Tanto los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) como la causa que se abrió en 2022 ante los tribunales de justicia argentinos señalan que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con 16 de sus secuaces, son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad a partir de las protestas iniciadas en abril de 2018.
A estos señalamientos se sumó recientemente el Parlamento Europeo, que el pasado 13 de febrero aprobó una resolución en la que condena al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad y persecución a opositores y religiosos. Además, insta a los países europeos a llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Aunque Ortega, Murillo y los 16 acusados tienen órdenes de captura en Argentina, los dictadores no muestran disposición a ceder. Especialistas advierten que la pareja puede morir sin enfrentar procesos judiciales o ser condenada por los delitos cometidos.
Especialistas consultados explican que, aunque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, el fallecimiento de los dictadores supondría el fin de la persecución penal en su contra, aunque no para los demás responsables. De este modo, una vez que Ortega y Murillo ya no puedan enfrentar procesos judiciales, sí lo harán aquellos cómplices que sigan con vida.
“Si bien, la persecución penal (investigación y sanción) es imprescriptible, la muerte de los responsables sí pone fin a la persecución penal y ahí se agota, para quienes mueran. Pero Ortega y Murillo no son los únicos responsables, la persecución penal persiste sobre quien sobreviva”, consideró el abogado especialista en derechos humanos Uriel Pineda.
Reparación a víctimas se mantiene
Según Pineda, la reparación del daño a las víctimas tampoco prescribe y, en un eventual cambio democrático en el país, esto se convertirá en una obligación del Estado.
“Las medidas de reparación incluso persisten, aunque las víctimas murieran eventualmente”, refirió.
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Por su parte, el especialista en derechos humanos Ronald Rivera consideró que las medidas buscan reparar los daños a las víctimas.
“Más allá del enfoque punitivo de la persona que cometió el delito, generalmente las sanciones buscan resarcir a las víctimas o sus familias y que se reconozca un incidente que nunca tuvo que haber sucedido”, dijo Rivera.
Los primeros 18 responsables de crímenes de lesa humanidad
En el marco de la causa que inició en 2022 en Argentina, el 30 de diciembre de 2024, el juez federal argentino Ariel Lijo citó a declarar a Ortega, Murillo y 16 de sus colaboradores, además de emitir una orden de captura internacional contra todos ellos.
El caso avanza amparado en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales —en este caso, los de Argentina— a investigar y enjuiciar crímenes perpetrados en el extranjero. Desde 1994, el artículo 118 de la Constitución argentina reconoce esta potestad, permitiendo a la justicia federal abordar violaciones a los derechos humanos ocurridas en otros países.
Inicialmente, el 6 de octubre de 2022, los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota presentaron la acusación. Posteriormente, organismos de la sociedad civil presentaron otras denuncias.
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Ortega, Murillo y sus colaboradores son investigados por al menos 14 tipos de delitos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, traslados forzados, persecuciones políticas y detenciones arbitrarias. También se les imputa negar atención médica, despedir trabajadores por razones políticas y usar fuerza excesiva contra manifestantes. Además, se documentaron censura, hostigamiento a periodistas, cierre de medios y actos de corrupción para sostener estas políticas represivas.
Aparte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estos son los 16 acusados y los delitos que se les imputan:
Julio César Avilés
El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, está acusado de proveer armamento a grupos paramilitares que participaron en actos represivos contra manifestantes en 2018. Fue sancionado el 20 de mayo de 2020 por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su papel en la represión.
Gustavo Porras
Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, es señalado por su presunta participación en la represión de las protestas de abril de 2018. Se le atribuye el control de los sindicatos para coordinar y facilitar acciones represivas contra los manifestantes.
Roberto López
Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, se le acusa de colaborar con Porras en las acciones represivas de 2018, aunque no se detallan acciones específicas.
Oscar Valladares
Asesor presidencial en temas de seguridad y defensa, presuntamente participó en la planificación de la represión en 2018, coordinando acciones entre fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales.
Ovidio Reyes
Presidente del Banco Central de Nicaragua, habría financiado actividades criminales vinculadas al régimen, proporcionando apoyo económico para implementar y sostener políticas represivas.
José Francisco López
Vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic, señalado de corrupción y desvío de fondos públicos. En 2018, fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky.
Lumberto Campbell
Magistrado del Consejo Supremo Electoral, imputado en las investigaciones en Argentina, aunque no se detallan los cargos específicos.
Oscar Mojica
Ministro de Transporte de Nicaragua, acusado de diseñar e implementar el plan «exilio, cárcel o muerte», parte de la estrategia represiva del régimen.
Francisco Díaz
Nombrado director de la Policía en agosto de 2018. Consuegro de Ortega, fue sancionado por Estados Unidos el 5 de julio de 2018 por abusos a los derechos humanos.
Ramón Avellán
Subdirector de la Policía, acusado de liderar la represión en Masaya. Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., es responsable de 107 muertes y cientos de heridos.
Néstor Moncada Lau
Asesor del régimen, sancionado por varios países. Se le acusa de corrupción y de financiar la represión contra manifestantes en 2018.
Sonia Castro
Exministra de Salud, acusada de ordenar que no se atendiera a los heridos de las protestas en hospitales públicos.
Fidel Moreno
Se le señala de dirigir actos de violencia mediante la Juventud Sandinista y grupos armados.
Ramona Rodríguez
Rectora de la UNAN-Managua, acusada de expulsar a estudiantes opositores, ordenar la destrucción de expedientes académicos y ser cómplice en la confiscación de la UCA.
Alba Luz Ramos
Expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, sancionada por la UE y Canadá por violaciones de derechos humanos y represión de opositores.
Luis Pérez Olivas
Exjefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), centro de detención conocido como el Chipote, señalado como centro de torturas.
Justo Pastor Urbina
Jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), acusado de participar en la represión de las protestas de 2018.
Aminta Granera
Exdirectora de la Policía, incluida en las investigaciones de la justicia argentina por su papel en la represión policial durante las protestas de 2018.
Daniel Ortega y Rosario Murillo
Ortega retornó al poder en 2007 y Murillo, inicialmente vocera, asumió la Vicepresidencia en 2017. En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que ambos ejecutaron crímenes de lesa humanidad mediante una política de represión estatal.
El 2 de marzo, el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) de la ONU responsabilizó a Ortega y Murillo de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
