Francisco Díaz, el consuegro de los dictadores que será juramentado por seis años más al frente de la Policía

La vocera de la dictadura, Rosario Murillo, lo ha mencionado durante dos días seguidos: este 26 de febrero se juramentará por seis años más en el cargo al jefe de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz, consuegro de los dictadores Daniel Ortega y Murillo, sobre quien pesa una acusación en los tribunales de Argentina por la comisión de crímenes de lesa humanidad a raíz de las protestas de abril de 2018.

Murillo anunció el lunes 24 de febrero que, en el mismo acto en el que juramentarán a Díaz este miércoles, también lo harán con 30 mil paramilitares, a quienes el régimen sandinista califica como “policías voluntarios”.

“¡Vamos adelante! Mañana, gran acto, más de 30 mil policías voluntarios aquí en Managua, juramentándose nuestro comandante Daniel, a la par que también inicia un nuevo período de ser juramentado jefe de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua, de nuestro pueblo, el primer comisionado general Francisco Díaz. Vamos adelante, pendientes de todas las celebraciones”, dijo Murillo el lunes.

Seis años para reforzar la represión

Un criminólogo, consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias, explicó que la decisión del régimen Ortega Murillo de extender el mandato de Díaz responde al interés de sostener la estructura de poder a través de lealtades absolutas.

“Por lo tanto, esta extensión es un reconocimiento a su fidelidad, pero también una estrategia para protegerlo de cualquier acción de justicia internacional. Mantenerlo en el cargo le garantiza impunidad frente a los hechos en los que ha estado involucrado y sus responsabilidades al frente de la Policía”, refiere el especialista.

Francisco Díaz: abogado constitucionalista

Según su currículum, Francisco Díaz se graduó como abogado y es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Centroamericana (UCA), institución que la dictadura confiscó en 2023.

Díaz inició su carrera policial en 1979, poco después del triunfo de la Revolución sandinista. Entre ese año y 1981 se desempeñó como oficial de investigaciones de la Policía en Managua. Poco tiempo después, ocupó el cargo de jefe policial del Distrito 4 en Managua y, en 1986 fue nombrado jefe de movilización en la Jefatura Nacional y jefe de Operaciones.

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Cuando el dictador Daniel Ortega retornó al poder en 2007, Díaz se desempeñaba como jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas. Posteriormente fue trasladado como jefe de la Dirección de Seguridad Pública Nacional.

Con Ortega al mando, ascendió en 2011 a subdirector general de la Policía.

Currículum de Francisco Díaz hasta 2020. Tomado de la Policía Nacional.

Su trayectoria en la comisión de crímenes de lesa humanidad

Cuatro meses después del inicio de las protestas contra el régimen Ortega-Murillo, el 23 de agosto de 2018, lo nombraron director de la Policía. Además, es consuegro de los dictadores, y el 5 de julio de 2018, por los abusos a los derechos humanos cometidos durante las protestas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a través de la Ley Magnitsky.

Estados Unidos lo responsabiliza de las acciones represivas con las que sofocaron las protestas de 2018, entre las que se incluyen ejecuciones extrajudiciales que provocaron decenas de víctimas, incluidos niños.

En Argentina, en la causa que se sigue contra los dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y 13 de sus colaboradores, se le acusa de haber participado en la planificación y ejecución de la represión estatal en el contexto de las protestas de 2018.

Se le imputa haber participado en un plan sistemático de persecución y represión contra opositores políticos, en coordinación con otros altos funcionarios del régimen nicaragüense. También se señala que, bajo su liderazgo, la Policía colaboró con grupos paramilitares en la represión de manifestaciones, aplicando torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

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Con base en informes de Human Rights Watch, testimonios de víctimas y organismos de derechos humanos, el juez argentino Ariel Lijo giró una orden de detención y captura internacional contra Díaz, los dictadores Ortega y Murillo, y otros 12 funcionarios del régimen.

“Tener una orden de captura internacional lo coloca en una posición sumamente complicada, ya que cuestiona su legitimidad y su capacidad para ejercer el cargo. Pero también, mantenerlo en el cargo es una forma de protegerlo contra estas medidas”, señaló el especialista consultado.

Díaz confesó su participación en la represión

En una entrevista que Díaz brindó a la cadena rusa RT, afirmó que el dictador Ortega giró instrucciones para reprimir a los manifestantes. Estas declaraciones sirvieron como prueba en el proceso en Argentina.

“En esas declaraciones el jefe de la Policía Nacional de Nicaragua atribuyó responsabilidad directa a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como los autores de las órdenes para ejecutar la represión de los reclamos sociales del año 2018. ¿Habrá querido con estas declaraciones acumular prueba que en el futuro atenúen su responsabilidad penal? No creo que pueda conseguirlo”, dijo el abogado argentino Darío Richarte en una publicación en su cuenta en X (antes Twitter).

Lealtad y obediencia a sus consuegros

El pasado 24 de septiembre, Díaz confirmó la lealtad del cuerpo policial al régimen y “al trabajo ideológico” del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de la dictadura. Sus declaraciones se dieron 14 meses después de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma a la Ley 872, eliminando la naturaleza apolítica de la Policía.

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“Aquí es importante señalar los principios, los valores del Frente Sandinista, sobre todo, siempre reiteramos todos los días, la lealtad y la obediencia a nuestra Jefatura Suprema, a nuestro jefe supremo el comandante Daniel y a nuestra vicepresidenta de la República la compañera Rosario Murillo Zambrana. Lealtad y obediencia a nuestros héroes y mártires, lealtad y obediencia a nuestro Frente Sandinista de Liberación Nacional”, dijo Díaz durante una entrevista en un canal de televisión oficialista, a la vez que aseguró que durante los 16 años en los que gobernaron los expresidentes Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños “querían desaparecer a la Policía”.

Pero la lealtad tiene premios: el 25 de noviembre de 2024, Ortega reformó el Código Militar y la Ley Orgánica de la Policía Nacional para extender un año más el período de los jefes del Ejército y de la Policía, que antes era de cinco años.

El 27 de diciembre de 2024, a través del acuerdo presidencial 206-2024 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, Ortega nombró nuevamente a Díaz en el cargo.

Orquestador del ejército paramilitar de la dictadura

Durante las juramentaciones de los 50 mil paramilitares Díaz ha participado y ha asegurado que este cuerpo paramilitar tiene como objetivo evitar cualquier levantamiento social contra el régimen Ortega-Murillo.

El 15 de enero, durante un acto en Estelí, Díaz aseveró que la Policía Voluntaria tiene rango constitucional. Sin embargo, en ese momento aún no había entrado en vigor la nueva Constitución sandinista que contempla esta figura, lo que evidencia que el régimen ya se preparaba para la imposición del nuevo Estado totalitario.

“La Policía Voluntaria tiene rango constitucional conformado por compañeros y compañeras nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria para defender la paz y la seguridad (…)”, dijo Díaz.

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El 5 de febrero, en otro acto de juramentación de paramilitares en Chontales, Díaz aseguró que no permitirían otro estallido social.

“Y no permitiremos el horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo en el año 2018 en el intento fallido de golpe de Estado”, señaló Díaz.

Díaz será juramentado con la “compañía” de 30 mil paramilitares el 26 de febrero, una medida que el especialista en criminología considera una estrategia para dar la apariencia de fortaleza.

“Es importante destacar que estos policías voluntarios, sin importar su número, no están allí para garantizar la seguridad de la población ni para combatir el crimen organizado o la delincuencia común. En su mayoría, se trata de personas leales al régimen, mientras que otra parte son empleados públicos que han sido obligados a participar bajo amenazas”, señaló.