Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense participaron este martes 27 de agosto en la pre-sesión del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) para Nicaragua en Ginebra, Suiza, donde expusieron la grave crisis de derechos humanos impuesta por el régimen Ortega Murillo en el país.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recomendó durante la pre-sesión que los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exijan al Estado de Nicaragua que se investiguen los crímenes de lesa humanidad
También pidió que se deroguen las leyes represivas que criminalizan la defensa de derechos humanos y espacio cívico. Además, que se garantice el respeto de todos los defensores de derechos humanos, religiosos, periodistas y artistas.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de la Organización de Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados con los derechos humanos. Fue creado en marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a raíz de la resolución 60/251. Se celebra cada cinco años y en esta ocasión corresponde evaluar el período 2019-2024.
Informes de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense revelan que el Estado de Nicaragua no cumplió con las 135 recomendaciones que aceptó de las 259 emitidas por 96 países en el ciclo anterior del EPU. Según el Colectivo, en ese ciclo, Nicaragua recibió 26 recomendaciones sobre derecho de asociación y religión, de las cuales solo cinco aceptó y justificó el rechazo de las demás por “falta de fundamento y distorsión a la realidad”.
Exponen cierre de espacio cívico con cancelación de organizaciones sin fines de lucro
Salvador Marenco, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, resumió en su intervención el cierre del espacio cívico a través de la cancelación y confiscación de más de cinco mil organizaciones sin fines de lucro.
“Solo en este año se han cancelado más de 1,700 organizaciones, principalmente a partir del nuevo modelo de ‘Alianza de Asociación’, sujetando las pocas que queden a que todos sus proyectos sean aprobados por el Ministerio del Interior y desarrollarlos solo de forma conjunta con el Estado”, dijo Marenco.
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Por su parte, Guillermo Medrano, de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), en representación de otras organizaciones, recomendó el restablecimiento de las personerías jurídicas a las organizaciones sin fines de lucro.
“Restablecer de inmediato la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil que han sido clausuradas y permitir que realicen su trabajo sin temor a represalias”, dijo Medrano durante su intervención este martes.
Presentan informe de agresiones a la libertad de prensa y expresión
Medrano señaló que el Estado de Nicaragua impuso un marco jurídico para debilitar el Estado de derecho, instaurando mecanismos de censura, represión y judicialización contra periodistas, artistas y medios de comunicación.
“Durante este periodo desde nuestra organización hemos logrado documentar al menos 1,068 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, 823 personas naturales (77 %) y 245 medios de comunicación (33 %)”, dijo Medrano durante su intervención.
Medrano señaló que en mayo de 2019, durante el diálogo interactivo del tercer ciclo del EPU, de las 259 recomendaciones que recibió el Estado de Nicaragua, 48 de estas estaban orientadas a garantizar la protección de la libertad de expresión y prensa.
“De estas, solamente fueron aceptadas 14, lo que equivale a un 29 %. A la fecha no se ha cumplido con ninguna de las recomendaciones aceptadas”, señaló Medrano.
Además, nueve organizaciones que trabajan en la defensa de la libertad de expresión y prensa aportaron para el informe de contribución de cara al EPU. Las organizaciones son: PEN Internacional, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), PEN Nicaragua en el Exilio, Asociación de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, IFEX-ALC, Article 19 México y Mesoamérica, Artist at Risk Connection, PEN América, Comité para la Protección de Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa.
Las organizaciones detallan en su informe de contribución que los actos de persecución de ataques y de censura contra periodistas aumentaron críticamente en Nicaragua durante el periodo presentado en este informe. De acuerdo con la FLED, en 2019 se registraron 202 eventos represivos; en 2020, 218; en 2021, 98 y en 2023, 86. Además, expuso que por esta razón, al menos 275 periodistas y comunicadores se exiliaron entre abril de 2018 y julio de 2024.
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Entre 2018 y 2023, la FLED contabilizó el cierre de 54 medios de comunicación. A cinco de estos el régimen allanó y confiscó: Radio Darío, Confidencial, Canal 100% Noticias, LA PRENSA y Radio Vos de Matagalpa.
Preocupación por la libertad religiosa
Las organizaciones que participaron en la pre-sesión también expusieron la crisis de la libertad religiosa en Nicaragua, agudizada por la represión, destierro, confiscación y encarcelamiento de líderes religiosos de la Iglesia católica y evangélica.
“Este colectivo ha identificado cuatro etapas de represión, en las que se han reportado discursos estigmatizantes contra sacerdotes, saqueos a templos, amenazas de muerte, agresiones, asedios a actividades religiosas, profanación de tumbas, desnacionalización, destierro, apatridia de facto y detenciones selectivas”, señaló Marenco durante su intervención.
Marenco expresó que de junio de 2022 a febrero de 2024 el régimen procesó a 65 religiosos y que actualmente permanecen 13 laicos detenidos por participar en actividades religiosas.
Por su parte, Medrano señaló que la mayoría de medios de comunicación que el régimen cerró entre 2018 y 2024 son católicos.
Por esta razón, entre sus recomendaciones está: “Poner fin a la campaña de persecución religiosa, especialmente contra los medios de comunicación de la Iglesia católica, y garantizar que operen en igualdad de oportunidades como lo hacen otras denominaciones religiosas”.
UDJ pide liberación de presos políticos
Durante su intervención, Alexandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), exigió al Estado de Nicaragua que se libere inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos diez que permanecen en prisión previo al contexto de 2018.
Además, que se garanticen juicios justos y una tutela judicial efectiva con acceso a los expedientes y comunicación con familiares y abogados de su elección.
Salazar expresó que, pese a que Nicaragua liberó presos políticos entre 2018 y 2024, las excarcelaciones se realizaron bajo condiciones violatorias a los derechos humanos.
Además refirió que las personas excarceladas entre 2018 y 2024 fueron sometidas a torturas físicas y psicológicas extremas.
“Estas prácticas incluyeron golpizas, amenazas de violencia sexual, y condiciones inhumanas de detención, que dejaron secuelas graves y permanentes en las víctimas”, puntualizó Salazar.
De las 135 recomendaciones que Nicaragua aceptó en el ciclo anterior, nueve se referían a detenciones arbitrarias, independencia judicial, rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, uso de recursos efectivos y la falta de acceso a información procesal. Según la UDJ, el Estado de Nicaragua incumplió con estas recomendaciones.
