A partir de las protestas que estallaron en abril de 2018, las fuerzas policiales y paraestatales reprimieron a los manifestantes que se opusieron a las medidas de la administración de Daniel Ortega relacionadas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y posteriormente la represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como resultado de la represión gubernamental, 355 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y parapoliciales.
En respuesta a las protestas cívicas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo restringió una gran cantidad de derechos humanos e instaló un estado de terror basado en represión, vigilancia y, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023, Nicaragua es un estado policial.
Aunque los derechos humanos tienen el mismo nivel de importancia, LA PRENSA te detalla seis derechos que ya no gozan los nicaraguenses a partir de la crisis sociopolítica.
Derecho de participación política
En Nicaragua, la participación política se ha visto disminuida desde que el dictador Daniel Ortega llegó al poder en 2007.
Organizaciones de derechos humanos reportaban al menos 40 personas detenidas en el marco de las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega se autodenominó ganador de los comicios luego de haber arrestado a sus principales rivales políticos.
Además, ninguna persona puede acceder a cargos públicos si no está alineada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de la dictadura.
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“Ninguna persona nicaragüense puede acceder a cargos políticos si no está relacionado con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esto afecta el derecho de elegir y ser electo, ya que existe un partido único en Nicaragua que no permite ninguna opción”, dijo Braulio Abarca, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa
En seis años de crisis sociopolítica, la dictadura Ortega Murillo eliminó cualquier forma de libertad de expresión. Primeramente, arremetió contra medios de comunicación.
La Red de Defensa Jurídica, integrada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), presentó su informe de cara al Examen Periódico Universal (EPU) en su cuarto ciclo, en el que destacaron el cierre de 49 medios de comunicación y al menos 18,869 agresiones contra la libertad de prensa entre 2019 y 2023.
El informe de contribuciones de la Red de Defensa Jurídica destaca el incremento de los eventos represivos contra la prensa independiente en Nicaragua. Señala que, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, en 2019 se registraron 202 eventos represivos, en 2020 se contabilizaron 218, en 2018 la cifra incrementó a 9,824 y en 2023 (último año que analiza el presente EPU) se registraron 8,625 represiones.
Derecho de reunión y asociación pacífica
El 18 de octubre de 2018, la Policía dispuso que cualquier manifestación debería contar con un permiso por parte de la institución, contraviniendo los artículos 53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua, que reconocen el derecho de reunión pacífica que no requiere de permiso previo. Además, reconocen el derecho de concentración, manifestación y movilización pública.
“La Policía Nacional ratifica que ninguna actividad puede realizarse sin la correspondiente autorización y cobertura policial, a fin de no afectar la vida social, económica, comercial, financiera, religiosa y de recreación del pueblo nicaragüense”, señaló la Policía a través de una nota de prensa.
A partir de ese momento, la Policía negó el permiso a opositores y empresarios para realizar actividades públicas.
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Además, el 12 de marzo de 2024 el Ministerio del Interior emitió la normativa para la regulación de productores y organizadores de actividades, eventos o espectáculos artísticos públicos, ejerciendo un mayor control en los eventos que se realizan en el país.
Además, de acuerdo con el Informe Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató la cancelación de la personería jurídica de miles de organizaciones de la sociedad civil que representa el patrón más evidente y drástico de los ataques al pluralismo.
Según el informe, entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, la dictadura canceló la personería jurídica de 3,390 organizaciones, de un total de 7,227 registradas legalmente en el país. A las organizaciones canceladas también les confiscó los bienes.
Derecho a la libertad de religión y creencias
Desde 2018, el régimen de Nicaragua arremetió contra las diferentes religiones en el país, especialmente contra la Iglesia católica. Entre abril de 2018 y julio de 2024, la Iglesia católica fue víctima de 870 agresiones, 92 de estas en los primeros siete meses de este año, según la quinta entrega del informe Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida, de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.
Entre 2023 y 2024, el régimen Ortega Murillo arrestó a al menos 46 religiosos que luego desterró. En su mayoría, fueron enviados al Vaticano.
En el caso de la Iglesia evangélica, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció que 21 pastores evangélicos permanecen en el exilio y a otros tres el régimen les impidió ingresar al país.
Por otro lado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidos señaló en su informe publicado el 24 de julio de 2024, que organizaciones de la sociedad civil documentaron 12 agresiones a la integridad personal de miembros de iglesias o congregaciones evangélicas, entre abril de 2018 y agosto de 2023.
Derecho a la educación
El Observatorio Nicaragüense de la Libertad Académica y la Calidad Educativa detalló en un informe publicado en 2022 que entre 2018 y ese año se registraron 207 estudiantes expulsados de universidades por haber participado en manifestaciones antigubernamentales.
Esto obligó a los estudiantes a empezar de nuevo sus estudios en universidades privadas o a exiliarse en búsqueda de mejores oportunidades.
Sin embargo, el 13 de diciembre de 2021, el régimen sandinista dio un paso más: canceló la personería jurídica a la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), que fue la primera de una lista de al menos 30 centros de educación superior a los que la dictadura despojó de su legalidad y posteriormente confiscó sus instalaciones.
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La confiscación más emblemática fue la Universidad Centroamericana (UCA) el 15 de agosto de 2023, luego que la dictadura, a través del poder judicial, acusara al centro de educación superior de violentar la soberanía nacional y de incitar a la desestabilización del país.
Derecho al debido proceso y protección estatal
A partir de las protestas, el régimen encarceló a cualquier voz disidente. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas —una plataforma de sociedad civil conformada por organizaciones nicaragüenses— hasta el 31 de julio de 2024 se elevó a 151 la cantidad de reos de conciencia.
En julio se registraron 13 detenciones arbitrarias con aparentes motivaciones políticas, de las que se confirmó la liberación posterior de cuatro personas y los casos restantes aun están en verificación.
“Calculamos que desde 2018 hay más de cinco mil personas presas políticas que han recibido tratos crueles y degradantes. La situación ha empeorado y se ha vuelto sistemático el patrón de violaciones de derechos humanos”, dijo Abarca, quien añadió que en Nicaragua no se respeta el principio de presunción de inocencia.
Como parte de esas violaciones, Abarca destaca que el poder judicial no es independiente y está sometido al poder ejecutivo, por lo que las víctimas de la represión y quienes son considerados como críticos u opositores, no cuentan con el debido proceso.
Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el régimen Ortega Murillo implementa alrededor de 40 métodos de tortura, entre las que se encuentran las golpizas, condiciones inhumanas de detención, tratos verbales degradantes, desaparición forzada, amenazas de muerte, quemaduras, choques eléctricos, tortura por suspensión, desprendimiento de uñas, entre otras. De esta forma, el régimen viola también el derecho a la integridad personal de los reos políticos.