El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expuso cómo se ponen en marcha las confiscaciones impuestas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores y sus familiares, con el fin de despojarlos de sus recursos económicos como parte de su estrategia para castigar las voces críticas.
Un informe del GHREN publicado este miércoles, que será presentado el próximo viernes 28 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que el Ministerio Público y el poder judicial supervisan y toman decisiones en los procesos penales que incluyen el decomiso de bienes.
Luego la Procuraduría General de la República administra los bienes del Estado en coordinación con el Catastro Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter). A la vez, señaló que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) concede o bloquea el acceso de las personas a sus pensiones.
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Pruebas fabricadas
El GHREN asegura que documentó que, en muchos casos, bajo órdenes de los dictadores Ortega y Murillo, la Policía y el Ministerio Público fabricaron pruebas para acusar a opositores de traición a la patria y otros delitos.
En el caso de los 222 y los 135 excarcelados expulsados del país y privados de su nacionalidad en febrero de 2023 y septiembre de 2024, así como los 94 nicaragüenses privados de su nacionalidad en febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Managua emitió resoluciones ordenando a la Procuraduría la confiscación de bienes. Esta última tomaba posesión de los mismos con el apoyo de la Policía y los adjudicaba a instituciones del Estado.
Posteriormente, la Procuraduría transmitía la información sobre las propiedades confiscadas al Catastro del Ineter, indicando la institución a la que se asignaría la propiedad.
“El Grupo identificó algunos casos en los que la Procuraduría transfirió la titularidad de las propiedades al Estado de facto; es decir, sin que las víctimas tuvieran conocimiento de ningún proceso en su contra. El Grupo también documentó casos en los que las propiedades han sido ocupadas de facto por personas vinculadas al FSLN», señala el informe.
Procuraduría justificó confiscaciones
El 17 de mayo de 2024, la Procuraduría General de la República de Nicaragua, al servicio de la dictadura, salió en defensa del régimen asegurando que en el país no hay confiscación, con base en lo establecido en el artículo 44 de la entonces Constitución Política de Nicaragua que prohíbe esta medida. Al respecto, la institución del Estado justificó el robo de bienes asegurando que se trata de recuperaciones legales derivadas de procesos por narcotráfico y delitos de seguridad ciudadana.
«Como es del conocimiento público, al Estado le han sido transferidas, y ha recuperado legalmente para el pueblo nicaragüense, propiedades, derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero; por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberana, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses», señaló la Procuraduría, cuya titular es Wendy Carolina Morales Urbina.
Cuatro fases de represión
El GHREN identificó cuatro fases de represión desde el estallido social de abril de 2018. La cuarta de estas, que inició en 2023 y se extiende hasta el presente, contempla el control absoluto de la dictadura sobre las entidades del Estado y la población.
Además, se caracteriza por la expulsión o negativa de ingreso al país de cientos de nicaragüenses, la confiscación de bienes y la represión selectiva a través de vigilancia, hostigamiento, detenciones arbitrarias, juicios injustos y desapariciones forzadas.
Privación de la nacionalidad
En cuanto a la privación de la nacionalidad, el GHREN señala que es una acción represiva que trasciende las fronteras del país.
“Las personas despojadas de su nacionalidad —ya sea por decisiones judiciales o por acciones administrativas— se enfrentan a una forma de ‘muerte civil’, que restringe gravemente su acceso y el de sus familias al empleo, la educación y otros derechos, como la protección internacional y la justicia”, advierte.
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Menciona, además, que la prohibición impuesta a muchos nicaragüenses de volver a entrar en su país, junto con la negativa consular a renovar los pasaportes, constituye otra violación con repercusiones transnacionales.
“Estas medidas han dejado a numerosos nicaragüenses, incluidos niños, en una situación de extrema vulnerabilidad, convirtiéndolos en apátridas de facto”, expone.
Confiscación permitida en la nueva Constitución sandinista
La nueva Constitución Política de Nicaragua blinda a la dictadura para confiscar, puesto que eliminó los límites de los funcionarios y las garantías para proteger este derecho, según explicaron especialistas consultados por LA PRENSA.
La anterior Constitución establecía derechos, deberes y garantías constitucionales, siendo estas últimas los mecanismos que la Carta Magna contemplaba para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho reconocido constitucionalmente. Esto es lo que desaparece en la nueva Constitución Política orteguista.
Aunque la nueva Constitución Política de Nicaragua prohíbe las confiscaciones en los artículos 40 y 46, los especialistas consideran que esto es “letra muerta”, ya que el régimen eliminó la garantía contenida en el artículo 44, que establecía que los funcionarios que incurrieran en este delito debían responder con sus bienes.
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“Por ejemplo, yo tenía derecho a la propiedad y la garantía de que, si un funcionario atropellaba mi propiedad, debía responder por ello. Hay que decirlo claramente: la pretensión que tienen es eliminar esa responsabilidad como garantía para el ciudadano”, dijo un especialista consultado anteriormente.
En opinión del abogado Uriel Pineda, “haber derogado la prohibición de las confiscaciones pudo generar mucha inseguridad jurídica y generar un clima nocivo para la inversión. La modificación elude responsabilidades de funcionarios públicos por la comisión de un acto de naturaleza arbitraria”, dijo Pineda en entrevistas anteriores a este Diario.
