De cara al Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el que exponen las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen Ortega Murillo entre 2019 y 2024, un grupo de nueve organizaciones presentó un informe que en cuatro capítulos recoge: violaciones a la libertad de asociación; violaciones al derecho a la educación de calidad; derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; situación de los presos políticos y recomendaciones.
El documento fue elaborado por la coalición RedProdepaz Nicaragua, integrada por nueve organizaciones: la Red Internacional de Derechos humanos Europa (Ridhe), Aula abierta, Activismo Ciudadano en Resistencia, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), Fundación para la Libertad, Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) y Foundation for Development and Social Innovation.
Nicaragua incumple obligaciones de cara al EPU
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de la Organización de Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados con los derechos humanos. Fue creado en marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a raíz de la resolución 60/251. Se celebra cada cinco años y en esta ocasión corresponde evaluar el período 2019-2024.
«Esta evaluación representa una herramienta de presión para visibilizar las violaciones a los derechos humanos que afectan a los nicaragüenses», dijo David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta.
Según el director de Aula Abierta, en 2023 el Estado de Nicaragua debió realizar consultas con organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para evaluar la situación de los derechos humanos en el país y diseñar políticas públicas, pero esto no sucedió.
«El gobierno, en lugar de convocar a este diálogo, se dedicó a aumentar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y cercar aun más el espacio cívico en el país, como se demuestra en el cierre de más de 3,600 organizaciones sin fines de lucro y de al menos 27 universidades, entre estas, la Universidad Centroamericana (UCA)», expuso Gómez.
Los próximos pasos de cara al EPU
La segunda fase del proceso de cara al EPU se basa en los Informes Sombra. En esta etapa organizaciones defensoras de derechos humanos deben enviar informes independientes que permitan conocer la realidad, aparte de la narrativa oficial de los Estados.
El 8 de abril de 2024, la Redprodepaz presentó un informe que contiene violaciones a los derechos humanos, cometidas entre 2019 y 2024, en Nicaragua y a nicaragüenses que viven en Costa Rica.
El 4 de noviembre se realizará la «Sesión de adopción» ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. En esa ocasión, todos los Estados miembros de la ONU podrán dar recomendaciones sobre como respetar y garantizar los derechos humanos en Nicaragua. Según Gómez, en el primer trimestre de 2025, habrá otra sesión de adopción del informe en la que se recogerán todas las recomendaciones.
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Nicaragua no implementa recomendaciones
El 17 de mayo de 2019, en el Palacio de Naciones, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, donde se realizó el Examen Periódico Universal al Estado de Nicaragua, el delegado de la dictadura, Valdrack Jaentschke, notificó que su país se tomaba el plazo otorgado por el foro internacional para considerar las 259 recomendaciones que sobre derechos humanos le hicieron 94 países.
Los enviados del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se comprometieron a asumir de inmediato las 259 sugerencias sobre derechos humanos que les planteó el organismo durante el Examen Periódico Universal (EPU).
“Agradecemos las recomendaciones constructivas que hemos recibido, a pesar de algunos pocos claros intentos por politizar este espacio. Las estudiaremos con la importancia que tienen a través de las coordinaciones armónicas de todas las instituciones del Estado de Nicaragua para emitir una decisión final y luego proceder con su cumplimiento”, dijo Jaentschke en esa sesión.
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Documentan nuevos patrones de represión
Yaritza Mairena, vocera de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), una de las nueve organizaciones que participaron en la elaboración del informe, señaló que el régimen Ortega Murillo está utilizando nuevos patrones de represión y que actualmente implementa la «desaparición forzada».
«Hay diferentes patrones que la dictadura ha implementado a partir de 2018. Últimamente han implementado la desaparición forzada para no dar información sobre lo que está pasando. El régimen está persiguiendo a las personas, no solo a través de la prisión, sino que en casa por cárcel, ciudad por cárcel y constantemente vigiladas por policías y paramilitares», señaló Mairena.
Represalias se extienden a familiares de desnacionalizados
Por su parte, Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), aseguró que los oficiales de la Policía, al momento de retener a críticos, les «recomiendan» abandonar el país.
«Actualmente están reteniendo por varias horas en cárceles clandestinas, te sacan y te imponen opciones: te ‘recomiendan’ que te vayás del país y la segunda es obligar a las personas a firmar casi diario la asistencia ante la Policía», relató Martínez.
Según Martínez, ha tenido conocimiento de que el régimen está imponiendo restricciones para trámites gubernamentales a familiares de opositores a los que la dictadura ha despojado de su nacionalidad.
«A los familiares de personas privadas de su nacionalidad también se les está privando de su nacionalidad. Si sos hijo, hermano, familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad de una persona que fue desnacionalizada, al hacer trámites gubernamentales no te lo permiten porque no aparecés en sistema», señaló Martínez.
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Recomiendan derogar ley que priva de la nacionalidad
Las organizaciones que presentaron el informe de cara al EPU, entre otras cosas recomendaron al Estado de Nicaragua derogar la Ley 1145, «Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense» y restituir la nacionalidad a los 222 nicaragüenses privados arbitrariamente de esta.
Esta ley la aprobaron el 9 de febrero de 2023, horas después de que el régimen Ortega Murillo expulsó del país a 222 exreos políticos a quienes posteriormente les quitó la nacionalidad.
Estas desnacionalizaciones se realizaron ilegalmente, ya que aunque dicha ley fue aprobada, el artículo 21 de la Constitución que impedía ese despojo fue reformado, pero por su rango constitucional, su entrada en vigencia requería una ratificación en segunda legislación que se aprobó hasta en enero de 2024.
Las organizaciones también le recomendaron al Estado de Nicaragua cesar la represión contra los estudiantes universitarios, garantizar el derecho a la consulta ciudadana, respetar los territorios indígenas y afrodescendientes; y liberar a los presos políticos.
