El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó este miércoles un nuevo informe en el que profundiza en las instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país desde abril de 2018. Entre las instituciones responsables, menciona al Ejército de Nicaragua y la Policía.
Pese a que el Ejército de Nicaragua aseveró públicamente que su papel durante las protestas se limitó a proteger bienes estratégicos, negando su participación en la represión, el informe del GHREN asegura que obtuvo información creíble de que el Ejército participó en la represión utilizando armas letales en coordinación con la Policía y grupos paramilitares.
El GHREN señala que el 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en la que participaron oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, Inteligencia y Contrainteligencia Militar, Personal y Cuadros. En dicha reunión, se afirmó que el país enfrentaba un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales. Además, menciona que el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, Bayardo Rodríguez, leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones.
“El Grupo estableció que el Presidente y la Vicepresidenta ordenaron a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a los grupos armados progubernamentales que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder a toda costa”, señala el informe.
De esta manera, el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones, pese a no tener competencias en materia de seguridad pública, mientras que el entonces subdirector de la Policía y actual primer comisionado, Francisco Díaz, permitió que agentes policiales utilizaran fuerza letal contra los manifestantes.
El Ejército asumió el control operativo de la represión
El informe del GHREN detalla que la Dirección de Información para la Defensa del Ejército asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Policial, el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.
“Los miembros de estos dos últimos cuerpos utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus intervenciones. Comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno”, señala el informe.
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Cuatro fases de represión
El informe señala que se identificaron cuatro fases de represión a raíz del estallido social de abril de 2018.
La primera fase ocurrió entre 2018 y 2020, caracterizada por una represión violenta y desproporcionada de las protestas legítimas.
«La Policía Nacional, el Ejército Nacional y grupos armados progubernamentales hicieron uso excesivo y letal de la fuerza para reprimir manifestaciones y desmantelar barricadas, lo que provocó centenares de ejecuciones extrajudiciales y otras lesiones corporales graves», señala el GHREN, añadiendo que en esa etapa el régimen hizo uso letal de la fuerza, a la vez que detuvo y procesó a cientos de manifestantes y opositores reales o percibidos como tales.
La segunda fase fue en 2021 y se caracterizó por la intensificación de la represión selectiva, especialmente mediante detenciones arbitrarias con juicios injustos para garantizar la reelección del dictador Daniel Ortega. En esta etapa, el GHREN menciona que el Consejo Supremo Electoral revocó la personalidad jurídica de tres partidos políticos opositores, reduciendo el espacio cívico y la libertad de expresión, incluyendo el cierre y asalto de medios de comunicación independientes como LA PRENSA y Confidencial.
La tercera fase fue en 2022, cuando el régimen Ortega-Murillo redobló sus esfuerzos para eliminar todos los «restos» de la oposición política en el marco de las elecciones municipales de noviembre de ese año. El informe señala que la Policía depuso arbitrariamente a cinco alcaldes y detuvo a miembros de partidos de la oposición y a sus familiares, con el apoyo de miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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La cuarta fase abarca desde 2023 hasta el presente y se caracteriza por medidas encaminadas a eliminar toda crítica y cimentar el control absoluto de los dictadores sobre todas las entidades del Estado y la población. Se señala que el régimen expulsó o prohibió la entrada al país a cientos de nicaragüenses, mientras que a otros cientos los privaron arbitrariamente de su nacionalidad.
“Aceleraron la confiscación de bienes de opositores reales o presuntos, de sus familiares, de organizaciones sin fines de lucro y de universidades privadas. Continuó la represión selectiva y sistemática de presuntos opositores, que incluyó vigilancia, hostigamiento, detenciones arbitrarias, juicios injustos y desapariciones forzadas”, señala.
También menciona que la dictadura formalizó su control mediante reformas constitucionales y legislativas, en referencia a la nueva “Constitución” sandinista que entró en vigor este mes y que, según el informe, socavó la protección de los derechos fundamentales, a la vez que concedió poderes casi ilimitados a la “presidencia”.
Poderes e instituciones bajo absoluto control
El informe expone que la Asamblea Nacional, ampliamente dominada por el Frente Sandinista, funciona como una extensión del Ejecutivo y ha continuado aprobando expeditamente leyes y reformas que restringen los derechos humanos y socavan el Estado de derecho.
“Estas leyes se han utilizado para legitimar y justificar acciones autoritarias, como detenciones arbitrarias, criminalización de la disidencia, privaciones arbitrarias de nacionalidad, cierres forzosos de organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación independientes, y confiscaciones arbitrarias de bienes”, señala el informe.
Crímenes de lesa humanidad
Esta no es la primera vez que los expertos de la ONU señalan que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de agentes estatales y no estatales. Desde el informe presentado en marzo de 2023, el GHREN señaló que estos crímenes incluían asesinatos, encarcelamiento, tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual, deportación y persecución.
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Sin embargo, el GHREN señala que ha solicitado información al régimen Ortega-Murillo a través de 16 cartas, pero ninguna ha tenido respuesta. Además, indicó que envió al régimen una copia anticipada del informe presentado este 26 de febrero.
«A pesar de los llamamientos del Consejo de Derechos Humanos al gobierno de Nicaragua para que coopere plenamente con el Grupo, incluso concediéndole acceso sin restricciones a todo el país, el gobierno sigue negándose a colaborar con el grupo», señala el informe.
GHREN cumple tres años investigando crímenes de lesa humanidad
El 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) creó un grupo de tres expertos para investigar, inicialmente por un período de un año, las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
El objetivo del GHREN es llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre estas presuntas violaciones, establecer los hechos y circunstancias relacionadas, formular recomendaciones y colaborar con todas las partes interesadas.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el GHREN el 31 de marzo de 2022 por un período de un año y renovó su mandato el 3 de abril de 2023, extendiéndolo hasta el 31 de marzo de 2025. Para este miércoles, está previsto que el Grupo de Expertos presente un nuevo informe con más pruebas sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
