El abogado estadounidense Reed Brody, apodado como «el Cazadictadores» y parte del Grupo de Expertos de Naciones Unidas (GHREN) que se encarga de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que recientemente anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, apuntó —en entrevista con Democracy Now— que Nicaragua ha sido convertida “en un lugar de vigilancia y silencio forzado” para quienes permanecen en el país.
Además, denunció que quienes se atreven a resistir, simplemente son sospechosos de hacerlo, “enfrentan una vida de apatridia y exilio”, impuesto por el régimen sandinista, que encabezan los dictadores Ortega y Murillo.
El letrado recordó que fue designado para ser parte de la comisión de la ONU, que “examina los abusos en la Nicaragua contemporánea”, labor desde la que, “desgraciadamente, lo que encontramos es que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han eliminado, paso a paso, todos los controles y contrapesos a su poder”.
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“Hoy en Nicaragua no hay voces independientes. No hay prensa independiente. Todas las oenegés han tenido que abandonar el país. A cuatrocientos cincuenta y tres nicaragüenses se les ha quitado su ciudadanía: ex comandantes sandinistas, el ex vicepresidente, activistas de derechos humanos, ex candidatos presidenciales. Nicaragua se ha convertido en un país de silencio y vigilancia forzados para quienes permanecen en el país, mientras que quienes se atreven a hablar se enfrentan a una vida de exilio y desnacionalización», denunció Brody.
El investigador de las violaciones cometidas por el régimen sandinista recordó que la crisis sociopolítica en Nicaragua inició en 2018, tras las protestas contra la reforma a la seguridad social, mismas a las que el orteguismo «decidió atacarlos con todo».
«Sacaron a la Policía, a los paramilitares y, como hemos demostrado en nuestro último informe, a los militares. Lo negaron en su momento. Y nuestro informe actual, basado en testimonios de personas de dentro, demuestra que los militares participaron en esta represión. Y más de 350 personas fueron asesinadas. Y ese fue realmente el comienzo de lo que vemos hasta hoy, en el que, progresivamente, todas las voces del país, lamentablemente han sido silenciadas», apuntó.
Ortega y Murillo puede nombrar a sus hijos como vicepresidentes
Brody además denunció las recientes reformas a la Constitución Política de Nicaragua, mismas en las que la dictadura Ortega-Murillo, instaura más poder y consolida su dinastía familiar, cambiando el contenido de más de 100 artículos, creando la figura de copresidenta, estableciendo la bandera rojinegra como símbolo patrio, aumentando los años en el poder y adjudicándose el poder de nombrar vicepresidentes.
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«Daniel Ortega, el hombre que luchó contra una dinastía familiar, los Somoza, ahora ha creado una situación en la que él y su esposa son copresidentes, y pueden nombrar a sus hijos como vicepresidentes», señaló el integrante del GHREN.
Añadió que en el país «los demás poderes del Estado (de Nicaragua) se han convertido en meros órganos que debe coordinar la presidencia. Así que los últimos vestigios de pesos y contrapesos han sido sacrificados en el altar de esta, ahora una familia».
Los cambios a la Constitución Política de Nicaragua han sido ampliamente cuestionados a nivel nacional e internacional. Recientemente, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, cuestionó la imposición de dichos cambios y señaló al régimen Ortega-Murillo de reinventarse en la perversidad para perseguir y criminalizar cualquier disidencia en Nicaragua.
“Lamentablemente, el régimen sigue reinventando hacia la perversidad sus mecanismos de represión. Primero, con el cierre de instituciones académicas y la invalidación de títulos universitarios; luego, con la anulación de pasaportes y la pérdida de la nacionalidad; y ahora, con una reconfiguración autoritaria y arbitraria del marco constitucional para consolidar un poder absoluto y dictatorial”, denunció Caballero esta semana durante una audiencia de la CIDH, solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y otras organizaciones de derechos humanos.
