El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evidenció este miércoles que la dictadura Ortega-Murillo incentiva a los colonos, en su mayoría exmilitares, para ocupar áreas protegidas.
“El Grupo de Expertos recibió información y evidencia que revela que el Estado ha incentivado a los colonos para ocupar tierras, e incluso los ha ubicado, contando con respaldo institucional local”, señala el informe titulado “Violaciones y abusos de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua”, publicado el miércoles.
El GHREN también refirió que el régimen justifica los flujos migratorios hacia las Regiones Autónomas argumentando la sequía en las regiones del Pacífico y Centro de Nicaragua, así como la expansión del sistema de carreteras. Esta fue la explicación que el Gobierno presentó ante el Fondo Verde para el Clima en 2020, con la cual pretende justificar la invasión de colonos en territorios indígenas.
No obstante, testimonios recogidos por el GHREN señalan que la invasión u ocupación de tierra comunal responde a una política del régimen para apropiarse de la tierra y los recursos naturales que ahí se encuentran. “Los colonos son el instrumento socio militar y conveniente para despojar a los indígenas”, señaló uno de los testimonios.
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El Grupo de Expertos destaca que los colonos, provistos de armas de fuego, realizan actividades como agricultura, explotación de madera, animales silvestres, ganadería extensiva, minería artesanal “e incluso el mismo tráfico ilegal de tierras”.
Además señalan que las ocupaciones se realizan de manera constante desde 2014 y se han incrementado de manera exponencial junto con la violencia en los territorios debido a conflictos de tierra.
GHREN señala a exmilitares y excombatientes
El Grupo de Expertos señaló que los documentos y entrevistas evidencian que muchos colonos eran exmilitares desmovilizados y excombatientes. El Estado les prometió tierra y trabajo durante el proceso de desmovilización o como recompensa por haber servido al país durante el conflicto de la década de 1980.
“Ejemplos de estos grupos son los exmilitares desmovilizados del Ejército y de la Resistencia Nicaragüense de la década de los ochenta, como la Organización de Excombatientes Copamar, la Asociación Resistencia Nicaragüense Israel Galeano ‘Comandante Franklin’ y la Asociación por el Desarrollo de los Excombatientes de la Costa Atlántica, Región Autónoma del Atlántico Norte”, señala el informe.
Ventas ilegales de tierras por parte de colonos
Por otro lado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) señala que en 2017 una encuesta realizada a 359 familias de colonos establecidas en la zona deforestada de Bosawas reveló que solo el 20 % tenía títulos de propiedad, mientras que el 60 % poseía otros documentos informales de cesión de derechos sobre la tierra o instrumentos privados de posesión. Además, un 20 % no contaba con ningún tipo de título.
Sin embargo, la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz establece que las tierras comunales no se pueden vender ni transferir; solo se pueden arrendar para su aprovechamiento, sin que el arrendamiento sea transferible.
El informe también destaca que en 2016 el régimen documentó la presencia de 80 familias de colonos en la comunidad de Wisconsin. En este sitio, cinco familias llegaron primero y luego subarrendaron a otras 75, ocupando 23,255 hectáreas.
Asimismo, en un diagnóstico realizado por la Secretaría para el Desarrollo de la Costa Caribe en 2016, se demostró que, como resultado de la venta ilegal de tierras, se crearon dos poblados, San José y San Miguel, en la comunidad La Esperanza, río Wangki. “La venta habría sido realizada por el presidente de la supuesta organización Asociación por el Desarrollo de los Excombatientes de la Costa Atlántica, Región Autónoma del Atlántico Norte”, señala el informe. También se menciona otra venta de 76,000 hectáreas a un colectivo inexistente.
Por otro lado, el informe documenta la venta de al menos 24,000 hectáreas en la tierra comunal de Klisnak, supuestamente realizada por un concejal municipal de Waspam y el expresidente territorial de Wangki Li Aubra Tasbaya.
El caso de Yatama
El informe también detalla el caso del partido regional indígena Yatama, ilegalizado por el Consejo Supremo Electoral en 2023, y cuyos líderes, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, permanecen bajo arresto arbitrario. El GHREN indica que existen evidencias y motivos razonables para creer que la Policía y grupos armados progubernamentales han reprimido las manifestaciones de los integrantes de Yatama.
Luego del arresto de Rivera en septiembre de 2023, el Grupo de Expertos reporta que los familiares han sido amenazados con arresto si vuelven a preguntar por él, además de hostigamiento y amenazas contra los partidarios de Yatama.
El despojo de tierras por parte de colonos impacta en la forma de vida de indígenas
El informe señala que la pérdida de acceso a sus tierras afecta gravemente la capacidad de los pueblos indígenas para mantener sus formas de vida y economía, lo que podría derivar en la desaparición de sus culturas.
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Pese a la existencia de un marco normativo e institucional que garantiza el derecho a la autonomía indígena, el informe subraya que este se ha visto debilitado desde antes de 2018, ya que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de la dictadura, ha ejercido control a través de empleados del Estado, funcionarios locales y los Comités de Liderazgo Sandinista, incluso en espacios de gobernanza indígenas y afrodescendientes.
En sus conclusiones, el GHREN expone que a partir de 2018 el régimen Ortega-Murillo y grupos afines han cometido graves violaciones y abusos contra los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.