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La detención y desaparición forzada de monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, de 80 años, obispo emérito de Estelí, es un “mensaje de miedo” que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo envía a la comunidad religiosa, según el abogado Reed Brody, del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), instancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Monseñor Mata suma este jueves 10 días desaparecido desde su detención el lunes 29 de junio. A las 10:00 de la noche de ese día, el obispo emérito de Estelí fue sustraído por la fuerza de su casa en Tisma, Masaya, por agentes policiales, entre ellos miembros de las tropas especiales de la Policía del régimen Ortega-Murillo, confirmaron a LA PRENSA fuentes de la Iglesia católica.
“El caso de monseñor Mata reproduce varios de esos patrones: detenciones repetidas, falta de información oficial, incertidumbre para sus allegados y utilización de la detención como mecanismo de intimidación. Estos actos no afectan únicamente a la persona detenida; envían un mensaje de miedo a toda la comunidad religiosa”, explica a LA PRENSA el experto de la ONU.
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Según Brody, lo ocurrido con monseñor Mata “no es un incidente aislado”, sino un hecho que encaja en un patrón de persecución contra la Iglesia católica y otras denominaciones cristianas que el GHREN ha venido documentando desde hace años.
Preocupados por la desaparición forzada de Mata
Expone que preocupa la detención del obispo emérito, pero principalmente el ocultamiento de su paradero y la ausencia de información oficial sobre su privación de libertad. Elementos que desde la perspectiva del derecho internacional “pueden constituir una desaparición forzada”, según el abogado.
Hasta ahora lo único que el régimen ha comunicado es que Mata fue requerido para brindar declaraciones “sobre distintos episodios violatorios de las leyes nacionales” relacionados con una investigación sobre el origen de propiedades y vínculos familiares. Aunque aseguraron que el obispo emérito fue retornado a su casa, no han compartido ni una sola imagen de él y tampoco se ha podido comprobar que realmente esté en su vivienda.
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Ese comunicado fue emitido por el Ministerio del Interior el 4 de julio, tan solo horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos exigiera la liberación de monseñor Mata mediante una publicación en su cuenta oficial de X.
Situación de Mata es “cruel y extrema”
Para el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), la situación de monseñor Mata es “cruel y extrema”. La compara con lo que están pasando otros 13 adultos mayores que se encuentran en la lista de los 46 presos políticos de la dictadura, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.
Por la edad que tiene el obispo emérito y los padecimientos de diabetes y problemas oculares y cardiacos, Ramírez-Ayérdiz dice que su desaparición forzada puede desencadenar el “agravamiento sin retorno” de sus enfermedades.
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“Hay una política deliberada de deshumanización que incluye la desaparición forzada como la máxima forma de castigo… es impuesta contra adultos mayores. Esa conducta del Gobierno es cruel, extrema y brutal”, señala el defensor de derechos humanos. Sostiene que Rosario Murillo quiere “vaciar la Iglesia” y “destruir su estructura”.
Una Iglesia perseguida
De acuerdo con denuncias de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina y otras fuentes ligadas a la Iglesia católica, además de la situación de monseñor Mata, el régimen mantiene vigilado al sacerdote Francisco Morales y al diácono Wilfred Arauz Rodríguez. Ambos fueron detenidos el 30 de junio, en Estelí, pero horas después habrían sido dejados en “libertad condicional”.
Morales es el párroco de la iglesia Cruz del Calvario, la misma en la que monseñor Mata ofició una misa el domingo 28 de junio, en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida. Ahí fue vigilado y fotografiado por paramilitares al servicio de la dictadura. Posteriormente la Policía lo detuvo.
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La dictadura también mantiene bajo el régimen de “seminario por cárcel” al sacerdote Frutos Constantino Valle Salmerón, de 81 años, administrador ad omnia (para todo) de la Diócesis de Estelí. Se encuentra vigilado desde julio de 2024 en el Seminario Interdiocesano Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua.
De acuerdo con informes de Molina, entre 2019 y la Cuaresma de 2026, más de 28 mil procesiones religiosas y actos de piedad han sido prohibidas en Nicaragua. Además, 309 sacerdotes, monjas y otros religiosos han sido obligados al exilio.
Mientras tanto, Reed Brody dice que el GHREN “continúa dando seguimiento a la situación en Nicaragua y documentando estos acontecimientos” y que esperan que el régimen “pongan fin al hostigamiento contra monseñor Mata y su entorno” e informe “plenamente” sobre la situación jurídica de todas las personas detenidas en relación con estos hechos, además de respetarles sus derechos, incluida la atención médica que requieren por su estado de salud.
