El presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Foto: tomada de La Estrella de Panamá.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Foto: tomada de La Estrella de Panamá.

Presidente de Panamá llama en la OEA a no ignorar la situación de Nicaragua

Mulino dijo que la situación de Nicaragua “es grave” y que las violaciones a los derechos humanos “son hechos incompatibles con los principios” de la OEA.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en ese país entre el 22 y 24 de junio. El mandatario llamó a los Estados miembros a no ignorar la situación de Nicaragua.

“Como país anfitrión de esta Asamblea, Panamá desea por mi conducto hacer algunos señalamientos importantes con la obligación de señalar lo que esta organización no puede ignorar: la situación de Nicaragua”, declaró Mulino durante su intervención en la Asamblea General de la OEA.

El mandatario panameño resaltó que el deterioro del respeto a los derechos humanos en Nicaragua “es grave”, así como la persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, expulsión de organizaciones humanitarias, encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos. Para Mulino, todos estos “son hechos incompatibles con los principios” que la OEA defiende.

Opositores esperan que OEA pase a acciones más concretas

Una comitiva de diversos sectores de la sociedad civil y opositores nicaragüenses se encuentra en Panamá realizando actividades paralelas para influir en el tema de Nicaragua en la OEA. Esperan que la organización deje de lado su discurso de condena a las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen y pase a acciones más concretas.

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El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, calificó como “un logro” que el tema de Nicaragua fuera incorporado a la agenda de la OEA y destacó los esfuerzos de la sociedad civil para lograrlo.

Miembros de grupos opositores y la sociedad civil se presentaron el pasado 26 de mayo en la sede de la OEA en Washington, D.C., Estados Unidos, para incidir en que el tema de Nicaragua fuera incorporado en la 56ª. Asamblea General. “Lo que la sociedad civil ha venido realizando en la OEA es que el tema de Nicaragua se incorpore en la agenda y eso se logró. Hay un borrador de resolución alrededor del tema”, resalta Ruiz.

Diálogo de representantes de organizaciones de la sociedad civil con las y los Jefes de Delegación, el Secretario General y la Secretaria General Adjunta de la OEA.
Diálogo de representantes de organizaciones de la sociedad civil con las y los Jefes de Delegación, el Secretario General y la Secretaria General Adjunta de la OEA. Captura de pantalla.

Según el ambientalista, la agenda de las organizaciones de sociedad civil durante la Asamblea General de la OEA está vinculada a la continuidad de los temas de derechos humanos, libertad de la asociación, la situación de las personas presas políticas, vulneración de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el caso de la muerte en custodia del preso político y líder indígena Brooklyn Rivera, entre otros.

Demandan investigación por los casos de Rivera y Fagoth

Como parte de las actividades que se realizan en la Asamblea General, la tarde de este lunes se llevó a cabo el Diálogo de representantes de organizaciones de la sociedad civil con las y los jefes de delegación, el secretario general y la secretaria general adjunta de la OEA.

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En representación de la Coalición de Pueblos Indígenas de América, el canadiense Clément Chartier recordó los casos de Brooklyn Rivera, muerto en custodia, y de Steadman Fagoth, preso político de la dictadura Ortega-Murillo. Chartier demandó “investigaciones y sanciones” para los responsables de parte de los Estados miembros de la OEA.

Por su parte, Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), denunció la “adopción de normativas y prácticas orientadas a controlar y obstaculizar el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil” en varios países del continente, entre ellos Nicaragua. Gisela resaltó que estos “restringen el espacio cívico y debilitan la defensa de los derechos humanos”.

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