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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) detalló en un informe presentado este miércoles en Ginebra, Suiza, que desde abril de 2018, tanto actores estatales como no estatales vigilan, intimidan y persiguen constantemente a opositores o personas percibidas como tales, así como a sus familias e individuos con capacidad de movilización social y liderazgo.
Entre los hallazgos el Grupo menciona que el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) interceptó comunicaciones de forma ilegal, mientras que instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) utilizaron los censos para perseguir a disidentes, y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) identificó cuentas bancarias a embargar como represalia.
La estructura, según el GHREN, está compuesta principalmente por miembros del Ejército Nacional, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Ministerio de Salud (Minsa) y grupos paramilitares, y emplea centros de cómputo instalados en cada municipio.
El GHREN comprobó que la Policía dispone de un centro de información e inteligencia, el cual reporta al comisario responsable de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial y se utiliza para identificar y obtener información sobre opositores con el fin de vigilarlos, amenazarlos y acosarlos.
“La Dirección de Información para la Defensa del Ejército tiene acceso ilimitado a este centro. Personal de la Dirección de Auxilio Judicial —-que depende de la misma Subdirección— y del Sistema Penitenciario Nacional también recaban información durante los interrogatorios”, señala el informe.
Complicidad del Minsa y la UAF
También indica que los centros informáticos de los municipios registran la información que las personas facilitan en los formularios censales del Ministerio de Salud. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) contribuye a identificar las cuentas bancarias de los opositores que deben embargarse.
“Esta vigilancia no se limita a las personas consideradas opositoras; toda la población es vigilada por la estructura de inteligencia a través del Ministerio de Salud (Minsa), que realiza un censo poblacional que incluye preguntas sobre la ubicación de familiares y sus afiliaciones políticas”, señala el informe.
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Telcor interceptó comunicaciones de forma ilegal
El informe menciona también que el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) proporcionó información sobre opositores a la Policía, obtenida mediante intercepciones ilegales, lo que genera un clima de miedo y autocensura en la población respecto a la publicación de noticias o el intercambio de información en línea.
“Los nicaragüenses residentes en el exterior también se abstienen de comunicarse con sus familiares en el país por temor a que sus llamadas y mensajes puedan ser interceptados”, señala el GHREN.
Esta práctica se legalizó en 2024, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley núm. 1223, “Ley de telecomunicaciones convergentes”, que faculta a Telcor para vigilar, interceptar y bloquear contenidos en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación tradicionales, así como para geolocalizar a personas en nombre de la preservación de la seguridad nacional y el orden público.
El informe también menciona que Telcor alberga granjas de troles que operaban desde el Centro de Convenciones Paebenic, el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (Inatec), las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y la sede de Telcor.
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“Estas granjas son controladas por la Red de Jóvenes Comunicadores y la Secretaría Nacional de Organización del FSLN y responden a la vicepresidenta. Acosan, amenazan y desacreditan a los opositores, al tiempo que difunden desinformación”, señala.
Además, documenta casos en los que nicaragüenses continuaban siendo acosados, incluso cuando se encontraban en el extranjero y eran presionados para que enviaran fotografías desde sus países de residencia.
Vigilancia contra familiares de opositores
El informe recoge testimonios sobre violaciones cometidas por el aparato de vigilancia y acoso contra familiares de opositores. Estas violaciones incluyen vigilancia, hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos de la salud y la educación, así como despidos arbitrarios.
Entre los abusos del régimen se menciona que la Policía interrogó a niños para obtener información sobre familiares en el exilio.
“Como consecuencia, muchos nicaragüenses que viven en el extranjero han tenido que limitar sus perfiles públicos, practicar la autocensura, reducir su participación en actividades públicas y, en algunos casos, distanciarse o negar sus lazos familiares para protegerlos”, puntualiza el informe.
GHREN cumplirá tres años investigando crímenes de lesa humanidad
El 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) creó un grupo de tres expertos para investigar, inicialmente por un período de un año, las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
El objetivo del GHREN es llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre estas presuntas violaciones, establecer los hechos y circunstancias relacionadas, formular recomendaciones y colaborar con todas las partes interesadas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el GHREN el 31 de marzo de 2022 por un período de un año y renovó su mandato el 3 de abril de 2023, extendiéndolo hasta el 31 de marzo de 2025. Para este miércoles, está previsto que el Grupo de Expertos presente un nuevo informe con más pruebas sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
