictadura orteguista se suman a «años de censura y represión», que se ha perpetrado contra defensores de derechos humanos, periodistas y diferentes profesionales que disienten con el régimen..
«El régimen viola la Constitución, el derecho al trabajo y la independencia profesional, impidiéndonos ejercer la abogacía y el notariado por oponernos a sus políticas. Estos abusos se acumulan a todas las censuras previas, incluida la que me obligó al exilio», denunció Siles.
Primeras suspensiones definitivas ordenadas por la dictadura
Apuntó que esta nueva acción represiva del orteguismo es «mucho más brutal para quienes permanecen en territorio nacional, especialmente en el interior del país, que viven exclusivamente de su profesión y ahora quedan sin medio de vida, condenados al silencio forzado».
En 2023, la dictadura Ortega Murillo asestó una primera estocada contra los profesionales del Derecho en Nicaragua, suspendiendo de manera definitiva el ejercicio de 25 abogados y notarios públicos. En esa ocasión, el orteguismo extendió dos resoluciones, firmadas por en ese entonces Rubén Montenegro, secretario de la CSJ.
Los primeros despojados de su derecho a ejercer su profesión fueron 15 excarcelados políticos, del grupo de los 222 presos políticos que fueron enviados en un vuelo directo a Estados Unidos, y otros diez letrados que habían sido previamente desnacionalizados en el grupo de los 94 que fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense por orden de la dictadura Ortega Murillo.
