Luego de la excarcelación de 135 presos políticos y su destierro a Guatemala el pasado 5 de septiembre, al menos 36 reos de conciencia permanecen en Nicaragua, según detalló el Mecanismo para el Seguimiento de las Personas Presas Políticas en una actualización brindada el lunes. De ese total, al menos 30 han sido condenados y seis no tienen sentencia. Además, ocho son adultos mayores y tres son mujeres.
Yaritza Mairena, de la Unión de Presas y Presos Políticos (UPPN), dijo a LA PRENSA que, a raíz de la excarcelación, varias organizaciones que dan seguimiento a la situación de los reos de conciencia elaboraron una lista que no será pública. Posteriormente, también con el apoyo de otros excarcelados, se creó un listado de personas que aún permanecen en prisión por razones políticas.
«Hemos estado en un proceso de construcción de la lista de las personas liberadas. Elaboramos una lista que no se publicó y, luego, nos dimos a la tarea de crear la lista de personas que quedaron en las cárceles. El Mecanismo dice que son 36, pero la UPPN considera que son 38», afirmó Mairena.
Asimismo, señaló que «hay otros casos en estudio por parte del Mecanismo que serán agregados posteriormente. Son casos que se están evaluando».
Puerta giratoria
A criterio de Mairena, la decisión del régimen Ortega-Murillo de mantener a reos de conciencia en las cárceles de Nicaragua responde a una táctica de la dictadura para sembrar terror entre la población y sofocar las voces críticas.
«Esta es una táctica que hemos denunciado recurrentemente, llamada ‘puerta giratoria’. El régimen la utiliza para mantener a la población con miedo y disuadir cualquier intento de crítica dentro del país. Con estas excarcelaciones, el régimen busca ganar oxígeno», señaló.
Organizaciones de derechos humanos se refieren a la «puerta giratoria» como la táctica de la dictadura de arrestar a opositores (o a quienes son percibidos como tales), excarcelarlos y detener a otros ciudadanos también por motivos políticos.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) mencionó en su informe de marzo de 2023 que, a partir del segundo semestre de 2019, se identificó el fenómeno de la «puerta giratoria», el cual, según el documento, «continuó en el tiempo, con autoridades que detenían y liberaban a un número similar de personas, manteniendo así estabilidad en las cifras de personas detenidas».
De hecho, antes de la excarcelación del pasado 5 de septiembre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registraba 151 reos de conciencia: 141 desde abril de 2018 y 10 en contextos anteriores a ese año.
Es importante que los familiares autoricen
En una actualización, el Mecanismo aseguró haber confirmado que 111, de las 135 personas desterradas, estaban incluidas en sus listados, y que se identificaron 18 personas excarceladas que no figuraban en ellos.
Además, no se obtuvo información sobre cuatro personas que estaban en la lista, lo que impide confirmar si continúan detenidas. Por ello, se sumaron a un proceso de análisis «que se llevará a cabo junto con otros casos conocidos por posible vinculación política», señaló el Mecanismo.
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Según Mairena, por esta razón es fundamental que los familiares de los presos políticos den su autorización para incluirlos en listados que permitan la identificación de estas personas.
«La lista del Mecanismo se construye a través de la autorización de los familiares. Por eso es importante que las familias den su consentimiento para que el nombre sea publicado. Existen algunos filtros legales para establecer que se trata de presos políticos», explicó.
Desaparición de propietaria de agencia de envíos
El Mecanismo incluyó entre los 36 presos políticos a Eveling Carolina Matus Hernández, de 35 años, quien fue arrestada el pasado 25 de junio. Matus es propietaria de la agencia de envíos internacionales ASAP, una empresa de paquetería con sede en Lomas del Valle, Managua, que opera desde Miami, la cual fue intervenida por el régimen el 26 de junio de este año.
Hasta la publicación de esta nota, se desconocen los motivos de la intervención de la empresa y la detención de su directora, ya que en el sistema de causas Nicarao no aparece ninguna acusación en su contra.
«Entiendo que sigue desaparecida porque no se ha esclarecido dónde se encuentra detenida. La detención fue en su negocio en Managua, y todos sus bienes fueron confiscados, pero se desconoce su paradero», explicó Mairena, quien añadió que las excarceladas, que forman parte de los 135 exreos de conciencia desterrados en Guatemala, «no la vieron».
La empresa ASAP informó el 26 de junio que sus oficinas permanecerían cerradas hasta nuevo aviso, sin explicar los motivos.
«Nuestro equipo enfrenta inconvenientes con nuestras vías de comunicación. Les notificaremos en cuanto se restablezca el servicio e informaremos sobre el estado de sus paquetes y entregas», señaló el comunicado. Ese mismo día, vecinos informaron a medios de comunicación que agentes antidisturbios tomaron las instalaciones e impidieron que los clientes retiraran su paquetería.
Según se expone en su sitio web, ASAP inició operaciones en abril de 2018 «bajo la necesidad de atender a un nicho que, en ese entonces, eran las personas que no temían comprar a través de internet en páginas de Estados Unidos (USA) y China».
