El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, aseveró que la imposición de la nueva “Constitución” sandinista refleja que el régimen Ortega-Murillo “se reinventa” en la perversidad para perseguir y criminalizar cualquier disidencia a la dictadura.
“Lamentablemente, el régimen sigue reinventando hacia la perversidad sus mecanismos de represión. Primero, con el cierre de instituciones académicas y la invalidación de títulos universitarios; luego, con la anulación de pasaportes y la pérdida de la nacionalidad; y ahora, con una reconfiguración autoritaria y arbitraria del marco constitucional para consolidar un poder absoluto y dictatorial”, dijo Caballero durante una audiencia de la CIDH, solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y otras organizaciones de derechos humanos.
El pasado 19 de febrero entró en vigor la nueva Constitución sandinista, impuesta por la dictadura. Aunque el régimen la promovió como una reforma parcial, la nueva carta magna modifica más de 100 artículos, transforma el Estado, elimina el equilibrio de poderes y otorga un control absoluto a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Caballero señaló que la imposición de la nueva Constitución sandinista representa un quiebre y una afrenta para el constitucionalismo latinoamericano.
“El constitucionalismo latinoamericano ha tenido avances y retrocesos en los últimos 30 años, ha trabajado en la consolidación de la autonomía de los órganos constitucionales, la protección de derechos y la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, en Nicaragua se ha desmantelado este marco constitucional con la eliminación de disposiciones clave”, señaló Caballero.
ONU también cuestiona
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) mencionó el 27 de febrero al menos tres aspectos de la nueva Constitución sandinista que considera altamente preocupantes debido a la vulneración de derechos humanos que conllevan estos cambios.
El representante adjunto de la Oficina Regional de la Oacnudh, Andrés Sánchez Thorin, señaló que uno de los cambios más alarmantes es la eliminación de los artículos 33 y 34, que establecían principios fundamentales del debido proceso y garantías judiciales mínimas.
“La eliminación de estas garantías fundamentales del debido proceso es motivo de profunda preocupación, especialmente en un contexto donde nuestra oficina sigue documentando patrones de detenciones arbitrarias y violaciones a los principios del debido proceso”, advirtió Sánchez durante el evento Nicaragua: nueva arquitectura constitucional, legislación represiva y su impacto para los derechos humanos, en el marco del 58° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
Derechos ciudadanos subordinados a la ideología del régimen en la nueva «Constitución» sandinista
Aunque Sánchez no lo mencionó en su disertación, especialistas consultados anteriormente por LA PRENSA advirtieron que la nueva «Constitución» sandinista subordina los derechos ciudadanos a los llamados «principios fundamentales» en al menos 12 artículos.
Estos principios, que en teoría deberían garantizar el funcionamiento democrático del Estado y el respeto a los derechos humanos, han sido reinterpretados en favor del Gobierno, eliminando valores esenciales como la justicia y la dignidad. Como consecuencia, derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libre organización y la manifestación pública quedan supeditados a la adhesión a estos principios, lo que otorga al régimen un amplio margen de discrecionalidad para restringir libertades bajo el argumento de preservar la paz o la seguridad.
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El artículo 5 de la Constitución garantizaba el pluralismo político, asegurando la libre organización y participación de todos los partidos en los procesos electorales y en la vida económica, política y social del país. Sin embargo, en la nueva Constitución promovida por el sandinismo, esta garantía ha sido eliminada y sustituida por un vago concepto de “pluralismo cultural y social”, lo que deja fuera el principio de competencia política y restringe la diversidad ideológica en la nación.
Meseni prepara informes
María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para el monitoreo, promoción y cooperación técnica en derechos humanos desde el 1 de septiembre de 2017, aseguró en la audiencia que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) está elaborando un informe sobre el impacto en los derechos humanos de personas afrodescendientes e indígenas en Nicaragua, una temática que la Comisión ha abordado en el pasado.
“El equipo de Meseni está elaborando un informe sobre el impacto en los derechos humanos de personas afrodescendientes e indígenas en Nicaragua, una temática que la Comisión ha abordado en el pasado. Asimismo, está por presentarse el informe anual de la Comisión con las observaciones realizadas durante el año 2024”, manifestó Pulido.
