Las declaraciones a la cadena RT del primer comisionado de la Policía orteguista, Francisco Díaz, en las que afirma que el dictador Daniel Ortega giró instrucciones para reprimir a manifestantes a raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018 servirán como prueba en el proceso contra la dictadura ante el Tribunal Federal de Argentina.
«En esas declaraciones el jefe de la Policía Nacional de Nicaragua atribuyó responsabilidad directa a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como los autores de las órdenes para ejecutar la represión de los reclamos sociales del año 2018. ¿Habrá querido con estas declaraciones acumular prueba que en el futuro atenúen su responsabilidad penal? No creo que pueda conseguirlo», dijo el abogado argentino Darío Richarte, en una publicación en su cuenta en X (antes Twitter).
El caso contra los dictadores de Nicaragua se encuentra en la etapa de recolección de pruebas y por esta razón las declaraciones de funcionarios sirven como evidencias de la comisión de crímenes de lesa humanidad, según explicó a LA PRENSA el abogado Danny Ramírez Ayerdis, del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).
Ramírez explicó que el abogado Richarte recopila pruebas que pueden ser las declaraciones de funcionarios, con las que se vinculan a la comisión de estos crímenes. Señaló además que las declaraciones de Díaz «constituyen una prueba muy fuerte», porque a su juicio, «es la primera vez que un alto funcionario de Nicaragua admite abiertamente cómo fue la cadena de mando» de la represión en 2018.
Richarte anunció el 27 de agosto que solicitó que citen a los acusados a presentar su declaración indagatoria y que se emita una orden de detención y captura internacional contra Daniel Ortega; su esposa, la vocera oficial y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros funcionarios implicados en los crímenes, pero cuyos nombres no han sido revelados.
En la entrevista, Díaz reafirmó que la Policía «es sandinista» y que sus miembros son militantes del partido de la dictadura y que en 2018, en el marco de la crisis sociopolítica, la Policía se limitó a cumplir con la orden del dictador Daniel Ortega, que es el jefe supremo de la institución.
“La orden fue de nuestro jefe supremo, de reconcentrarnos, hasta que, producto de ellos, el diálogo no funcionó debido a la posición golpista, vandálica de esta gente. Se nos dio la orden para garantizar la paz, restituir la paz en el país, la seguridad, la tranquilidad y que las familias nicaragüenses siguieran trabajando en paz y alegría”, dijo Díaz en la entrevista.
Posible lavado de manos no atenúa culpa de Díaz
Tanto Richarte como Ramírez aseguran que Díaz dejó abierta la posible intención de querer atenuar su responsabilidad al señalar que «solamente acató órdenes de Ortega».
«Esto a Díaz no le va a ayudar de mucho, porque en los crímenes de lesa humanidad está el que planifica, ordena y el que ejecuta. Entonces, Díaz ejecutó las órdenes», señaló Ramírez y añadió que «el señor Francisco Díaz quizás reveló lo peor del régimen. Él queda públicamente implicado, deja claro por qué lo hicieron y quiénes ordenaron».
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¿Y hasta dónde puede llegar el caso en Argentina?
Ramírez señaló que según el proceso, el juez deberá ordenar que los dictadores comparezcan ante el Tribunal Federal de Argentina para la audiencia indagatoria.
«Recordemos que el juez no ha dictado la orden de que comparezcan ante el juzgado para la audiencia indagatoria y se gire la orden de captura internacional, como se hizo con el caso de Nicolás Maduro», señaló.
En opinión de Ramírez, luego de la etapa de recolección de pruebas en la que se encuentra el proceso en este momento, el siguiente paso es que se emita una orden de captura internacional contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y demás funcionarios. Sin embargo, señaló que es importante destacar que la orden de captura internacional que se emita contra los Ortega Murillo y sus cómplices no tendrá un efecto inmediato, ya que la pareja de dictadores se encuentra “atrincherada” en Nicaragua.
Proceso de reparación para víctimas
«Esto juicios tienen una finalidad de que las víctimas encuentran una oportunidad de ser escuchadas. Sin embargo, la política internacional no ha permitido que Argentina tenga la posibilidad de que las personas que juzga por violaciones a los derechos humanos fuera de su territorio, sean extraditados, enjuiciados y condenados», señaló.
El resultado de seis casos de justicia universal que se han seguido en Argentina no es muy alentador, ya que en su totalidad no han contado con sentencias o con la conclusión del proceso. Ante los tribunales argentinos han llegado querellas contra el dictador español Francisco Franco, el genocidio de la etnia rohingya, una denuncia contra el príncipe de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, por presuntos crímenes de lesa humanidad en 2014; el caso contra el dictador Nicolás Maduro, entre otros.
No obstante, Ramírez considera que en una transición, el proceso de Argentina puede contribuir para la reparación de las víctimas de la dictadura Ortega Murillo.
«El proceso argentino es una de las vías más importantes de documentación que podría colaborar en el futuro del juzgamiento en Nicaragua de estos criminales. No es lo mismo lo que se diga en un informe de un organismo de derechos humanos, a lo que diga un tribunal, que no deja lugar a dudas de las responsabilidades», manifestó.
A diferencia de otros dictadores que han enfrentado procesos judiciales en otros países de Latinoamérica, los Ortega Murillo no parecen dispuestos a ceder y, en caso de enfrentar procesos judiciales su avanzada edad no les permitiría cumplir una condena completa.
