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Después de más de cuarenta años investigando a dictadores en el mundo, al experto en Derecho Internacional, Reed Brody, de 72 años, le cuesta encontrar una Constitución que concentre tanto poder en el Ejecutivo como la de Nicaragua.
Brody es integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que la Organización de Naciones Unidas (ONU) designó para investigar los crímenes cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a partir de 2018, lo que ha motivado reiteradas denuncias en la comunidad internacional a favor de las víctimas de las violaciones de derechos humanos del régimen.
“He estudiado constituciones de todo el mundo —incluida mi experiencia asesorando por cuenta de las Naciones Unidas a Mongolia en su transición poscomunista— y, fuera de algunas monarquías absolutas, es difícil encontrar un texto constitucional contemporáneo que concentre tanto poder en manos del Ejecutivo”, respondió Brody a un cuestionario enviado a LA PRENSA.
En febrero pasado, el régimen de Nicaragua desapareció la independencia de poderes y creó la figura de “copresidentes” en la nueva Constitución para nivelar jerárquicamente a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. A la par de los cambios formales hubo también un fortalecimiento del aparato represivo.
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El especialista menciona al poder judicial como clave en ese engranaje. Desde noviembre pasado, sin embargo, se han multiplicado las renuncias y nuevos nombramientos de magistrados. Brody no se sorprende y atribuye las designaciones a una recompensa por “lealtad política” en esta conversación donde analiza lo que está ocurriendo.
Lealtad entre los magistrados de la CSJ
En días recientes, el poder ejecutivo nombró como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a funcionarios que han sido señalados de privar de su nacionalidad a críticos del régimen de Ortega y también de ensañarse con los presos políticos, ¿cuál es el mensaje que se está enviando al mundo?
El nombramiento de Ernesto Rodríguez, Octavio Rothschuh y Rosa Argentina Solís envía un mensaje claro: en Nicaragua, la lealtad política se recompensa por encima de la legalidad y de los derechos humanos. Estos tres funcionarios estuvieron directamente involucrados en las resoluciones que ordenaron la deportación, desnacionalización y confiscación de bienes de las 222 personas expulsadas a Estados Unidos, y la desnacionalización y confiscación de bienes de los 94 y los 135.
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Además, Ernesto Rodríguez ha sido a lo largo de los años el secretario político encargado de transmitir las orientaciones partidarias a los jueces y personal del poder judicial del Tribunal de Apelaciones de Managua y los juzgados correspondientes a la capital.
Ustedes han estudiado a fondo la cadena de represión del Estado, ¿qué papel juega el poder judicial en la misma y cuál es su valoración de los cambios judiciales mencionados?
El poder judicial ha sido uno de los pilares centrales del aparato represivo. Ha sido instrumentalizado como brazo ejecutor del Gobierno-partido, convirtiéndose en una herramienta para criminalizar opositores. Esto se refleja en imputaciones basadas en tipos penales contrarios a estándares internacionales, en cargos infundados o desproporcionados, en procesos sustentados en pruebas fabricadas y en la negación sistemática del derecho a un juicio justo.
El poder judicial ha ordenado privaciones arbitrarias de la nacionalidad y ha ignorado solicitudes de habeas corpus, incluso en casos de desaparición forzada. Las personas procesadas se enfrentan a un sistema completamente controlado por el Ejecutivo, sin recursos efectivos para recurrir sus condenas. Paralelamente, este mismo sistema garantiza impunidad absoluta para quienes cometen violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Los recientes nombramientos no representan un cambio, sino la consolidación de una tendencia: un poder judicial al servicio del Ejecutivo y del partido gobernante.
La nueva Constitución sandinista
Desde febrero, Nicaragua tiene una nueva Constitución que ha eliminado la independencia de los poderes del Estado, incluido el judicial, y lo ha subordinado a los copresidentes, ¿qué otras experiencias conoce similares en el mundo?
La reforma constitucional de febrero de 2025 eliminó formalmente la independencia de los poderes del Estado, reduciéndolos a simples “órganos” subordinados a los copresidentes. En realidad, lo que hizo fue legalizar una situación que ya existía de facto: la disolución completa de la separación de poderes y del sistema de controles mutuos.
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He estudiado constituciones de todo el mundo —incluida mi experiencia asesorando por cuenta de las Naciones Unidas a Mongolia en su transición poscomunista— y, fuera de algunas monarquías absolutas, es difícil encontrar un texto constitucional contemporáneo que concentre tanto poder en manos del Ejecutivo.
¿Qué se puede prever de este poder del Estado (el judicial) en el futuro para con los ciudadanos, dado su sometimiento al poder ejecutivo?
No cabe esperar un cambio sustantivo, porque la reforma constitucional simplemente formalizó una realidad que ya funcionaba en la práctica. Un poder judicial subordinado al Ejecutivo significa que la ciudadanía queda sin mecanismos efectivos de protección ni recursos frente a abusos estatales. La previsibilidad, lamentablemente, es la continuidad: más criminalización de la disidencia, más impunidad para violaciones de derechos humanos y menos garantías para la población en su conjunto.
Su relación con Nicaragua
Aunque el estadounidense-húngaro Brody ha investigado abusos de derechos humanos y crímenes internacionales en países como Chad, Timor Oriental, Tíbet, Haití y Sierra Leona, y además ha encabezado misiones de Naciones Unidas en El Salvador y en el Congo, tiene una relación especial con Nicaragua. Esta fue cultivada durante los duros años de la guerra civil en los años ochenta.
“Yo me hice abogado para luchar por la justicia social en Estados Unidos, pero en 1984 viajé a Nicaragua para observar de cerca la Revolución Sandinista. En la pequeña comunidad de El Jícaro, en Las Segovias, donde trabajaba un párroco norteamericano amigo mío, escuché relatos imposibles de ignorar: escuelas y cooperativas incendiadas, maestros y enfermeros asesinados por la Contra, los contrarrevolucionarios organizados y apoyados por mi propio país”, relató.
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Entonces se sintió responsable de actuar. Dejó su trabajo en la Fiscalía de New York para regresar a Nicaragua, donde recorrió durante cinco meses las zonas de guerra y recopiló testimonios de sobrevivientes. Eran relatos de viudas, cuyos esposos fueron ejecutados ante sus ojos; mujeres violadas o familias a las que les quemaron sus casas. La experiencia lo marcó.
“Aunque después mi carrera me llevó por otros continentes, una parte de mi corazón se quedó en Nicaragua. Lo más difícil de mi trabajo hoy (al investigar lo que ocurre en el régimen de Ortega) es, justamente, no poder estar en el país. Hemos desarrollado una red de fuentes dentro y fuera de Nicaragua —víctimas, exfuncionarios y también personas que participaron personalmente en abusos— pero el Grupo (de Expertos de la ONU) no tiene acceso al territorio”, lamentó.
Diálogo
Brody afirma que le gustaría poder dialogar con las autoridades, las instituciones y, sobre todo, con la gente. “Para mí, el caso de Nicaragua no es solo un expediente internacional: es una historia humana que conozco desde hace 40 años y que merece verdad, justicia y un futuro en el que se respeten plenamente los derechos humanos”, afirmó.
El primer gobierno de Ortega coincidió con la llegada del abogado estadounidense-húngaro a Nicaragua. Habían pasado cinco años desde la caída de la dictadura de Somoza a manos del FSLN y aquellos dirigentes revolucionarios asumieron el poder en un contexto bélico y no estuvieron exentos de que fueran señalados de abusos y autoritarismo. Más de 45 años después, Ortega es señalado también a nivel internacional de convertirse en un tirano, de cometer graves violaciones de derechos humanos y de perseguir incluso a algunos de sus antiguos compañeros de lucha.
