El más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas, presentado el miércoles 26 de febrero, detalla la cadena de mando en la represión ordenada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo para neutralizar las protestas que estallaron en abril de 2018.
El informe señala la comisión de delitos por parte de altos mandos de la Policía, el Ejército y otras instituciones, como el Ministerio de Salud y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Entre sus recomendaciones, el GHREN plantea la posibilidad de emprender acciones internacionales para llevar ante tribunales internacionales a los señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.
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Ariela Peralta Distefano, integrante del GHREN, es categórica al afirmar en esta entrevista con LA PRENSA que existe la posibilidad de llevar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por violar la Convención contra la Tortura y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.
Peralta, quien cuenta con más de 35 años de experiencia en derecho internacional humanitario, también considera que la reciente decisión del régimen Ortega-Murillo de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU agrava aún más el aislamiento del país.
Además, en esta entrevista, expresó su preocupación por la juramentación de más de 70 mil paramilitares, a quienes el régimen denomina “policías voluntarios”.
¿Cuál es el impacto de que este grupo confirme la participación activa del Ejército en la represión desde 2018 y que, según el informe, ese sistema de represión siga vigente?
Bueno, el Ejército había negado hasta ahora su participación en las represiones de 2018, pero nosotros pudimos documentar su participación. El ejército participó a través de distintas unidades y tipos de personas uniformadas, utilizando armamento que solo posee el Ejército, lo cual implicó un daño significativo a las víctimas. Esto está bien documentado en el informe, hubo reuniones que están documentadas y su participación continúa.
Esa participación del Ejército continúa. El informe se centra en la estructura represiva del Estado, que incluye al Ejército, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, Telcor (Instituto de Telecomunicaciones y Correos), el Ministerio de Salud, y grupos armados pro-gubernamentales, entre otros.
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Además, utiliza centro de cómputos instalados en cada municipio. El informe demuestra como estas distintas instituciones estatales se conectan entre si y de donde parten esas órdenes, que llegan hasta la Procuraduría General, a los tribunales y también la participación del Frente Sandinista que, puede no figurar como una institución de derecho, pero si como una institución de facto donde los secretarios políticos juegan un rol esencial.
¿Por qué hasta ahora se determina la participación del Ejército en los informes?
Nosotros siempre hemos tenido evidencias, pero nos regimos por imparcialidad, fiabilidad y transparencia. Solo publicamos lo que podemos comprobar con datos confiables y testimonios verificables, siempre con el criterio de proteger a las personas que nos dan la información.
También se cuenta con “insiders”, que están dispuestos a brindar información más selectiva. Hasta que no tuvimos la información confirmada, no la incluimos en el informe. En esta ocasión, pudimos documentar la participación del Ejército.
El régimen anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos en rechazo al reciente informe del GHREN y descalificó su trabajo. ¿Qué implica esta decisión del régimen Ortega-Murillo?
Frente a esta noticia no nos vamos a pronunciar porque la carta está dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos y no al Grupo de Expertos. Como usted habrá visto, la carta es pública. Además, hubo un pronunciamiento oral de la señora Rosario Murillo, y está dirigida al presidente del Consejo.
Para cualquier país, salir de los espacios multilaterales, que son fundamentales para el fortalecimiento democrático, el intercambio entre Estados y el monitoreo mutuo sobre el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos, representa el cierre absoluto de cualquier diálogo. En una situación como la del gobierno nicaragüense, en donde nosotros documentamos situaciones represivas y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, el cierre de estos espacios nos dice algo.
El régimen afirma que los informes del GHREN son sesgados y que politizan los derechos humanos. ¿Ha habido algún tipo de comunicación por parte del régimen hacia ustedes como grupo?
El GHREN ha enviado, desde su conformación, 16 notas al gobierno de Nicaragua y nunca tuvimos ninguna respuesta. Como usted sabrá, no podemos entrar al territorio nicaragüense. Todas las documentaciones las hacemos fuera de Nicaragua en otros países encontrándonos con personas que están fuera por exilio o expulsión.
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Siempre que sacamos un informe, le advertimos al gobierno, le pasamos antes el informe, le ofrecemos dialogar cualquier información o punto de vista. Las respuestas no existen.
En cuanto a la imposibilidad de trabajar dentro del país, ¿qué ha significado esto para el GHREN?
Por supuesto que hace el trabajo mucho más difícil. Porque la primera cosa que sería favorable es dialogar con el Estado para obtener información directa. No acceder al territorio es una pérdida para el gobierno y para el GHREN.
El acceso al país permitiría visitar establecimientos carcelarios, estructuras físicas que permitan contrastar información y acceso directo con las personas que quieren hablar con el Grupo. Pero el GHREN hace su trabajo.
Tenga en cuenta que el grupo de investigación es pequeño. Agradecemos todos los recursos de Naciones Unidas pero también nuestra obligación es poner que tenemos recursos humanos y financieros limitados para un mandato muy alto.
Mecanismos internacionales para juzgar crímenes de lesa humanidad
¿Cómo valoran el hecho de que los informes del GHREN sean parte de las pruebas en el caso presentado en Argentina contra Ortega, Murillo y trece de sus colaboradores?
Nosotros exponemos las acciones que se están llevando a cabo en otros países, entre estas la de Argentina. Toda esta información sirve para organismos judiciales, instituciones financieras o países que se pronuncian sobre la situación de Nicaragua toman en cuenta nuestros informes.
Nosotros no participamos como parte en el juicio en Argentina, pero ponemos a disposición toda la información.
¿Se profundizará sobre otros responsables de crímenes a raíz de las protestas en Nicaragua en otros informes?
Hicimos una investigación profunda y contrastada que venimos haciendo desde hace mucho tiempo y hasta ahora tenemos toda la información contrastada. Hemos decidido nombras a las personas de altos mandos y mandos medios que serían responsables individualmente. Esto podría servir en algún momento para que estas personas sean juzgadas por estos delitos, ojalá en un futuro no tan lejano.
También recomendamos a que un Estado o un grupo de Estados lleve a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el incumplimiento de la Convención para la reducción de la apatridia o la Convención contra la tortura.
El informe menciona casos de represión transnacional. ¿Podrían estos casos ser llevados ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, si los crímenes se cometieron en países que han suscrito el Estatuto de Roma?
Nosotros pensamos que en términos de responsabilidad de cortes internacionales, una opción más válida es que se lleve a Nicaragua ante la CIJ. Primero, porque Nicaragua no responde ante los procedimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nicaragua no es signataria del Estatuto de Roma y sería más complicado porque habría que aplicar la comisión de otros delitos en otros Estados.
Muchas de las personas que están fuera de Nicaragua han sufrido amenazas y hostigamiento. Hemos hablado con los órganos judiciales de esos países y necesitan hacer una investigación y probar que estos ataques vienen de la responsabilidad del mando del gobierno de Nicaragua. Eso es más complicado y más delicado.
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En el caso de la CIJ es un espacio que Nicaragua respeta mucho y es el único espacio en el que realmente ha actuado. Ha presentado al menos tres casos y han sido exitosos para el país. Consideramos que es un espacio en el que Nicaragua aun participa y el hecho de llevar al Estado por el incumplimiento de la Convención contra la tortura y la apatridia, sería algo muy posible y significaría algo muy importante para comenzar un camino importante para las víctimas.
Tenemos constatado de que han dejado a personas en la frontera, se le han pagado boletos de avión para que salgan del país y otros casos en los que les niegan la entrada.
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No hay un caso en el mundo contemporáneo de un país que desnacionalice a sus ciudadanos y menos en esta cantidad. Algunas constataciones nos sugieren que el número sea aun mayor. Hay apátridas y apátridas de facto, que sospechan que han sido desnacionalizados.
Tenemos una firme presunción de que el universo es mucho mayor. Esto implica una muerte civil para las personas, porque no puede hacer ningún trámite legal.
¿Qué representa para el GHREN la juramentación de más de 70 mil paramilitares que el régimen denomina “Policías voluntarios”?
En mi caso, que soy latinoamericana, significa la existencia de casi una fuerza paramilitar y nosotros sabemos las consecuencias que eso tiene. Naciones Unidas tiene estudios que trascienden al GHREN sobre la participación de fuerzas de este tipo como paraestatales que llegan a tener una autoridad suficiente para cometer delitos, violaciones a los derechos humanos y una enorme flexibilidad y una falta de determinación de lo que pueden y no pueden hacer.
Esta especie de reserva son exmilitares, exfuncionarios públicos, expolicías y personas que se ofrecieron. No tenemos documentada la coacción.
Se ampliarán las investigaciones
Luego de este informe, ¿hacia dónde apuntan las investigaciones?
Ahora estamos trabajando mucho en las responsabilidades individuales y estos nombres de este engranaje represivo con mucho detalle. Vamos a seguir ampliando las investigaciones que hemos hecho en el transcurso del año.
Seguiremos documentando la represión en el ámbito académico, la situación de presos políticos, la tortura, las violaciones a pueblos indígenas y afrodescendientes, y la represión con enfoque de género. También analizaremos el uso de recursos económicos del Estado en estas estructuras represivas.
